Texto: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Fotos y vídeos: Jorge Burgos y Emy Padilla
Gráficos: Guillermo Burgos
Amapala, Valle. – Los vientos del Pacífico que arrastran las hojas del bosque seco tropical, se mezclan con el polvo y las piedrecillas de una mal trecha carretera que evidencia el abandono y que, a vista de cualquier extraño, pareciera el camino a un pueblo fantasma y no a una zona que poco a poco ha sido acaparada por el capital económico.
La aparente calma que se puede apreciar en la Península de Zacate Grande, en el archipiélago hondureño del Golfo de Fonseca, es solo eso: un supuesto. La realidad es otra, nos cuenta Pedro Canales uno de los líderes comunitarios, quienes a raíz de una fuerte lucha en defensa por la tierra y el territorio frete a los terratenientes del “club de Coyolito”, fundaron en abril del 2010 la radio La Voz de Zacate Grande.
Los pobladores también se han aglutinado en la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) de la cual Pedro es uno de sus fundadores y es, según él, la razón para que la persecución en su contra permanezca aún en los meses del confinamiento por la pandemia de la Covid-19.
Pedro nos recibió en su casa y nos contó cómo ha pasado durante los últimos meses. Él dice que el empresario Mauricio Facussé, hijo del extinto empresario palmero Miguel Facussé Barjum, ha mandado a su seguridad privada a amedrentar a la gente para que ya cese en la lucha.
“Las amenazas y el hostigamiento en contra de los dirigentes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande y de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande ha sido desde que la misma se fundó en el año 2010, aquí esta situación es permanente, por momentos se detiene como para que nosotros nos confiemos y luego arrecian, especialmente contra los que somos fundadores de la radio” expresó el dirigente comunal.
Uno de los últimos acontecimientos, dice, fue directamente en su contra y de su familia y se produjo la noche del 23 de septiembre del año pasado, cuando le asesinaron a un perro que dormía en el patio de su casa, “pero en esta ocasión no vimos quien lo hizo, ya antes nos habían asesinado dos perros en presencia nuestra y quienes siempre realizan estas acciones es la gente armada de la familia Facussé”.
Las familias que mantienen el poder económico en Honduras, en su mayoría de origen árabe-palestino, han desalojado a varias familias de las islas que conforman el municipio de Amapala o Isla del Tigre, especialmente en la Península de Zacate Grande y otras islas e islotes del Golfo de Fonseca, en este municipio del sureño departamento de Valle, donde los ricos tienen sus imponentes y lujosas casas de playa.
El conflicto por la tenencia de la tierra tiene su punto de partida a mediados de los años ochenta, cuando los empresarios comenzaron a desalojar a varias familias que vivían a la orilla de las playas, para luego erigir a partir de los noventa sus lujosas casas, particularmente en el sector de Coyolito, por lo que de ahí se deriva el famoso “club de Coyolito”.
Pero los conflictos tomaron mayor fuerza a partir del 2000 con la exigencia de los poderosos empresarios para que los oriundos abandonaran sus casas pese a tener décadas de vivir y de haber heredado el uso de las tierras de sus antepasados que poblaron la zona desde hace 90 años.
Los empresarios por su parte alegan ser los verdaderos dueños porque cuentan con los títulos de propiedad que avalan la tenencia de las más de 5,000 hectáreas que comprende la península que está distribuida en once comunidades y habitada por unas 1200 familias.
El golpe de Estado de 2009, que derrocó al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue un escenario violento en la zona, por lo que posteriormente en el 2010 los pobladores comenzaron a organizarse para emprender la lucha que hoy tiene frente a la justicia a varios líderes comunitarios acusados por el delito de usurpación.
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Además de Pedro, el joven, Gerardo Aguilar Chirinos, quien dirige la radio, podría también ser criminalizado en los próximos días por realizar la instalación de un pequeño repetidor de la radio al otro lado del cerro.
“La situación sigue igual, siempre existe la persecución contra los corresponsales de la radio, siempre nos llaman por teléfono; hemos recibido amenazas por teléfono diciéndonos que sólo mierda hablamos, que ni siquiera somos periodistas y estamos hablando en un medio de comunicación”.
La radio está integrada por nueve comunicadores sociales, quienes hacen una labor de voluntariado, pues no cuentan con presupuesto para pagar salarios y lo poco que consiguen, de donaciones de organismos de derechos humanos y de coterráneos que viven en Estados Unidos, lo utilizan para el mantenimiento y el pago de energía.
Como parte de la persecución, Gerardo contó que recientemente un vehículo doble cabina, conducido por un desconocido trató de atropellar a dos corresponsales que se trasladaban a realizar un reportaje y “si ellos no hubieran andado listos los hubieran golpeado y quizás matado”.
Pedro Canales comentó a Criterio.hn que la radio es vigilada de manera permanente por militares de la Base Naval, quienes han instalado el puesto a unos 40 a 60 metros. “La situación de nosotros ha sido difícil, no es parecido al Bajo Aguán porque no ha habido muertos, pero son las mismas personas poderosas las que atacan el norte y en el sur, hostigando, dañando a las familias”.
El dirigente comunitario sostiene que la presencia de los agentes de seguridad del Estado se registra desde el año 2000 y que ha habido ocasiones, como cuando se originaron las protestas del fraude electoral de 2017, que los guardias privados de la familia Facussé se integraron a los operativos de represión de los militares, incluso, disparando sus armas.
FALTA DE EMPLEO Y POBREZA
El conflicto de tierra que existe en este sector, aunado a la difícil situación que se presenta con la pérdida de cosechas, porque se ubica en el corredor seco y el declive de la actividad pesquera, producto de los efectos del cambio climático, hace que la situación de los más de 7,000 habitantes sea de calamidad y ha obligado a muchos a emigrar en busca del sueño americano.
Una de las tantas desdichas de los pobladores es el hecho de no tener un sistema de agua potable, lo que los obliga a buscar un mecanismo de solución mediante la excavación de pozos, con lo que su salud está expuesta a enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales. El agua del pozo, por lo que pagan mensualmente cien lempiras a una junta local de aguas, es utilizada para el aseo, mientras que la que ocupan para la ingesta la compran envasada, representando esto un alto impacto en su débil economía.
Mientras hacía una pausa en su actividad cotidiana en la radio, Gerardo nos hizo una breve reseña de la situación que viven en el sector, indicó que los centros educativos están en abandono, por lo que los padres de familia se encargan de todo, es decir, desde abastecerlos de escobas y del mantenimiento de las aulas y del salón de computación. “Los maestros todo el tiempo piden dinero para los niños; no hay pupitres, el techo es de lámina y a las doce del mediodía muchos niños se desmayan por el calor”.
En Zacate Grande hay dos centros básicos de educación, pero estos no cuentan con el personal docente necesario y la infraestructura física es deficiente. Como ejemplo, Gerardo contó que en uno de los centros básicos hay cuatro maestros que atienden a unos 95 estudiantes.
El centro de Salud funciona con un médico en servicio social, la mayoría del personal llega a hacer prácticas, no son graduados, por lo tanto, no tienen experiencia. Su horario de atención es de 7:00 de la mañana a 12 del día, pero ellos sólo atienden a la población que llega entre 7:00 y 9:00 de la mañana. Tampoco hay medicamentos, solo emisión de recetas para que la gente compre en las farmacias privadas, manifestó el coordinador de la radio.
Agregó que la mayoría de los pobladores son pescadores y agricultores de temporada. En la zona sólo cultivan maíz, maicillo, sandías y ajonjolí y eso es únicamente para el consumo local, todo lo demás es acarreado de San Lorenzo y con el daño al medioambiente y la muerte de peces y de almejas, cascos, curiles y ostras, la situación genera mayor pobreza y migración.
Norma Aguilar, una joven colaboradora de la radio, es un claro ejemplo de las historias de migración que se están generando en la zona. Su esposo se fue el año pasado rumbo a los Estados Unidos. Todavía no ha llegado a su destino. Se encuentra en México, según ella, arreglando papeles para pasar “al otro lado”.
La joven, madre de tres hijos, heredó su interés por la lucha social de sus padres y junto a su pareja se enfrentó al poder económico que los está desplazando de la península. Ha sido capacitada para manejar la radio y en materia de derechos humanos por lo que, dice, sabe en lo que está.
“Mi esposo y yo nacimos en la lucha, yo inicié a los ocho años, caminaba con mis padres al igual que él y siempre nos hemos apoyado para luchar por la defensa de nuestros territorios, pero debido a la falta de trabajo y la difícil situación que se vive en la península—pues el trabajo sólo es la pesca y la agricultura y a veces esos rubros no dan para poder darnos los tres tiempos de comida a nuestros tres hijos y a mí—él emigró a México con la idea de llegar a los Estados Unidos, allí se encuentra trabajando para arreglar los papeles y poder llevarnos”, narró Norma.
La situación de los pobladores de Zacate Grande es de mucha precariedad y quienes tienen mejores condiciones es porque reciben remesas de sus familiares que se vieron obligados a emigrar. Muchos de los que se fueron no se han olvidado de su terruño, pues han enviado dinero para pavimentar las calles de la comunidad y la contraparte, en mano de obra, es aportada por los que aún quedan en el pueblo.
Los pobladores dijeron a Criterio.hn que se sienten abandonados por el gobierno central y el municipal y también por los diputados, quienes llegan únicamente a pedir el voto en tiempos de campaña. Pedro, Gerardo y Norma, dicen que el abandono, incluyendo el de la carretera que está en pésimas condiciones, es intencional porque los políticos se han aliado con los poderosos para sacarlos de la zona.
El coordinador de la radio Gerardo Aguilar fue enfático al expresar que “evitar el desarrollo de la población es una de las formas de presionar para desalojarnos y así que las mismas personas se vayan y que las organizaciones que están luchando por la tierra se debiliten y eso lo hacen frenando la educación, la falta medios de trabajo, salud y el mantener las carreteras en pésimo estado”.
CRIMINALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Desde el 2000 a la fecha 74 luchadores sociales han sido enjuiciados, procesados y algunos, como Abel Pérez y Santos Hernández fueron a parar a la cárcel donde estuvieron 110 días. Actualmente están en libertad con medidas distintas a la prisión y sobre ellos pesa una sentencia de cinco años de reclusión, que todavía no se ha ejecutado.
Pedro Canales detalló que durante nueve años 31 personas de la Península de Zacate Grande vivieron procesados por los Facussé y que hasta que el delito prescribió pudieron obtener sus cartas de libertad
La criminalización en este sector inició en el 2000, pero antes hubo varios desalojos. Los pobladores cuentan que estas acciones fueron brutales. Pedro relató el caso de la familia Hernández Manzanares que fue desalojada por los Gutiérrez, una familia ligada al gobernante Partido Nacional y señalada en el pasado reciente de provocar daños a la salud de los hondureños como resultado de la venta al Estado de medicamentos adulterados.
“La familia Hernández Manzanares recibía como huéspedes, todos los fines de semana, a Marco Tulio Gutiérrez y su esposa, pero un fin de semana llegaron y les dijeron que ya no eran sus huéspedes porque habían comprado esa playa que hoy se llama Villa Elena. Los Hernández Manzanares fueron desalojados y nunca más volvieron a entrar a esa playa”, contó Pedro.
Actualmente existen tres acusados por la instalación de la radio: Pedro Canales, Wilmer Rivera y Danilo Osorio, quienes están con medidas sustitutivas a la prisión. Ellos deben presentarse cada 15 días al juzgado de Amapala a firmar los libros de registro, tampoco pueden salir del país, ni ingresar a los predios de la familia Facussé, quien ahora tiene los títulos de propiedad.
Las tres personas antes mencionadas son los últimos de los siete que fueron procesados originalmente, pero en estos momentos nuevamente se ciernen nuevas acusaciones contra más personas, debido a que la radio está instalando un pequeño transmisor (antena) de 350 watts de potencia al otro lado del cerro donde hay cinco comunidades a las que no llega la señal. El director de la radio Gerardo Aguilar, contó que sus compañeros le han informado que la familia Facussé ya movió sus influencias ante la justicia para acusarlos por el delito de usurpación.
Esto se debe a que la tierra donde está el poblado está escriturada a nombre de la familia Facussé, y los campesinos y campesinas no tienen títulos de propiedad, entonces al igual que cuando se instaló la radio en este sector, los miembros de Adepza deberán enfrentar a la justicia y en esta ocasión hasta Gerardo, el coordinador de la radio estaría incluido.
¿POR QUÉ QUIEREN ESTA TIERRA LOS EMPRESARIOS?
Los pobladores de Zacate Grande aseguran que el objetivo principal de estas familias poderosas, por apoderarse de las tierras, es obtener a toda costa el municipio de Amapala para convertirlo en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) similar a la que se está construyendo en Roatán, Islas de la Bahía y a otros proyectos que ya están siendo establecidos en otras partes de Honduras, con sus propias leyes que les permita a los empresarios gozar de autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad, sin la injerencia del Estado hondureño.
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Expertos en territorialidad aducen que las autoridades gubernamentales se han unido a los voraces empresarios para no terminar de unir el municipio de Amapala con tierra firme ni desarrollar estas zonas, pues estas islas paradisíacas son un gran potencial de ingresos económicos.
De esta mezquina estrategia, particularmente en la zona sur, se señala como partes interesadas, junto con los empresarios, a los diputados de Valle, Tomás Zambrano, Marcos Velásquez y Alfredo Saavedra y al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, representante del departamento de Choluteca. La lista la encabeza el presidente, Juan Hernández, quien también de acuerdo con la versión de los pobladores forma parte del famoso “club de Coyolito”, luego de comprar la mansión del fallecido expresidente, también nacionalista, Rafael Leonardo Callejas y la Playa Dorada, a la familia Gutiérrez.
“Todos los ricos que ustedes conocen están aquí, incluso ya existe el rumor que la casa que antes fue del expresidente Rafael Leonardo Callejas y después de la familia Jaar, hoy es del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Una playa conocida como La Guayaba Dorada es propiedad de los Hernández y que desde que ellos entraron al poder se cerró y la casa que era de Callejas, esa fue demolida y reconstruida de nuevo en menos de dos años. Los trabajadores cuentan que quien llegó a recibir la casa por parte de los Hernández fue Tony Hernández y la esposa del presidente, Ana García de Hernández”, contó Pedro Canales.
El “club de Coyolito” lo conforman unas 50 familias millonarias que residen en Honduras, en su mayoría de origen árabe-palestinos, que llegaron al país a inicios del siglo XX y que se apoderaron del poder comercial y financiero de esta empobrecida nación centroamericana.
Como parte de las poderosas familias se identifica a los Facussé y Nasser, quienes lideran y a las familias Callejas, Kafatti, Sikaffi, Asfura, Atala, Gutiérrez, Chukri, Corrales, Mendels, Cassis, Jaar, Henry Arévalo, Juan Diego Zelaya, Karin Faraj y a la familia presidencial.
Inicialmente este club, también llamado de “ricos y famosos de Honduras”, fue encabezado por el empresario palmero Miguel Facussé Barjum, a quien se le atribuyen los conflictos de tierras en casi todos los puntos cardinales de Honduras. Después de su muerte heredaron su poder económico su hijo Mauricio Facussé y sus yernos Fredy Nasser y Lenir Pérez.
LA ZEDE EN AMAPALA
Según los pobladores de la península existen hechos que confirman que el municipio de Amapala será una de las primeras ZEDE a instalarse en el país. El primer indicio, según Pedro Canales, es que la familia Facussé les quiso tender una trampa al ponerlos a firmar un documento en el cual se les instaba a reconocer que esta familia es la dueña legítima de 3,800 hectáreas y que, por lo tanto, se comprometían además a abandonar la zona, no sin antes reforestar lo dañado.
Otro de los hechos, según Canales, es que hace tres años Jorge Cassis Leiva les dijo, en varias ocasiones a Abel Pérez y Santos Hernández, dos pobladores de la zona, que les vendía los terrenos del sitio Playa Blanca para que aprovecharan las inversiones que llegarán con la ZEDE. Cassis Leiva fue precisamente quien acusó de usurpar sus tierras a Pérez y a Santos, quienes ya estuvieron en la cárcel 110 días acusados por el delito de usurpación.
Otro de los hechos comentados por los pobladores es que los diputados de Valle, cuando visitan la zona, les dicen que cuando llegue la ZEDE se ejecutará el programa la “Hora del Sur” y que ahí habrá trabajo y desarrollo.
Según la información que aparece en la página del Consejo de Secretarios de Estado del gobierno, en la sección de comisiones, se establece que “el propósito de la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico es crear fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña”.
La publicación refiere que las ZEDE tienen personalidad jurídica y que están autorizadas a establecer su propia política y normativa, creados con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.
En pocas palabras las autoridades le delegan las funciones que constitucionalmente le corresponden al Estado a la empresa privada y a inversionistas extranjeros, al tiempo que le otorgan el permiso para que ellos creen sus políticas y normas financieras, manejo de las condiciones laborales y otras circunstancias que violentan las leyes del país.
Para el economista, Hugo Noé Pino, las ZEDE son la creación de nuevos paraísos fiscales, con modernas tecnologías para que las grandes potencias mundiales puedan continuar evadiendo impuestos en sus países de origen; mientras Honduras venderá la soberanía en pedazos, por lo que este tipo de proyectos son inconstitucionales y las poblaciones son las que deben dar su autorización para la instalación de estas
El secretario municipal de Amapala, Luis Andrés Hernández dijo a Criterio.hn que en el último Cabildo Abierto que se realizó el año pasado la población de ese municipio rechazó por unanimidad la instalación de las ZEDE en ese sector y que dicha resolución consta en un punto de actas de la corporación municipal.
Sin embargo, fue enfático al manifestar que como Corporación Municipal ellos no se oponen a ninguna inversión, sea nacional, extranjera o local que “se realice como desarrollo para la zona”, pero que en noviembre de 2020 la Corporación emitió un pronunciamiento oficial referente a la ZEDE, en el cual señalan que es un tema de mucho cuidado y que no desearían que ese proyecto se instale en Amapala.
ANTECEDENTES DE LA LUCHA
El conflicto en la península de Zacate Grande inició a mediados de los años 70, cuando Carmen Malespin, comenzó a vender los terrenos de esta zona a los ricos de Honduras, argumentando que el expresidente y general Terencio Sierra (1899-1903) le regaló esa isla a unos familiares nicaragüenses, quienes le heredaron a ella las tierras, pero fue hasta que la isla se unió a tierra firme que Carmen Malespín dijo que la península le pertenecía, aunque no hay prueba fehaciente de que eso sea verdad, porque los pobladores nunca han visto los documentos que lo respalden.
Las tierras de Zacate Grande, vienen siendo ocupadas desde hace más de 90 años por los pobladores de las once comunidades que integran la península. Actualmente, se estima que son alrededor de 1,200 las familias que las habitan y son quienes se encuentran inmersos en un litigio porque a pesar de tener posesión efectiva de sus inmuebles no tienen dominio pleno de los mismos.
El conflicto tiene su justificación en las debilidades del Estado hondureño, que no ha sabido otorgarles y respetarles el derecho a la tenencia de la tierra a los pobladores.
El hecho que la tierra no estuviera legalmente escriturada a favor de los moradores de los sectores en litigio, facilitó que al inicio de la década de los 90 comenzaran los desalojos de las propiedades por los supuestos nuevos dueños, quienes argumentaron ser sus legítimos propietarios tras haberlas comprado a la familia Malespín, y con el tiempo fueron apareciendo los títulos de propiedad a nombre de diversas personas, entre ellos, Miguel Facussé, Marco Tulio Gutiérrez, el fallecido expresidente, Rafael Leonardo Callejas, entre otros, de quienes los residentes del sector desconocían su existencia.
Con la entrada en vigor de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, en 1994, el extinto empresario Miguel Facussé, fue uno de los terratenientes que más tierras obtuvo, logrando hacerse de grandes latifundios en el Valle del Aguán, Valle de Lean, El Progreso, Yoro y en Choloma, Cortés, donde hoy existen problemas por litigio de tierras con los pobladores.
Los perjudicados de la zona Sur de Honduras, particularmente, en el municipio de Amapala, denunciaron que Facussé y otras familias acaudaladas tomaron posesión de la mayoría de las playas, a través de gestiones irregulares de escrituración de tierras, las que se realizaron con el contubernio de las autoridades de los más altos niveles
Las playas pasaron a formar un poderío económico que ha desplazado a las familias originarias de la zona y cercado su acceso, aun cuando no pueden ser privadas, según establece la Constitución de la República.
