Por: Redacción CRITERIO.HN
Fotos: Redes sociales Presidencia de la República
Tegucigalpa. –El gobernante de Honduras, Juan Hernández, le ha dado una estocada más a la transparencia y rendición de cuentas, al montar una oficina paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dependerá directamente del Poder Ejecutivo.
La determinación de Hernández se consignó mediante la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) quien se encargará de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, reza el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 6 de noviembre. (Descargue aquí).
Con lo anterior Hernández sepultó cualquier acción que se adopte por los comisionados del IAIP, Ivonne Ardón, Hermes Moncada y Julio Vladimir Mendoza, en aras de darle cumplimento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que de por sí se ha debilitado con la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.
La directriz emanada por Hernández establece que la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones públicas, será de carácter obligatorio, es decir, que ahora los ciudadanos que requieran cualquier información pública deberán recurrir a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia.
Criterio.hn conoció que la actual Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, será la ungida en el cargo de la nueva secretaría de Estado y será quien, prácticamente, asumirá el rol de los tres comisionados del IAIP.
La nueva institución del Poder Ejecutivo estará integrada por un secretario de Estado, dos subsecretarios de Estado, una Secretaría General, tres unidades de apoyo y una oficina de auditoría interna.
El artículo 9 estipula que la Secretaría de Transparencia “brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley”.
Lo anterior implica una injerencia directa en una institución que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía, aunque en la práctica no lo ha evidenciado en su totalidad, por estar integrada políticamente.
La génesis de la creación de la SDT es boicotear el trabajo que desde el IAIP se pudiera realizar para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y porque es precisamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes incumplen con la ley cuando la ciudadanía efectúa los requerimientos.
Otra de las incongruencias es que trabajará de forma coordinada y “brindará apoyo a los órganos de control superior e investigación”, entre los que se cita al Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, cuando se suponen que estas instituciones son autónomas.
Inicialmente la nueva institución funcionará con el presupuesto de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Será hasta que esté debidamente operando que contará con su presupuesto. Sin embargo, en el artículo 12 se instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y viabilizar fondos, para que asigne los recursos necesarios, incluyéndose en el presupuesto de la Presidencia de la República de forma anual a partir del ejercicio fiscal 2020.
En el artículo 2 del decreto se establece que la Secretaría de Transparencia se encargará de auxiliar al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su efectiva implementación.
La intención de Hernández es blindarse aún más por los señalamientos de corrupción de su gobierno. En 2014 logró que el Congreso Nacional aprobará la “Ley de Secretos Oficiales” que le ha dado un respiro al ocultar la información pública hasta por 50 años en 16 instituciones públicas.
Como parte de sus funciones el Decreto Ejecutivo establece en su artículo 2, darle seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y al Mecanismo de Seguimiento a la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción (UNCAC) y representar al país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.
También coordinará la implementación de instrumentos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción, entre los que se cita a la Alianza de Gobierno Abierto, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST) y la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y el convenio entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional.
Actualmente, la ciudadanía puede solicitar la información pública a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) que coordina el IAIP con las diferentes instituciones obligadas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la nueva secretaría de Estado, se implementará el Sistema Nacional de Transparencia mediante el cual se recibirá denuncias de la ciudanía sobre supuestos actos de corrupción a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o correos electrónicos designados.
