Tegucigalpa. –Honduras es una nación multicultural, sin embargo, existen sectores de la población que están subrepresentados en la política, con poco o nulo acceso a cargos de elección popular que les impide llegar a puestos de poder político.
Se estima que en Honduras hay 381,287 personas con discapacidad, aunque datos del Centro Nacional de Información del Sector Social (Cennis) registra 222,388, de estos, 42,909 padecen de discapacidad mental, 69,232 discapacidad motriz, 25,624 discapacidad verbal, 26,624 auditiva y 57,959 visual.
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Por su parte, los pueblos originarios cuentan con una población aproximada de 1.5 millones de personas, según las Federaciones Indígenas de Honduras, distribuida en 300,000 garífunas, 80,000 isleños de habla inglesa, 76,000 miskitos, 72,000 lencas, 18,000 tolupanes, 19,800 nahuas 10,600 maya-chortí, 3,800 pech y 1,500 tawahkas.
En tanto, no existen estadísticas reales de cuántos hondureños y hondureñas son parte de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que el 1% de la población es miembro LGBT abiertamente. De ser real este cálculo implicaría que más de 90,000 hondureños pertenecen a la diversidad sexual de manera abierta.
En la actualidad, en el Congreso Nacional hay once diputados pertenecientes a la comunidad garífuna, no obstante, organizaciones y miembros de la comunidad cuestionan que no son sus representantes porque han actuado en detrimento de sus intereses.
Además, en el Legislativo no hay ningún diputado o diputada que sea parte de la comunidad LGBT, mucho menos del sector discapacidad o de comunidades indígenas y para las elecciones generales solo cuatro personas LGBT aspiran a cargos de elección popular, misma cantidad en representación de las personas con discapacidad, según organizaciones civiles.
LA POLÍTICA Y LA COMUNIDAD LGBT
En el presente año, según datos de organizaciones defensoras de derechos LGBT, unas 16 personas, miembros de la comunidad, han sido asesinados y unas 200 en los últimos cinco años.
La directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, en entrevista a Criterio.hn, expuso que la principal problemática para acceder a cargos de elección popular son el machismo y las religiones que se imponen como barreras “morales” sobre los derechos de las personas LGBT.
Además, cuestiona que los mismos partidos políticos promueven la supresión de la comunidad sumado a la falta de recursos económicos para poder pagar su campaña política.
Burlas, estigma, discriminación, amenazas, rechazo y hasta la propia muerte enfrentan los pocos aspirantes LGBT a cargos electorales. También sufren atentados y amenazas a muerte como lo vivió en carne propia Rihanna en las votaciones de 2017.
“El mismo miedo que se siembra desde la sociedad, partidos políticos y gobiernos hace que las personas de la comunidad LGBT no participemos”, añadió.
Un ejemplo de esa violencia se registró en el 2016 con los asesinatos de René Martínez y Kevin Ferrera, precandidatos para las elecciones primarias e internas de 2017.
Entre los procesos electorales de 2013, 2017 y 2021 han participado por diputaciones y alcaldías entre 25 a 27 miembros de la comunidad. En las primarias de 2021 participaron 17 y para las generales solo quedan cuatro.
Es importante resaltar que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en su informe final de las votaciones en 2017, instó al Estado de Honduras crear políticas de igualdad de género y considerar en la legislación políticas públicas para la participación de personas trans.
“LOS DIPUTADOS NEGROS NO NOS REPRESENTAN”
La activista de derechos humanos y embajadora de la cultura, Massay Crisanto, al igual que reconocidos líderes negros, aseguran que los once diputados garífunas actuales no los representan porque sus actuaciones como congresistas han sido en menoscabo del pueblo.
“No nos sentimos representados porque cuando las cosas están difíciles no aparecen y porque proponen proyectos que nunca llegan a la comunidad”, afirmó la activista de los derechos del pueblo garífuna.
Crisanto lamenta que los y las candidatas utilizan campañas políticas con discursos en alusión a que son garífunas, prometen que impulsarán proyectos en las comunidades y al final, una vez llegan al poder, “no pasa nada”.
Expropiación de sus tierras, persecución del Estado, despojo, desapariciones forzadas, asesinatos, miseria, son parte de la problemática que enfrenta la comunidad garífuna y lo que más genera contradicciones es que los diputados negros han aprobado leyes como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que no es más que la venta del territorio nacional. Pero, lo más ilógico es que donde se erigen estos regímenes es en sus comunidades.
“Quisiéramos tener representación, pero hay desconfianza en la política hondureña”, añadió Cristanto.
Según recuentos de la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, durante los últimos cinco años han sido asesinados al menos 50 miembros de la comunidad además de ser sometidos históricamente a amenazas y persecución por parte del Estado que pretende despojarlos de sus territorios.
FALTA DE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR DISCAPACIDAD
El presidente de la Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras (Anadish), Carmelo Salazar, reprocha que las personas con discapacidad no sean tomadas en cuenta en la política debido a que los partidos, en especial los de mayor caudal electoral, prefieren poner rostros conocidos y en caso de darles oportunidad los utilizan como figuras decorativas o de relleno.
Salazar sostiene que los partidos mayoritarios no dan acceso a personas con discapacidad, en tanto, los partidos minoritarios dan un poco de espacio, pero con la finalidad de rellenar las planillas ubicándolos en los últimos lugares.
En las elecciones primarias solo una persona con discapacidad tuvo acceso a participar como precandidato sin lograr ser electo candidato, sin embargo, ya en la contienda general se perfilan, en partidos minoritarios, tres candidatos.
Salazar cuestiona que los partidos políticos no tengan la intención de apoyarlos en sus aspiraciones políticas que les permita tener representación directa en los poderes del Estado.
PUEBLOS ORIGINARIOS SON VISTOS COMO MASA ELECTORAL
Para la ambientalista y feminista, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), líder comunitaria e indígena, Betty Vásquez, en Honduras el derecho ciudadano a elegir y ser electo se reduce a solo elegir debido a las estructuras políticas partidarias y al factor económico, que al final son los que definen quiénes puede ser candidatos o candidatas.
También, señala que existen dinastías políticas que han ido heredando cargos de elección limitando a los pueblos originarios a solo ser votantes.
Vásquez cuestiona que se diga que los pueblos indígenas no están preparados para asumir puestos de poder. Esta valoración, a su juicio, se debe a la existencia de una colonización partidaria y a una política ideológica de colonización que limita abrir esa brecha.
La misma clase política desconoce incluso la territorialidad de los pueblos originarios sumado a una democracia permeada por la corrupción, narcotráfico y crimen organizado que pone en vulnerabilidad a los pueblos.
Los cargos a diputaciones o corporaciones municipales son ocupados por habitantes de zonas urbanas, lo que refleja el control político de los partidos y el mismo patrón de ver a la población indígena como votantes y no en condiciones de representación.
La propia normativa electoral tiene vacíos enormes y no recoge procesos o procedimientos de cómo deben ser conformadas las planillas, no han sido capaces de abrir oportunidades a los pueblos originarios.
El último informe de Global Witness sobre asesinatos de ambientalistas revela que, en 2020, fueron asesinados 17 convirtiendo a Honduras en el quinto país del mundo con más personas defensoras de la tierra y el ambiente asesinadas, con el denominador común que en su mayoría son líderes de comunidades indígenas y garífunas.
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ABRIR LOS ESPACIOS POLÍTICOS A SECTORES SUB-REPRESENTADOS
Para la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) y miembro de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), Migdonia Ayestas, es necesario abrir la oportunidad en la política a candidatos que sean parte de sectores subrepresentados.
“Sin duda la polarización que tienen los partidos políticos sobre temas como el aborto, como las personas que tienen orientación sexual diferente, hace que estén subrepresentados en la política y creen que les van a afectar más que beneficiar y al final no entienden que las personas con discapacidad, con diversidad sexual, las mujeres, tienen derecho a participar en la política y bien harían en incluirlos”, expuso.
A criterio de Ayestas, abrir las posibilidades políticas a las personas indígenas, garífunas, LGBT y las mujeres ayudaría a que los partidos políticos sean más inclusivos.
INCLUSIÓN A TRAVÉS DE REFORMAS ELECTORALES
Para la socióloga y exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, el camino para fortalecer la democracia es la aprobación de reformas electorales que obliguen a los partidos políticos a dar participación en cargos de elección popular a miembros de sectores discriminados.
Además, considera que debe existir un avance en diversidad y mayor inclusión siendo el camino futuro de la democracia del país y las primeras acciones deben ser reformas electorales que incluyan a personas con discapacidad, comunidades indígenas, garífunas y miembros de la comunidad LGBT.
Los datos del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas (RNP) detallan que 404,401 personas que pertenecen al pueblo lenca están habilitadas para ejercer el sufragio en las votaciones de noviembre. Asimismo, 56,314 del pueblo misquito, 30,129 garífunas, 11,532 tolupanes, 9,255 negro inglés, 8,136 maya chortís, 2,136 pech, 771 tolupanes y 121 nahuas.
De los 2,537 cargos electorales, entre los cuales se escogerán a un presidente o presidenta, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes o alcaldesas y 2,092 regidores o regidoras municipales, menos del 2% son ocupados por miembros, líderes o representantes de los sectores mencionados en esta nota periodística.
Todos los entrevistados por el equipo de Criterio.hn exponen que se debe crear políticas públicas que permitan a los sectores subrepresentados tener acceso a cargos políticos para lograr una mayor representación y, de igual forma, destinar acceso a financiamiento político que les permita competir en igualdad de condiciones.
