Tegucigalpa. – Esta mañana la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), fue exhibida nuevamente por pretender poner en venta de forma anticipada los bienes de una ciudadana y de sus hijos sin contar con una resolución del Poder Judicial.
En ese sentido, el representante legal de la propietaria logró detener la subasta de la OABI por medio de un recurso de amparo, debido a que no se ha realizado una audiencia de proposición y se trata de bienes y vivienda no perecederos en excelente estado.
Por medio del escrito, destacó que se violentaron los derechos y garantías constitucionales de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y derecho a la propiedad, todos establecidos en los artículos 89, 82 y 103 de la Constitución de la República.
Sobre estas disposiciones alejadas de la ley, el analista Raúl Pineda manifestó que esto ha sido una práctica totalmente ilegal de la OABI, de hecho, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se está pronunciando porque la Constitución de la República establece claramente que nadie puede ser privado de su propiedad sin que haya sentencia o resolución de autoridad competente.
En algunos casos excepcionales, la ley de privación de dominio permite que la OABI pueda disponer de los bienes por la vía de la emergencia, en el caso de los que se llama bienes fungibles, el ganado. Además, los productos alimenticios de fácil deterioro, pueden ser donarlos a centros de asistencia social, pero vehículos, barcos, inmuebles y joyas, no puede ser subastados sin base a ley.
Lo grave de esto -apuntó Pineda-, es que la OABI se ha convertido en una especie de negocio donde se han perdido cantidades enormes tanto de dinero como de objetos valiosos.
“Recién me decía un exdirector de la Policía de Investigación que solo en relojes Rolex de lujo, se perdieron 40, y no hay quien se responsabilice por esta situación, tampoco existe una investigación seria de la autoridad competente, porque los jefes de la OABI son precisamente los altos funcionarios del Gobierno que afortunadamente están por salir”, señaló el togado.
El abogado señaló que el mal uso de los bienes que han asegurado los fiscales es evidente, pero en algún momento más de algún funcionario de la OABI tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía y los tribunales, porque de forma reiterada se cometen abusos de malversación en la incautación, abuso de autoridad y otras actitudes que pueden ser consideradas como delictivas.
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VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS
El mecanismo que usa la OABI es la subvaloración, ejemplificó-. De esa forma, un vehículo de 2 millones lo subastan con una base de 400 mil lempiras y, en caso de que el dueño del vehículo sea declarado inocente, le devuelven el valor por el que fueron vendidos estos objetos que nos son bienes fungibles.
“Estos bienes han sido vendidos por cantidades ridículas a personas del Gobierno o personas cercanas a funcionarios de la OABI, no digamos sobre joyas y otros objetos que fueron decomisados a personas vinculadas al narcotráfico que huyeron del país”, apuntó Pineda.
Asimismo, explicó que la idea de haber quitado a la OABI sirvió para anidar una serie de actos de corrupción detrás de los que están personeros del gobierno, quienes se van a meter en problemas muy graves a la hora que los dueños regresen a reclamar sus bienes, porque no se puede despojar del derecho a la propiedad.
“Muy rara vez el Colegio de Abogados se expresa sobre estos temas, pero la situación debe ser muy grave porque han demandado la investigación de esta oficina, entre los despojados, muchos son personas vinculadas al crimen organizado, pero otros desafortunadamente son personas honestas que, por un chisme, una mala información o deficiente investigación de la Fiscalía, les aseguran sus bienes y cuando se los devuelven por mandato judicial ya no existen”, dijo el jurista.
Cabe recordar que, esta no es la primera vez que la OABI realiza subastas de bienes a precios de “gallo muerto”, hace un mes hubo una denuncia del abogado Luis Romero, como última instancia, anunció públicamente el intento de “venta bajo la mesa” de la finca ecología La Roma, un inmueble que había sido asegurado y que contaba con las pruebas para demostrar que los dueños no tenían vínculos con actividades ilícitas.
