Foto de portada: Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), haciendo un recorrido por el Río Jilamito, en el municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, en diciembre de 2020 junto a una misión de la OACNUDH. (Foto: Fernando Destephen).
Tegucigalpa. – Defensores de derechos humanos y ambientales de Honduras hacen un llamado a la comunidad internacional que financia proyectos extractivistas para que pongan un alto al apoyo de empresas que despojan a las comunidades indígenas y asesinan a sus defensores.
Posterior al falló que dictó el Poder Judicial y declaró culpable al expresidente de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, por el asesinato a la ambientalista Berta Cáceres, el abogado Edy Tabora, del Bufete Justicia para los Pueblos, fustigó a través de redes sociales sobre “cuántos proyectos de muerte seguirá financiando la banca internacional en Honduras”.
Por su parte el coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Martín Fernández Guzmán, expuso ante Criterio.hn que la comunidad internacional, que financia proyectos extractivos, debe poner un alto sino tiene la certeza de los procesos e impactos ambientales y económicos en la vida de las comunidades campesinas donde se quieren instalar.
Las empresas extractivistas tienen que evaluar los mecanismos de participación en pueblos originarios o comunidades campesinas, manifestó Fernández, quien piensa que no hay necesidad que los bancos creen mecanismos internos para supuestamente evaluar los proyectos, ya que lo hacen de forma viciada y corrupta, por ser de la misma estructura.
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A juicio del coordinador del MADJ, organización que se ha encargado del proceso judicial del crimen de Berta Cáceres, los bancos no deberían estar excluidos de culpabilidad en el crimen que se cometió en contra de esta ambientalista hondureña, incluso el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) debería aceptar su culpabilidad en este caso por financiar y promover un proyecto que afectó a muchas comunidades y asesinó a Cáceres.
“El FMO debería indemnizar de manera inmediata a todos los afectados por la muerte de Berta, no sólo a la familia de la víctima, sino a toda las organizaciones y campesinos que ella defendía”, dijo Fernández.
El lunes 6 de julio, el FMO admitió en un comunicado que financió a una empresa (DESA) cuyo director (David Castillo) estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres.
La publicación del FMO surgió a raíz del veredicto de culpabilidad de David Castillo, director ejecutivo de DESA, quien fue declarado culpable como coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres por un tribunal de sentencia en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Para Martín Fernández la banca internacional tiene que pasar a un proceso de revisión de todos los créditos hacia proyectos que no benefician a la población y sus fondos deben ser estrictamente usados para el desarrollo y bienestar de las comunidades.
Considera además que la banca internacional debe revisar los antecedentes de sus clientes y generar una condición que penalice a los empresarios que utilicen el financiamiento para la ejecución de proyectos dañinos y tomar en cuenta a las organizaciones que defienden los pueblos para no crear ambientes de criminalización.
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En mayo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), informó mediante un comunicado que el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) había cancelado un préstamo a banco Ficohsa.
Aunque el FMO y Ficohsa han negado su participación con la empresa DESA, los activistas de las organizaciones ambientalistas, tanto en Honduras como en Holanda, sostuvieron que la decisión se produjo tras un largo historial de críticas y oposiciones formales que ellos interpusieron.
