Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Sin hacer ruido y a espaldas del pueblo hondureño, el gobierno emitió un Decreto Ejecutivo, mediante el cual rescinde el contrato a la Empresa Energía Honduras (EEH) para que esta firma de capital honduro-colombiano ya no siga manejando el servicio eléctrico, algo que le traería una demanda millonaria a un Estado que se encuentra en condiciones precarias debido a la corrupción, pandemia y desastres ambientales.
Lea aquí el contrato
“Se va EEH, pero el gobierno tendrá que pagar una enorme indemnización por incumplimiento de contrato, ahora no me queda duda que los socios de esa empresa son políticos y empresarios hondureños, quienes saldrían beneficiados con la indemnización”, dijo este lunes el diputado Jari Dixon Herrera, quien forma parte de la bancada de Libertad y Refundación (Libre).
El también diputado del partido Libre e integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, dijo a Criterio.hn que la decisión que habría tomado el Estado de Honduras, a través de un Decreto Ejecutivo o PCM, no pasó en ningún momento por el Congreso Nacional y que ni siquiera tomaron en cuenta las opiniones de la comisión técnica que él integra.
LEA: EEH desata la indignación por denunciar fraude y amenazar a usuarios por conexiones ilegales
Sarmiento dice que se le pudo haber quitado el contrato a la EEH sin tener que pagarle ni un centavo, pero que existe una intención de crear una crisis para beneficiar a terceros.
“El mismo contrato ya contiene las cláusulas de rescisión y el convenio entre EEH y el Poder Ejecutivo lo establece. Había que comenzar a darles reclamos por incumplimiento de metas; reclamar por la no reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Había que cobrarles multas por no llegar a las metas, y así poco a poco hasta llegar a la rescisión. Y al no hacerlo así, de esa forma, como siento que lo están haciendo, es con la intención de pagarle todo el dinero a la EEH mediante una indemnización que puede salir, en conclusión, más cara la cura que la enfermedad”.
Sarmiento agregó que lo que se viene es una demanda millonaria contra el Estado de Honduras que andaría en alrededor de 500 millones de dólares.
“Eso es así. Por eso es que para rescindir ese contrato tenían que haberse dado ciertos acuerdos con esa empresa. Al final todo fue una estafa para el Estado y un negocio para la EEH, tantos años que se les ha estado pagando, más de 10 millones de dólares mensuales. Y ahora vuelven a rematar el negocio pagándoles esa enorme demanda millonaria en concepto de indemnización. Siempre al final salimos perjudicados como país”, denunció el congresista de Libre.
Honduras ha endeudado enormemente al país al suscribir empréstitos multimillonarios con bancos nacionales e internacionales, todo con el argumento de “rescatar financieramente a la Enee”, que anteriormente fue de las empresas más rentables del país, porque ni siquiera tenía competencia. No obstante, el diputado Sarmiento cree que la ENEE sigue siendo uno de los monopolios del Estado al que intencionadamente han dejado caer en bancarrota por la politización que hay a lo interno de esa institución.
“El tema energético es uno de los que les causa un hoyo total a las finanzas del país y, bueno, este tema había que tocarlo con cierta inteligencia para que no se viera una desenfrenada demanda millonaria contra el Estado. Eso viene a poner más en precario el tema energético en el país”, manifiesta.
Por su parte Doris Gutiérrez, diputada del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), coincidió que la eliminación del contrato implicaría el pago de una indemnización por parte del Estado a favor de la EEH por incumplimiento de contrato lo que, a su juicio, implicará el uso de fondos de otras áreas, incluyendo los fondos de pensión.
Ante lo anterior, Sarmiento asevera que “bajo ningún pretexto podrían tocarse fondos de previsión. El Estado no tiene por qué estar disponiendo fondos de previsión de ninguno de los institutos porque son jubilaciones, son derechos. Como bancada de Libre nos opondremos a utilizar fondos de los institutos de previsión como lo hicieron para la construcción del Centro Cívico Gubernamental u otros asuntos del Estado. Esos fondos son para garantizar las jubilaciones de los empleados públicos”, concluyó el congresista del departamento de Olancho.
