Tegucigalpa.- Al menos 30 organizaciones especializadas en derechos humanos, incluidos relatores y relatoras de las Naciones Unidas, presentaron este jueves el Protocolo de la Esperanza, la primera herramienta internacional que promovería una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global.
El objetivo del instrumento es proporcionar una hoja de ruta a los Estados para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices para una diligente investigación penal, lee en parte el comunicado publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El nombre del protocolo fue elegido por dos motivos: su objetivo de garantizar un futuro esperanzador a las personas defensoras y en honor a La Esperanza, Intibucá, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El pronunciamiento señala que el asesinato de la ambientalista y líder Lenca, ejemplifica una preocupante tendencia mundial, en la que el 85% de personas defensoras de derechos humanos afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.
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En su pronunciamiento, la CEJIL señaló que 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.
Especificaron que las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.
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Asimismo, indicaron que las amenazas contra personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa.
El Protocolo de la Esperanza daría respuesta a esta necesidad como herramienta para canalizar la problemática de manera efectiva con estándares específicos que guíen las investigaciones y puedan ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Esto se lograría a través de la visibilización de los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecimiento de las investigaciones, la reiteración de la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos y la promoción de adopción de medidas de reparación.
La iniciativa es liderada por la CEJIL y fue desarrollada a lo largo de más de cinco años en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras, quienes trabajaron en esta herramienta que pretende concientizar sobre el alto coste que representan las amenazas en contra de las personas defensoras y la impunidad de estos crímenes.
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Entre las 30 organizaciones que apoyan el Protocolo de la Esperanza están: African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Oxfam, Peace Brigades International (PBI), RFK Human Rights y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre otros.
