Por: Redacción CRITERIO.HN
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Foto: Cesar Fuentes
Tegucigalpa. – Con el asesinato o desaparición de 15 defensores de derechos humanos este año, la situación en este país centroamericano no mejora pese a las presentaciones, recomendaciones y compromisos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en los que el gobierno de Honduras fue evaluado durante el Examen Periódico Universal, (EPU), en octubre pasado.
Este día la Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI-Participa), presentó el informe Situacional de Defensores de Derechos Humanos 2020, “Honduras, Destrucción, Muerte y Corrupción” que vuelve a resaltar el deterioro de las condiciones de vida, el endeudamiento externo y la corrupción al amparo de la pandemia; además del alarmante incremento de la violencia contra las mujeres y el asesinato de 15 defensores de la tierra, el territorio y el ambiente.
En un año la organización registró la desaparición forzada del presidente del patronato, Sneider Centeno; Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez, defensores del Comité de Tierras de El Triunfo de la Cruz, en julio.
Denuncia el crimen a disparos de Edwin Fernández Saravia, de 37 años, dirigente en la aldea garífuna Río Tinto, en el municipio de Tela, Atlántida; de Ignacia Piota y de Antonio Bernárdez, miembros de esa comunidad.
Así como el asesinato de los periodistas German Vallecillo, Jorge Posadas y Luis Alonso Almendares; del profesor y sindicalista Víctor Manuel Rodríguez Paz; de Scarleth Campbell, de la comunidad LGTBI y el de los campesinos Iris Argentina Álvarez, Efraín Martínez y Felipe Escobar.
Durante el período, comprendido de diciembre de 2009 a noviembre de 2010, hubo 1476 agresiones contra 279 defensores de derechos humanos, entre estas las graves amenazas y agresiones sufridas por Hedme Castro, directora de ACI, Florentino Hernández, Pedro Canales y German Chirinos.
El reporte reconoce en la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), como el acelerante de los episodios de corrupción en el gobierno, agudizados por el ominoso manejo de la pandemia de covid-19 en los casos de Invest-H y COPECO.
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También enumera varios actos lesivos a los bienes comunes como la tierra, el agua, el bosque, el ambiente y el territorio nacional con leyes y proyectos lesivos como las Ciudades Modelo, proyectos hídricos, mineros extractivistas y forestales; además las limitaciones a la libertad de expresión, los derechos políticos y de los pueblos originarios.
Algunas de las comunidades con denuncia y defensoría de derechos humanos que figuran en el dossier están Guapinol, Zacate Grande, Cerro Escondido, Horizontes de El Ayotal, en Marcovia, Choluteca; Nueva Esperanza y Base Campesina, en el departamento de La Paz.
“Un año pródigo en desgracias para el pueblo en el que la cancelación de garantías constitucionales, mediante la declaración del estado de sitio y toques de queda, sirvieron al régimen para evitar la reacción masiva de la población enardecida, exigiendo la cabeza ante su inmoralidad de consentir el latrocinio del erario público en detrimento de la salud del pueblo”, señala la ACI-Participa.
