Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Un juzgado hondureño procederá a desarrollar una audiencia de revisión de medidas a los ocho defensores de comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, criminalizados por defender el río de una empresa minera propiedad de Lenir Pérez, quien es yerno del fallecido empresario Miguel Facussé.
La audiencia de revisión de medidas será el viernes 18 de diciembre en Tocoa a las 9 de la mañana, por lo que grupos defensores de derechos humanos a nivel nacional e incluso a nivel internacional han comenzado a levantar firmas para exigir la liberación de los defensores del ambiente, en un contexto en el que el Poder Judicial de Honduras, en contraste, ha absuelto a la mayoría de funcionarios corruptos que habían sido procesados por la suprimida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
En un comunicado, distintas organizaciones afirmaron el Estado hondureño debe cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales y revocar la medida de prisión preventiva ordenada en contra de los defensores, al ser esta una medida arbitraria y carente de fundamentos, pues no se encuentra debidamente motivada ni es producto de un análisis pormenorizado de las circunstancias del caso.
El texto establece que los defensores del río Guapinol personifican la criminalización histórica y sostenida hacia las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en un sistema de injusticia e impunidad.
Se recordó además que el pasado 29 de noviembre de 2019 se celebró un cabildo abierto en Tocoa declarando el municipio libre de minería; este mismo día, la Corte de Apelaciones reconoció que el campamento instalado en la comunidad de Guapinol en agosto 2018 para protestar contra el proyecto minero era un acto lícito. A pesar de esto, el 1 de septiembre de 2019 el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa dictó auto formal procesamiento y ordenó prisión preventiva en contra de los defensores sin motivar su decisión.
Son siete defensores que llevan más de 15 meses en prisión preventiva, mientras que un octavo defensor se ha mantenido privado de libertad por casi dos años.
“El Juzgado de Tocoa, Colón, a petición nuestra ha señalado una audiencia de revisión de medidas para los defensores de Guapinol”, indicó el abogado Edy Tábora, quien ha formado parte del equipo técnico que integra la defensa de los defensores. El profesional del derecho agregó que la lucha por el agua no debe ser criminalizada y que debemos romper con “el pacto de criminalización entre la empresa minera, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¡Libertad!”
El juzgado de Tocoa notificó que se celebrará este viernes y la audiencia ha generado expectativas por tratarse de un caso en el que la otra parte es el empresario Lenir Pérez que busca continuar con sus actividades mineras de la zona.
En septiembre de este año, la alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el informe denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero del empresario Lenir Pérez y familia Facussé.
LEA: Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos
El informe fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el Doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.
Entre los hallazgos del Informe Guapinol Resiste destaca que, en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Se denunció en informe Guapinol Resiste que, el Estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
