Tegucigalpa.- La coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres, destacó los paralelismos del uso de empresas de seguridad privada para el levantamiento de perfiles de liderazgos en comunidades que se oponen a proyectos extractivos, como ocurrió en Río Blanco y que se repitió en Guapinol.
Bertha Zúniga señaló que es claro el uso de los conocimientos militares de quienes salen de instituciones como las Fuerzas Armadas y son empleados por las empresas de seguridad para levantar perfiles que son utilizados en el desarrollo de ataques contra los liderazgos de las comunidades.
«Pareciera que entrenaran a criminales para hostigar, para perseguir, para levantar perfiles y también, en el caso de mi mami, verdad, para asesinarla», expresó Zúniga durante la transmisión en vivo sobre «Violencia y vigilancia: ¿Cómo la seguridad privada de empresas extractivas persigue, criminaliza y asesina a las personas defensoras de la tierra y territorio en Honduras».
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La coordinadora del Copinh remarcó el hecho que el expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, tuvo entrenamiento en inteligencia militar. A la vez empleó a Douglas Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa DESA, para ejecutar el crimen junto a otras estructuras de sicariato que también fueron entrenadas por el ejército.
«Ese mismo paralelo lo encontramos aquí en este testimonio en donde se decía cómo se realizaron el levantamiento de perfiles de las personas que estaban en la lucha» por los ríos Guapinol y San Pedro. Los dueños de estas empresas extractivas coaccionan o instrumentalizan las mismas instancias de justicia para garantizar sus intereses por encima de la comunidad, declaró Zúniga.
La lideresa Lenca se refiere al medio de prueba documental presentado por el Ministerio Público en el que se cristalizan las labores de seguimiento, inteligencia e investigación en las que habría participado de forma ilegal la empresa de seguridad de Inversiones Los Pinares contra defensores y defensoras que participaron en movilizaciones por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras y sus ríos.
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Sumado a esto, el abogado del bufete Justicia para los Pueblos e integrante del equipo legal de defensa, Edy Tabora, destacó que siete de los ocho testigos presentados son empleados de Inversiones Los Pinares, y seis de ellos están vinculados a la seguridad de la empresa.
Zúniga también destacó que hay una evidente vulneración de derechos humanos a quienes han sido perseguidos y encarcelados ilegalmente, así como a las familias de los detenidos y las personas que quieren conocer el caso al no haber una transmisión estable del juicio por internet y al tener un horario inestable e inconstante que no permite que el juicio avance al ritmo que debería.
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La lideresa Lenca cerró su participación afirmando que algo que tienen en común ambas comunidades de Río Blanco y Guapinol, es que «tenemos la verdad de nuestro lado y tenemos la justicia real de nuestro lado y que en ese sentido no tenemos que desistir porque los obstáculos siempre han estado».
