Tegucigalpa. La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres urgió al Tribunal de Sentencia a que emita la sentencia conforme al fallo condenatorio dictado hace tres meses contra Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, defensora de los derechos del Pueblo Lenca y del medio ambiente el 2 de marzo de 2016.
Castillo, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue declarado culpable como coautor del asesinato de Cáceres el pasado 5 de julio y en la audiencia de individualización de pena el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron se imponga la condena máxima de 25 años de privación de libertad y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
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Mediante un comunicado, la Misión de Observación remarcó que el fallo histórico confirmó que «David Castillo jugó un papel decisivo como coautor del asesinato de la lideresa Lenca y que formó parte de una estructura de poder de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), igualmente responsable del crimen».
Asimismo, señaló que aún no se ha imputado ni procesado a actores claves de la estructura de DESA pese a que hay investigaciones abiertas desde hace cuatro años. Argumentando que el fallo contra Castillo debe impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores del crimen para que sean debidamente llevados a la justicia.
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Por otra parte, recordó que todavía no han sido resueltas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia los recursos de casación presentados por los condenados en 2019 como autores materiales del asesinato de la ambientalista y lideresa indígena. Esto, subraya el documento, hace que el caso no tenga firmeza jurídica poniendo en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, «dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena».
La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres indicó que el asesinato de Berta Cáceres no solamente es una herida para sus familiares, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional; y que las lecciones aprendidas durante los cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios.
Un comentario
Que se jueguen a todos los involucrados tanto autores materiales como autores intelectuales.