Tegucigalpa. -A  76 días de las elecciones generales el panorama político en Honduras sigue rigiéndose por la incertidumbre, a tal extremo que analistas vaticinan que, si el proceso electoral es similar al de 2017, existe la amenaza de una posible inestabilidad política.

Esta inestabilidad debilitaría la endeble democracia e indistintamente del partido que llegue al poder lo hará en condiciones de desventaja.

Honduras atraviesa por una de las peores crisis sociopolítica, sumado a una pandemia que se va a prolongar, además de las pérdidas millonarias que dejó la crisis climática provocada por los huracanes Eta e Iota, la corrupción y endeudamiento por la compra de insumos, medicinas y hospitales móviles que nunca funcionaron, entre otras accciones de podredumbre que salpican a la administración de Juan Hernández.

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El informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que el impacto monetario ocasionado a las finanzas nacionales por la pandemia y los huracanes es de casi 100 millones de lempiras.

Con este impacto en las finanzas no se descarta la aplicación de nuevas cargas impositivas para el próximo año, aunque esto no se haya establecido en el nuevo presupuesto, dicen analistas económicos, quienes argumentan su teoría en el creciente endeudamiento y el déficit fiscal que dejó el 2020.

El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022, que asciende a 308,233.6 millones de lempiras, no establece los mecanismos de contención del gasto para reducir el déficit y mantener la deuda sostenida en el tiempo.

Expertos mencionan que el crecimiento económico que visualiza el Banco Central de entre 3.2 y 5.5 % es ficticio debido a que, si bien es cierto, existe una reactivación económica esta no es suficiente para llegar a niveles de crecimiento. Las estimaciones económicas muestran que para llegar al nivel que tenía Honduras en 2019, se necesitarían unos tres años. 

Los economistas señalan que es posible comenzar un proceso de restauración económica y social, por lo tanto, el tema de los impuestos es inminente. El Gobierno ha establecido en su proyecto de presupuesto que no continuará otorgando amnistías ni exoneraciones fiscales para mantener una racionalización de ingresos tributarios.

Sin embargo, esto es insuficiente para hacerle frente a un déficit fiscal que anda en 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la administración central y casi del 2.3 % en el Gobierno en general, sumado a la crisis por la que pasan las empresas, el desempleo y la colocación de deuda interna y externa. En resumen, existen fuertes indicativos de un posible aumento o reforma tributaria. 

Para el economista, Melchor Rodríguez, la situación con relación a los impuestos es compleja debido a que no se logra cubrir la totalidad del presupuesto a través de los ingresos, lo que significa que siempre se hacen presupuestos elevados con relación a los beneficios que recibe la población.

“Los gobiernos que han estado no han sido creativos en el sentido de ser eficientes en el uso de los recursos, lo que quiere decir, es que, si se eleva la parte presupuestaria y tienen deuda, lo único que hacen es ampliar la base tributaria o cargar con más impuestos, pero no se han puesto a trabajar bajo condiciones en las cuales se debe ser austero” agregó, Rodríguez.   

También mencionó que la población hondureña sigue teniendo más impuestos y recordó que la carga impositiva del país sigue siendo una de las más grandes de Centroamérica y, lo peor aún, que no se ve reflejado en el bienestar de la ciudadanía a través de mejoras en condiciones de vida, salud, educación y empleo.

Además, de la evada carga impositiva, los hondureños siguen inmersos en altos niveles de corrupción e impunidad, factores que propician la exclusión social y los altos índices de pobreza.

El analista sociopolítico, Rafael Jerez, ve con suma preocupación el escenario que tendrá el nuevo gobierno debido al endeudamiento que ha alcanzado la actual administración para hacerle frente a la COVID-19 y por el descuido de otras áreas vitales.

“Hay que esperar unos meses, pero por cómo se han dado las cosas y la cantidad de actos de corrupción, creo que el tema de la recaudación fiscal hay que verlo con lupa y no necesariamente por conveniencia política”, dijo el analista en una entrevista con Criterio.hn.

A su juicio, mucho de lo que puede hacer un gobierno en términos políticos va a estar condicionado a la eficiencia con la que se puedan llevar a cabo las elecciones y al papel que asuma  el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se respete la voluntad popular en las urnas el 28 de noviembre, día en que se desarrollen las elecciones generales.

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FUTURO DE LAS ZEDE CON EL CAMBIO DE GOBIERNO

Temas escabrosos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), vigentes de manera inconstitucional desde septiembre de 2013, necesitarán para su derogatoria en el Congreso Nacional, de la mayoría calificada de los diputados, es decir, 86 votos.

La investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, cree que la apuesta por derogar la Ley Orgánica de la ZEDE se alcanzará únicamente si la oposición logra la mayoría calificada en el Congreso Nacional o la mayoría simple en otros temas urgentes.

“Si la oposición tiene la mayoría del Congreso se va a poder avanzar definitivamente por una transformación, por derogar todo pacto de impunidad y demás marcos regulatorios que contribuyen a la opacidad y corrupción que hay en el país, pero sí la mayoría es del Partido Nacional muy difícilmente se va a avanzar”, advirtió Vijil.

La investigadora recordó que el Partido Nacional es el principal interesado para que las ZEDE se desarrollen, porque es algo en lo  el partido de gobierno viene trabajando como proyecto a largo plazo desde hace doce años.

Agregó que quien asuma el nuevo gobierno tiene un reto por delante para trabajar en el fortalecimiento de las instituciones públicas y mejorar su credibilidad, asegurar planes integrales que reduzcan la pobreza, apuestas sociales y que se ponga en agenda los principales derechos fundamentales.

En el caso de las ZEDE dependerá de quien asuma el gobierno, de continuar el Partido Nacional estas se mantendrán vigentes ya que ha sido un proyecto de este partido por más de 12 años, en este caso existen dos alternativas, o hay una ruptura en el convenio extractivista bajo la modalidad ZEDE o se avanza, señaló Vijil.

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En el caso hipotético que exista una ruptura en el proyecto extractivista, Vijil dice que queda el reto de enfrentar las demandas en contra del Estado.

“Los contratos que se han firmado con las empresas hay que ver cómo sería un cierre de contrato, aunque la ley menciona que van a permanecer por 10 años, aunque se deroguen, pero hay que ver qué continúa con las demandas de los empresarios hacia el Estado de Honduras por incumplimiento de contrato”, finalizó Vijil.

Además, la derogación de las ZEDE debe ser ratificada por la siguiente legislatura para que esa derogación entre en vigencia. 

En el caso del lesivo Código Penal, el analista Rafael Jerez recordó que solo se requiere de la mayoría simple, es decir, 65 votos, para su derogación.

El analista dijo a Criterio.hn que otro aspecto que entorpece la democracia, es que el Partido Nacional todavía conserva estructuras que le permiten tener un buen número de diputados para evitar que la oposición tenga una mayoría calificada.

Jerez se refiere al voto en cascada o en plancha que promueve el Partido Nacional para que sus partidarios voten únicamente por sus planillas de diputados, cerrando con ello la posibilidad para que la oposición alcance la mayoría calificada en el Congreso y con ello evitar que muchas leyes sean revertidas.

Honduras se enfrente a un panorama político sombrío, bajo un régimen que cada día asfixia a su población y las alarmas siguen apuntando a un aumento de la pobreza de 70 % a 75% en el 2021 y, si no se logra un cambio, seremos espectadores de un nuevo exilio de compatriotas buscando un mejor futuro, vaticinó Jerez.