Tegucigalpa.- Contraviniendo la orden de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que ordena el cese de las exhumaciones en el cementerio de San Andrés en Azacualpa, La Unión, Copán; el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el bufete Estudios Para la Dignidad.
La resolución fue emitida por el juez Rafael Rivera, quien a finales de octubre de este año otorgó una orden judicial para que con «carácter de urgencia» se ordenara la exhumación, traslado e inhumación de los restos esqueléticos del cementerio Maya-Chortí, cuya antigüedad data de al menos doscientos años.
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El fallo fue emitido pese a que se desplazó un Juez ejecutor, nombrado por el Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo, para hacer cumplir la sentencia de amparo que dictó la CSJ que manda a proteger el cementerio, informó a Criterio.hn el abogado del bufete Estudios Para la Dignidad, Pedro Mejía.
Este Juez de Letras notificó tanto a la Municipalidad de La Unión, Copán, como a la Regional Sanitaria de Copán y al Juez Rafael Rivera que la sentencia de amparo manda a no realizar exhumaciones en el cementerio de Azacualpa por ser patrimonio cultural indígena, declaró Mejía.
No obstante, en su resolución, el juez Rafael Rivera, declaró sin lugar la nulidad argumentando en su resolución que «el cementerio de Azacualpa no constituye patrimonio cultural indígena» de la población Maya Chortí, que «si fuesen los peticionantes indígenas, esto no significa que puedan decidir sobre el cementerio» y que «es de interés público las exhumaciones en el cementerio», según lo compartido por el abogado Mejía con Criterio.hn.
Frente a estos argumentos del Juez Rivera de Santa Rosa de Copán, el integrante del bufete Estudios Para la Dignidad expone que el cementerio de Azacualpa fue declarado patrimonio cultural indígena en Cabildo Abierto, que está dentro del territorio Maya Chortí, y que fue la misma Corte Suprema de Justicia la que en su sentencia de amparo dispuso que en caso de existir fallas geológicas, las autoridades municipales debían hacer lo necesario para garantizar la integridad del cementerio por ser un mandato popular a través de Cabildo Abierto.
DENUNCIAN A JUEZ POR PREVARICATO
Tomando en cuenta, el expediente judicial y el desacato contra la orden de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia, el bufete Estudios Para la Dignidad interpuso una denuncia contra el juez Rafael Rivera por prevaricato judicial ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
“El delito se configura por dictar una resolución notoriamente injusta, contraria a las leyes y tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, contraria al Cabildo Abierto y a la sentencia de amparo de la CSJ que ordena la protección del cementerio», explicó Mejía.
A mediados de noviembre, se denunció la militarización del cementerio de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad. Acción por la cual los consejos indígenas Maya Ch’orti de Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula, Guatemala, se solidarizaron con la población indígena de Azacualpa.
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Es importante destacar que en medio de desavenencia entre Tribunales y autoridades locales que afecta a la comunidad de Azacualpa, se encuentra la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa) una concesionaria de la transnacional canadiense Aurora Minerals, que desde 1998 explota una concesión otorgada por el gobierno hondureño despojando de sus tierras, viviendas y monumentos históricos a los vecinos de diversas comunidades que han sido trasladadas de un lugar a otro.
