Tegucigalpa.- Para la abogada Maribel Espinoza, experta en el estudio de la Constitución, el único recurso que queda después de que los tres poderes del Estado ya se refirieron a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y tomaron una decisión en contra de la voluntad del pueblo es la “desobediencia civil”.
El 14 de junio, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia estableció la creación de jurisdicciones especiales en las ZEDE, con lo cual “está dando paso a la consumación del proyecto político de Juan Orlando Hernández de fragmentar el país mediante la instalación de ciudades estado en todo el territorio de Honduras”, dijo la profesional del derecho.
“Solo el pueblo salva al pueblo y llegó la hora de defender la integridad territorial, la soberanía del pueblo sobre su territorio y el imperio de la Constitución a través de la desobediencia civil”, dijo Espinoza.
Pese a que la Constitución lo prohíbe, el comunicado de la Corte establece jurisdicción especial en materia penal, de la niñez y adolescencia, con lo cual no habrá jurisdicción en las demás materias como derecho del trabajo, inquilinato, civil, familia, contencioso administrativo, explicó la profesional del derecho.
“Con ello se demuestra lo que hemos venido afirmando, que las ZEDE tendrán su propia legislación y su propio sistema de impartimiento de justicia”, indicó Espinoza.
También se refirió a que “la decisión de creación de la jurisdicción establece claramente que estas ZEDE tendrán autonomía, es decir la aplicación de la justicia en las ZEDE será autónoma y eso resulta de la lectura del propio comunicado”.
No obstante -continuó-, cuando la Corte Suprema dice que está cumpliendo con las formalidad de su creación significa que, de aplicarse la ley orgánica de las ZEDE, quienes van a proponer los nombramiento de jueces será el Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas.
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Con esto, “hay una enorme contradicción” entre la decisión de la Corte y lo establecido en el artículo 304 constitucional reformado, según el cual “los jueces en estos fueros serán nombrados en el Congreso Nacional por mayoría calificada de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros”, mientras que el artículo 239 constitucional “dice muy claramente que en las ZEDE el poder judicial por medio del Consejo de la Judicatura debe crear tribunales con competencia exclusiva y autónoma”.
Para Espinoza, “esa contradicción resulta de la actividad por parte de los creadores de las ZEDE en un intento fallido para darle una autonomía a la jurisdicción en estas zonas, eso es lo grave en este asunto”.
Además, “con esa decisión lo que se ha provocado, por no decir se ha consumado, es una enorme desigualdad entre los ciudadanos que estamos sometidos a los jueces y tribunales conforme las leyes emitidas por el Congreso Nacional”, con los ciudadanos de las ZEDE que tendrán su propio ordenamiento jurídico y una forma diferente de impartimiento de justicia por jueces independientes al poder judicial. Estos, incluso, “podrán aplicar normas jurídicas de tradición anglosajona que no es reconocido en nuestro derecho positivo”.
