Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa. Juana Ramona Zúñiga es una lideresa en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, y las 34 cuencas de agua de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera en Tocoa, Colón. Sin embargo, este resguardo de los bienes naturales ha causado la militarización de las comunidades y la criminalización de la población.
Zúñiga conoce de primera mano lo que esta persecución significa, pues su compañero de hogar, José Abelino Cedillo, lleva 26 meses en detención ilegal junto a otros siete defensores por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de la minera Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. y Santos Hernández Corea.
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Durante su participación en el webinar «Defensorxs del Medio Ambiente: En la Primera Línea de la Lucha Contra el Cambio Climático», organizado por la organización Peace Brigades International en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26); la ambientalista narró el suplicio que viven quienes defienden el medio ambiente en Honduras.
«Vivimos con miedo, vivimos aterrorizados», afirmó la lideresa al relatar que no hay un solo ente del Estado que vea por la protección de quienes defienden los bienes comunes. Calificó la situación que viven como difícil, pues «todos los que luchamos por defender nuestros recursos naturales, por oponernos a estos proyectos, somos criminalizados, somos perseguidos» y las comunidades son militarizadas.
Señaló que esta forma de actuar por parte del Estado de Honduras cuando criminaliza a quienes se oponen a la implantación de proyectos que ocasionan contaminación es un «patrón» que busca atemorizar. Al ser encarcelados, «el miedo entra a las comunidades», pues no es fácil estar privado de libertad y lejos de la familia, como es el caso de los ocho defensores de Guapinol.
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La defensora de Guapinol contó que al alzar sus voces por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras fueron criminalizadas 32 personas, de estas 13 fueron sobreseídas y ocho permanecen desde hace más de dos años bajo detención ilegal. Esto pese a que son reconocidos defensores ambientales y que el mismo Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Ilegal concluyó que su detención era arbitraria y debían ser liberados a la brevedad.
CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES
Zúñiga, quien forma parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), contó que cuando estas empresas llegan a las montañas con el objetivo de extraer material -en este caso óxido de hierro a cielo abierto-, lo hacen ofreciendo empleo. Sin embargo, el costo en contaminación sobrepasa los beneficios que se podrían obtener en empleos.
En el caso de la contaminación del agua, la defensora planteó que incluso preparar el biberón de un bebé es problemático. Ante la contaminación de las fuentes de agua a la que recurrían antes, la gente que no puede comprar botellones de agua hace uso del líquido contaminado. Esto provocó que la niñez de las comunidades afectadas padeciera alteraciones de la salud, específicamente en piel, estómago e intestinos.
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«Eso fue para nosotros un motivo de lucha, un motivo de indignación, cuando nuestros ríos aparecieron de un día a otro contaminados. Era un agua que duró siete meses inservible, que ni los animales la querían y que, sin embargo, había personas que así la tomaban», contó.
No es que las comunidades no quieran desarrollo, fuentes de empleo, declaró Zúñiga, «queremos desarrollo, queremos fuentes de empleo, pero fuentes de empleo que no traigan contaminación, que no vengan a dañar nuestras fuentes de agua, a dañar nuestros ríos».
