Durante una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se acordó la reactivación de una mesa interinstitucional que contará con participación de las comunidades de Pajuiles, representantes del Estado, representantes de la CIDH, entre otras instancias
Por: Redacción CRITERIO.HN
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El pasado viernes 26 de marzo, en el marco de su 179° Periodo de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una reunión de trabajo para revisar la implementación de las medidas cautelares de protección otorgadas en 2018 a las comunidades consumidoras de agua del río Mezapa en el sector de Pajuiles, Honduras.
Estas medidas responden al grave riesgo que enfrentan las comunidades del sector Pajuiles desde hace tres años frente a la contaminación del río Mezapa, única fuente de agua potable de la que dispone la población, como consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP.
Durante la reunión de trabajo, personas beneficiarias de las medidas y sus organizaciones representantes: el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que el río se convirtió en un foco de infección y proliferación de enfermedades que, desde la instalación del proyecto “Los Planes” de la empresa HIDROCEP, afectaron a las comunidades que se vieron imposibilitadas de usar el agua tradicionalmente destinada para el consumo y uso humano. A la fecha, según las organizaciones, el río se mantiene contaminado.
Asimismo, las representantes sostuvieron que la contaminación del río interrumpió el funcionamiento de las distintas Juntas de Agua que trabajaban desde hace décadas de manera autosostenible en la ejecución de los proyectos de potabilización y abastecimiento de agua para uso y consumo humano respetuoso del medio ambiente. Actualmente, las Juntas de Agua no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir la demanda de cloro que se requiere para que el agua sea apta para el uso doméstico. Así, las familias sin recursos económicos para comprar galones de agua potable se exponen a graves problemas de salud como gastroenteritis agudas, dermatitis atópica, hepatitis, diarrea, mareos, vómitos y deshidratación, entre otras patologías desarrolladas por el consumo de aguas contaminadas.
Aunado a ello, las organizaciones denunciaron los obstáculos en el acceso a salud de la población. Al respecto mencionaron la falta de personal, medicamentos y equipos de bioseguridad necesarios en los dos únicos centros médicos de la zona que existen para atender a las comunidades, situación que representa un riesgo aún mayor en contexto de pandemia.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a revisar la concesión del proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP, recordando que la comunidad de Pajuiles se declaró zona libre de proyectos extractivos mediante Cabildo Abierto; y que existe una sentencia que ordena a la municipalidad de Tela cesar las operaciones de HIDROCEP y un amparo pendiente de resolver desde 2018. No obstante, aseguran que la concesión no ha sido revocada y la empresa podría volver a retomar sus actividades ya que el recurso de amparo se encuentra pendiente de resolución desde hace más de dos años.
Ante esta situación, y la falta de implementación de medidas concretas para la protección de las comunidades, durante el espacio el Estado de Honduras asumió el compromiso de retomar el acuerdo de 2018 de convocar a una mesa interinstitucional que aborde de manera integral la implementación de las medidas. Así, se acordó retomar la labor de la mesa con participación de todas las autoridades competentes, representantes de las comunidades, así como representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la CIDH, entre ellos la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García, y el comisionado para Honduras, Joel Hernández, en calidad de observación y asesoría técnica.
Adicionalmente las organizaciones solicitaron que en esta mesa: se aborden de manera integral las causas que originan la situación de las comunidades, es decir, la concesión del proyecto de HIDROCEP y la descontaminación del río; se alcancen acuerdos concretos para la implementación de las medidas; y se establezca un cronograma detallado para el cumplimiento de acuerdos.
Según se acordó en el espacio, la próxima reunión de la mesa interinstitucional deberá desarrollarse en terreno en el plazo de un mes.
