Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – La capital de Honduras fue escenario este lunes de una manifestación contra las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), los proyectos hidroeléctricos y otras formas de saqueo y despojo del territorio, y también para exigir justicia para la lideresa indígena Berta Cáceres.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) encabezó estas acciones para protestar contra estos proyectos que violentan el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos.

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La exigencia es que estas concesiones, entre ellas el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sean revertidos, dijo la coordinadora general del Copinh, Berta Zúniga.

“No podemos estar solamente apagando fuegos, hoy exigimos la justicia para la compañera Berta Cáceres, vilmente asesinada por ese sistema de muerte”, dijo a Criterio.hn desde la sede del Inprema en Tegucigalpa, que fue el punto de convocatoria.

Pero además “sabemos que muchos y muchas compañeras más están viviendo esa persecución, criminalización, que vivió ella antes de ser asesinada”, entre ellos “los compañeros y compañeras de Guapinol, los compañeros garífunas que están desaparecidos, los compañeros tolupanes que hace poco fueron violentados y así otros pueblos”, enumeró Zúniga.

Por tal razón “nos toca también agarrar las riendas, denunciando a todos estos proyectos que son inconsultos, violatorios a los derechos humanos de los pueblos”.

En un comunicado con fecha del 17 de mayo, el Copinh anunció estas acciones “para denunciar el modelo de despojo y saqueo que se impone en las comunidades ricas en bienes comunes de la naturaleza y luchar para que sea revertido”.

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“Las organizaciones de los pueblos indígenas, negros y campesinos en Honduras tenemos años denunciando el mecanismo de implementación de las concesiones a nuestros territorios que han implicado la privatización de los ríos, franjas territoriales, el subsuelo, bosques, playas y demás que los gobiernos golpistas han exhortado para el lucro económico de pequeños grupos de empresarios”, añade el documento.

En relación al juicio que se le sigue a David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Cáceres, la coordinadora del Copinh refirió que “dentro de lo que podemos esperar, dentro de este sistema de impunidad, va bien en lo que a términos legales y jurídicos se refiere, pero nuestro temor son los pactos de impunidad que existen fuera de estos procesos”.

Zúniga agregó que “nosotros tememos que se hagan pactos detrás del telón que garanticen no solo la impunidad de David Castillo sino también la impunidad de los Atala Zablah”.

La manifestación estuvo acompañada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras (Conamin), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la Red Defensora de Derechos Humanos, líderes y liderezas del departamento de Copán y otros de Tegucigalpa.

El grupo de manifestantes se dirigió posteriormente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que “cumpla con su trabajo de justicia, reconozca a las víctimas, como son los pueblos indígenas, que siguen sin ser reconocidos por parte de este sistema de justicia” dijo Berta Zúniga.

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Criticó que los pueblos indígenas “son desconocidos porque son pueblos que se han considerado que no tienen derechos fundamentales, por eso toda la violencia, por eso todo el racismo estructural”. En ese sentido, demandó porque “sean reconocidos y también que avancen estos procesos legales en los que se han denunciado a los proyectos inconsultos”.

Un contingente de alrededor de 70 policías antimotines fue desplazados a la sede del Poder Judicial ante el anuncio de la marcha de los representantes comunitarios.

El Copinh ha señalado también la violencia con que se implementan los proyectos extractivos por parte de empresas constructores de proyectos hidroeléctricos, mineros, las ZEDE, “en conjunto a otros proyectos los cuales este gobierno fraudulento e ilegítimo sigue promoviendo”.

Afirma además que con Agua Zarca ha quedado evidenciado que estos proyectos “son altamente corruptos, en los que se trafican con influencias para imponerse”, además de ser incentivados por “grupos criminales” a los que solo les importan las ganancias, con la complicidad del Estado que se ha prestado para criminalizar a las personas defensoras.

En resumen, exigen que estas concesiones sean revertidas, que se cancele de inmediato Agua Zarca, que se condene a Roberto Castillo, se libren las órdenes de captura contra los autores intelectuales de este crimen y se construyan modelos económicos basados en el respeto de los derechos humanos y la naturaleza.