Tegucigalpa. –El ente de previsión de los periodistas aparece por octava vez, desde 2016, en el listado de instituciones obligadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP), que incumplen con la publicación de su información financiera y administrativa en el Portal Único de Transparencia en el segundo semestre de 2020.
La más reciente evaluación del IAIP sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ratifica la negativa de los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras de rendir cuentas de la operación de cientos de millones del Instituto de Previsión de los Periodistas (IPP), en el que han ocurrido episodios similares a los de otros entes de previsión, cuyos directivos han ido a parar a la cárcel. (Vea aquí el Portal de Transparencia del CPH).
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El IPP—que es sujeto obligado de la Ley de Transparencia, debido a que ha captado más 53 millones de lempiras de transferencias estatales, establecidas en su ley de creación—aparece como violador de esta norma junto a 162 instituciones, entre las que figuran la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, varias secretarías de Estado, y en su mayoría alcaldías como la de San Pedro Sula, según el Informe de Verificación difundido en la página web del IAIP.
Criterio ha publicado desde 2015 más de 40 artículos en los que ha puesto al descubierto, el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades, las míseras pensiones otorgadas a los jubilados violando las fórmulas de cálculo establecidas en la ley del IPP, y la ausencia de transparencia.
Las prácticas en el ente de pensiones de los periodistas, es semejante a lo acontecido en el Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) y en el Colegio de Abogados de Honduras, en los que varios directivos fueron encausados y fueron a parar a la cárcel.
“Es una vergüenza que la cúpula del gremio de los periodistas, que debe ser la más transparente en Honduras, se afane en ocultar las operaciones financieras del Instituto de Previsión. Actúan así para evitar tener que responder por todos los abusos e ilegalidades en la administración de los fondos”, dijo a Criterio el periodista Gustavo Palencia, que desde 2015 solicita sin éxito información del ente de pensiones de los comunicadores.
Los directivos del CPH en el ente de pensiones, han preferido pagar varios millones de lempiras a equipos de abogados para presentar recursos de reposición ante el IAIP y de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para evitar publicar información o entregarla a afiliados que la han solicitado a la institución.
El ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP entre enero de 2017 y enero de 2020, Dagoberto Rodríguez Coello, fue sancionado por el IAIP con dos multas que suman los 60.000 lempiras, y Eduin Natividad Romero que ocupó esos cargos entre enero de 2015 y enero de 2017 fue multado con unos 8.000 lempiras por no cumplir la Ley de Transparencia.
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Rodríguez y Romero fueron acompañados en septiembre de 2019 por la dirigente, también del CPH, Ninfa Arias, a una sesión en el Congreso Nacional en la que la bancada del Partido Nacional y la facción Liberal, leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, les ratificó y amplió un ilegal decreto que exime al IPP de la supervisión y control de sus operaciones financieras y administrativas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que fue sancionado por el gobernante Juan Hernández.
El decreto de impunidad aprobado en el Congreso Nacional para los directivos del CPH, dice que al ente de pensiones de los periodistas “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
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La cúpula del Colegio de Periodistas es parte del sistema de impunidad que blinda la corrupción, a través de leyes y decretos, de diputados y funcionarios para evitar rendir cuentas y ser investigados y requeridos penalmente por el Ministerio Público.
El ente de previsión de los periodistas, gracias al escudo de impunidad que les otorgó el poder, es el único en Honduras entre públicos y privados que no es supervisado por la CNBS, un fuero que no logró ni la cúpula de las Fuerzas Armadas en el Instituto de Previsión Militar (IPM).
