Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- A 95 días del femicidio de Keyla Martínez, el crimen contra la joven estudiante de enfermería continúa generando más preguntas que respuestas y así lo señaló la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva.
Entre las interrogantes que Oliva planteó se incluyen el ¿Por qué la policía actuó a espíritu de cuerpo inmediatamente tras el asesinato? ¿Por qué hasta el día de hoy siguen las constantes amenazas contra la familia de Keyla? ¿Cómo tiene un policía de escala básica todo un equipo de control dentro de la policía y el sistema judicial?
Los cuestionamientos fueron realizados durante el encuentro virtual realizado en el marco del Día Internacional de las Enfermeras, y en el que también participaron Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez; Daniela González, Coordinadora Internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de México; los profesionales del derecho Andrés Pérez Munguía y Any Matamoros de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH); Lilith Cálix, abogada del equipo legal que representa a la familia de Keyla; Virginia Zabala, supervisora de enfermería en La Esperanza, Intibucá; y la moderación de Maureen Zelaya de la Plataforma por Honduras en Madrid (PHM).
La reunión inició con la participación de Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, quien pidió apoyo para que la impunidad no se cierna sobre el caso de su hija como suele ocurrir en casos de asesinatos que se cometen contra mujeres. «Como sabemos en Honduras hay tanta impunidad, tanta violencia, tantas mujeres que han sido asesinadas y sus muertes han quedado en la impunidad. Nosotros como familia, yo como su madre, les suplico su apoyo para que el caso de mi hija sea esclarecido», imploró.
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En la misma línea de Oliva, la abogada del equipo legal que representa a la familia de Keyla, Lilith Cálix cuestionó una serie de inconsistencias que no han sido esclarecidas. Entre ellas ¿qué pasó luego que sacaron el cuerpo de Keyla de la celda? ¿por qué tardaron entre 25 a 30 minutos para su traslado al hospital? ¿por qué el fiscal de turno realizó el levantamiento hasta las 4:45 AM si fue informado inmediatamente sobre lo acontecido?
Cálix también indicó que la defensa privada de Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, un expolicía de escala básica a quien se le supone responsable del feminicidio agravado de Keyla Martínez, está siendo pagada por la Secretaría de Seguridad y que además se encuentra «gozando de privilegios» mientras está recluido en el Segundo Batallón de Infantería, con sede en el valle de Támara.
Por su parte, el profesional del derecho Andrés Pérez Munguía, quien participó representando a la OACNUDH, sostuvo que el caso de Keyla Martínez no puede ser abordado sin hacer un repaso de la impunidad en Honduras. Identificando tres grandes momentos: la primera con las graves violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, la segunda con las violaciones ocasionadas con el golpe de estado de 2009 y una tercera con la crisis electoral de 2017.
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«El caso de Keyla guarda relación con estos momentos de impunidad porque vemos que se repiten los mismos temas», apuntó Pérez Munguía. Estos temas, según el profesional del derecho son: el mal entendido espíritu de cuerpo por parte de las fuerzas de seguridad, quienes en lugar de poner a disposición a los miembros que infringieron normas más parecen protegerlos; y las cadenas de mando donde solo se encausa al hechor inmediato, pero no se investiga a quién permitió que se lavara la celda o que no se cooperó inmediatamente en la investigación del crimen.
Finalmente, la Coordinadora Internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de México, Daniela González, condenó el feminicidio de Keyla Martínez ocurrido «en el marco del toque de queda impuesto por el gobierno del dictador Juan Orlando Hernández, como una supuesta medida para controlar la pandemia» pero que al final es notorio el impacto de dichas medidas en el incremento de violencia contra los pueblos y las mujeres.
