Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Organizaciones de sociedad civil y representantes legales presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en favor de los ocho defensores del río Guapinol que guardan prisión preventiva desde hace más 15 meses.
«Instamos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia corrige el error de la Corte de Apelaciones de La Ceiba para garantizar la libertad inmediata de los defensores Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbin Hernández, Arnold Alemán, Ewer Cedillo Cruz que llevan 585 días de prisión preventiva ilegal y Jeremías Martínez Díaz, con sus 855 días», expuso el equipo legal en el comunicado.
El documento sustenta que los defensores del agua están siendo privados de su libertad pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que, para privar de la libertad a alguien, se requiere de pruebas suficientes de la participación de esa persona en el delito. Sin embargo, aún no se acredita la participación individual de los ocho defensores en los supuestos hechos del 8 de septiembre de 2018 por los cuales se les acusan.
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La abogada defensora, Kenia Oliva, afirmó que las resoluciones de prisión preventiva contra sus representados carecen de motivación, argumento jurídico, sustento legal y que pese a esto, la Corte de Apelaciones de la Ceiba confirmó la resolución de la Juez de Letras en la que señalaba que no daría una medida distinta a la prisión preventiva.
Además, agregó que la Corte de Apelaciones «hace algunas argumentaciones sobre derecho internacional, sobre derechos humanos, no para favorecerlos a ellos que es lo que debería hacer el Poder Judicial, sino más bien para perjudicarlos»; razón por la que solicitan que la Sala de lo Constitucional realice un control de convencionalidad.
La presentación del amparo se produce un día después de la presentación de un Habeas Corpus por parte de la comisionada del CONADEH, Blanca Izaguirre, que insta a la aplicación de las normas internacionales para garantizar la liberación inmediata de los defensores.
En agosto de 2019, siete de los ocho defensores del agua del río Guapinol fueron remitidos a prisión, por acusaciones relacionadas a la portación ilegal de armas y asociación ilícita. Todos ellos se oponen a la contaminación del río provocada por un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón.
La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón, sostiene que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, afectando el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, pese a ser una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.
Previamente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenó enérgicamente los actos de violencia cometidos por parte de fuerzas públicas durante un desalojo violento en el Campamento de la Resistencia de Guapinol y responsabilizó al Estado de Honduras por haber generado un conflicto a partir de sus decisiones de concesionar una zona protegida.
Según registros de la Coordinación de los Juzgados de Ejecución del país, entre marzo a septiembre de 2020, más de 2,700 privados de libertad fueron beneficiados con diferentes figuras que permiten su excarcelación, durante el período de emergencia ocasionado por la pandemia Covid-19; sin embargo, cualquier solicitud a favor de los defensores del agua de Guapinol fue bloqueada.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), pidió al Estado de Honduras impedir el uso del sistema judicial hondureño para criminalizar a los defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, a quienes las autoridades judiciales han negado el derecho de la defensa en libertad.
