Tegucigalpa. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26) dejó resquemores entre los defensores ambientales, quienes han señalado la ausencia de compromisos reales de acción, implementación y rendición de cuentas para enfrentar el cambio climático que amenaza a los países con menos recursos.
María Stuardo de la organización Global Witness refirió que la COP26 fue un espejo de lo que se vive en los países y en la región. En donde quienes tienen el poder no tienen la voluntad y quienes tienen el conocimiento y están en la primera línea de defensa del territorio y ambiente no son parte de la toma de decisiones.
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En entrevista con la activista ambiental Martha Silva de la organización Guapinol Resiste, Stuardo ejemplificó este problema refiriendo que muchos de los que participaron en la conferencia climática en Glasgow no son la totalidad de las personas resistiendo por la defensa de sus territorios.
En cambio, explicó que la delegación de lobbistas que defienden el uso de combustibles fósiles fue de más de 500 personas. «Eso es más del doble que la delegación oficial de pueblos indígenas y más grande que la delegación que llevó en su conjunto los ocho países más afectados por la crisis».
MUERTE Y CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES
Esto ilustra, de acuerdo a Stuardo, la situación a la que se enfrentan las y los defensores del territorio y el medio ambiente. Muchas y muchos de ellos han sido asesinados por esos intereses. Solo en Honduras se registraron catorce asesinatos en 2016, cinco en 2017, cuatro en 2018, quince en 2019 y diecisiete en 2020.
A los asesinatos se suma el impacto desproporcionado hacia las mujeres y las personas de pueblos indígenas, así como los ataques y los desplazamientos que sufren las comunidades a manos de las corporaciones.
Un caso representativo de cómo los intereses del Estado convergen con los del empresariado es el caso del asesinato de la ambientalista y líder Lenca Berta Cáceres, y no es el único, al de ella se suman muchas otras defensoras y defensores que perdieron la vida defendiendo sus territorios como Carlos Escaleras, dijo la integrante de Global Witness.
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«Desde la óptica del Sistema Interamericano, es uno de los grandes temas que tiene que abordar Honduras de manera urgente y aún así vemos cómo la criminalización se impone en el caso de Guapinol, los desplazamientos se imponen a costa de las comunidades de su porvenir y de sus formas de vida», señaló Stuardo.
Para la integrante del equipo de Global Witness, esta forma imposición estatal y corporativa se repite en las comunidades Lencas y Garífunas, y deja por fuera la vinculación que hay entre territorio y forma de vida, así como sus dinámicas sociales que al ser fraccionadas les obliga a desplazarse.
Por ejemplo, en el caso de un río contaminado, su impacto no es solamente sobre el medio ambiente sino también en la salud de las personas que se abastecen del mismo; así como las dinámicas y el tejido social que se ve impactado y fraccionado por la imposición de empresas y proyectos que ejercen este tipo de violencia contra las comunidades, explicó Stuardo.
DEFENSORES DEL TERRITORIO Y AMBIENTE, BASTIONES DE LA DEMOCRACIA
Para combatir estas dinámicas, la integrante del equipo de Global Witness señaló que es importante que la ciudadanía se cuestione temas de institucionalidad, independencia de poderes «¿Cuál es la independencia que tiene el Poder Judicial hoy día? ¿A quiénes está defendiendo el Poder Judicial? ¿Cómo las políticas están o no acomodando para garantizar en primer lugar la vida y la integridad de las personas?».
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En cambio, la comunidad internacional debe comenzar a plantearse y cuestionarse: «¿quiénes están invirtiendo allá? ¿Por qué están decidiendo ir hacia allá?» y cómo también se puede incidir para que estas inversiones que tienen estas consecuencias nefastas sobre las comunidades no se lleven a cabo y de esta forma prevenir, planteó Stuardo.
«La crisis climática no está lejos, está a la vuelta de la esquina y nos está impactando ayer», afirmó la comunicadora, quien hizo un llamado para que la ciudadanía reconozca que quienes están en la primera línea de defensa del medio ambiente «son un bastión de nuestras democracias, también deberíamos poder garantizar sus derechos». El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, de ser ratificado por Honduras sería una medida concreta en beneficio del territorio, medio ambiente y sus defensores.
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Lo que muestra el caso de los defensores de Guapinol es un patrón «que refleja muy bien un patrón de comportamiento que no solamente vemos en Honduras, que lamentablemente vemos en distintos puntos del planeta y que tiene que ver con cómo acallar las voces de las personas defensoras, no solamente las personas criminalizadas sino también a sus familias», dijo Stuardo.
