Por: Redacción CRITERIO
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Washington, D.C. – Hoy, miércoles 11 de diciembre a las 3pm hora de Washington, DC/ 2pm hora de Honduras, Lisa Haugaard, co-directora de LAWG, ofreció su testimonio ante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos convocada por la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos y la corrupción en Honduras. Se realiza la audiencia ante el vencimiento de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH) en enero del 2020 y ante la decisión del tribunal federal de Manhattan que condenó a Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y que presenta evidencia del uso de dinero ilícito para el financiamiento de las campañas electorales del presidente Hernández.
Asimismo, en el comunicado sobre la audiencia se hace referencia a los crecientes ataques en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en Honduras, como en el caso del presentador de televisión José Arita, quien fue asesinado, convirtiéndose en el séptimo asesinato de un periodista este año según la organización C-Libre. La audiencia será transmitida mediante este enlace.
«En Honduras, la Administración de Juan Orlando Hernández y la legislatura están implementando leyes y políticas para limitar la supervisión y la capacidad de las autoridades judiciales, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción para exponer y protestar contra los abusos, mientras que eliminan los obstáculos a su propia corrupción. Aquellos que buscan obstruir y exponer tal corrupción están en grave peligro.
Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben distanciarse inmediatamente de la administración Hernández y apoyar a los valientes activistas y defensores de los derechos humanos que luchan por defender los derechos y construir una Honduras para todos”.
LAWG acaba de publicar dos informes que señalan cómo la política exterior de los Estados Unidos en la región centroamericana se centra en detener la migración y cerrarles la puerta a los solicitantes de asilo, a la vez ignorando la creciente corrupción y violaciones a los derechos humanos, sobre todo en Honduras y Guatemala.
El informe, Abriendo el espacio para la corrupción (Making Way for Corruption, por su título en inglés), detalla cómo las ramas ejecutivas y legislativas en Guatemala y Honduras imponen obstáculos a los esfuerzos en materia de anticorrupción liderados por las autoridades judiciales, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas para traer a la luz y combatir estos abusos, mientras que eliminan obstáculos a su propia corrupción.
En el segundo informe, Retorno forzado al peligro: preocupaciones de la sociedad civil con los acuerdos firmados entre los Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador (Forced Return to Danger por su título en inglés), LAWG y otras organizaciones de la sociedad civil describen los efectos preocupantes de las distintas partes de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador sobre la protección y el bienestar de los solicitantes de asilo, y la probabilidad de que violen la ley de refugiados estadounidense e internacional.
Para leer ambos informes (hasta la fecha solo en inglés) ver estos enlaces:
Making Way for Corruption in Guatemala and Honduras, Dec. 2019
