El contraperitaje fue solicitado a la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien para ello pidió el apoyo de la Facultad de Medicina de la UNAH
ATIC investigará el caso, tal cual lo hizo con el crimen de la jefa regional de esta entidad del MP, quienes aseguraron y cerraron el expediente investigativo alegando suicidio
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – Familiares de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, la joven estudiante universitaria de enfermería que, según la policía, se suicidó en una celda policial en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, exigieron este lunes al Estado de Honduras justicia y la repetición de la autopsia.
La exigencia de los familiares de la joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es porque aseguran se les está mintiendo al atribuir el hecho a un suicidio y no un homicidio, como ellos creen que es realmente.
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Desde que el domingo se denunció el caso públicamente, la primera versión que ha hecho trascender la Policía Nacional es que la joven fue detenida por andar en estado de ebriedad y por ello fue acusada de escándalo en la vía pública, sin embargo, no han presentado pruebas fidedignas de dichas aseveraciones.
Tampoco, se cuenta con una prueba de alcoholemia realizada a la joven en el momento de su detención o al ser llevada a la celda. Sumado a eso se desconocen los resultados de los exámenes de toxicología practicados a su cuerpo, entre otros aspectos científicos que podrían esclarecer el supuesto suicidio que declararon de manera preliminar los agentes policiales en La Esperanza, Intibucá, donde se registraron los hechos el fin de semana.
“Lo que procede es que la verdad científica prevalezca, sobre todo donde hay circunstancias sospechosas claras de criminalidad. Este caso es una muerte bajo custodia policial, por lo tanto, es responsabilidad del Estado de Honduras, dar respuesta, como exdirectora de Medicina Forense, tengo plena convicción de que esta muerte puede esclarecerse científicamente mediante las pruebas”, dijo a Criterio.hn, la patóloga Julissa Villanueva.
A la pregunta si procede o no la petición de la familia de Keyla en realizar una nueva autopsia, Villanueva explicó que se trata de un derecho que les asiste a ellos, saber las causas en las que su pariente muere en circunstancias atípicas, o sospechosas de criminalidad.
“El derecho humanitario y el derecho internacional les da las potestades a las familias para que conozcan las causas y mecanismos de muerte, en ese sentido hay tratados internacional legales que favorecen a las familias para su derecho a saber y procede que las familias junto a su cuerpo de abogados le pidan al Ministerio Público los resultados de manera urgente de la autopsia de Keyla”, apuntó la patóloga, como primer punto.
Seguidamente dijo que “es posible hacer un contra peritaje, una re-autopsia, o segunda autopsia, después de que se entregue el cuerpo en el Ministerio Público para lo cual he sido contactada por la familia directa de la joven, así como organizaciones defensoras de derechos humanos para que el procedimiento se realice a la inmediatez”.
CONTRAPERITAJE DEPENDE DE APOYO DE LA ACADEMIA
La exdirectora forense, informó a Criterio.hn que ha pedido colaboración a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se podría llevar a cabo el trabajo junto a un equipo de expertos bajo su coordinación para no solo realizar una segunda autopsia, sino vincular a la ciencia con la verdad de los hechos.
Villanueva ha dicho en reiteradas ocasiones que fue separada de la dirección de Medicina Forense por haberse negado a certificar un suicidio en el caso de la jefe regional de Santa Rosa de Copán de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía y por haber investigado las causas de los crímenes post electorales de 2017 y 2018, atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado.
“Sabemos que en Honduras ha habido bastante ocultamiento de la verdad y hay una confabulación de las autoridades en casos como estos, y todos ya conocen el caso de la joven Sherill Hernández Mancía, entre otros, que han ocurrido en los que se han simulado suicidios y no lo son, por consiguiente, a la familia le asiste ese derecho y conforme a la evocación del derecho internacional, perfectamente se puede hacer un contra peritaje”, insistió Villanueva.
La profesional de la medicina forense dice que el hecho de practicar una segunda autopsia representa muchos elementos en contra porque la putrefacción del cuerpo puede generar alguna dificultad. Sin embargo, apuntó que todo es factible siempre y cuando el proceso se realice antes de las 36 horas.
Por consiguiente, insistió que la inmediatez es un elemento fundamental para encontrar las evidencias en un cuerpo y esclarecer el caso y reiteró la petición del respaldo de las autoridades universitarias y de la Facultad de Medicina de la UNAH a fin de facilitar el espacio físico para realizar dicho procedimiento científico.
“Se trata de un caso de connotación nacional donde debe prevalecer la prueba científica y el recinto universitario podría contribuir para que este hecho se esclarezca. No hay crimen perfecto, el crimen perfecto no existe, lo que existe es la investigación imperfecta, amañada, la que oculta la verdad y en ese sentido cualquier investigación que se haga al respecto va a arrojar elementos positivos para buscar la verdad científica”, aseguró la patóloga, experta forense.
LO QUE DEFIENDE LA POLICIA
Se conoció que, desde el hecho, la noche del sábado 6 de febrero, la policía basó su versión en que la joven Keyla Martínez, supuestamente les dijo que había tomado unas dos o tres cervezas y ellos registraron que iba a bordo de un vehículo conducido por un médico, quien habría sido detenido también en ese momento, pero lo liberaron horas después, no así a la joven quien en horas de la madrugada del domingo fue encontrada por agentes policiales, cuando se intentaba suicidar, y cuando los uniformados realizaban “una ronda de supervisión de las celdas”.
La familia de la joven descarta que se trate de un suicidio y que haya protagonizado escándalo público, ya que su pariente no era conocida por esos comportamientos como dice la policía, quienes en todo momento han querido manchar la imagen de la estudiante.
Una de las primeras personas en denunciar el hecho fue la diputada por el departamento de Intibucá, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, quien exigió justicia en un mensaje emitido en sus redes sociales y dijo que el Estado de Honduras es el responsable de la muerte de la joven estudiante.
Zúniga Cáceres, diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la extinta ambientalista, Berta Cáceres, denunció además que hace unas semanas varias jovencitas fueron agredidas física y sexualmente por policías en La Esperanza, Intibucá.
