Por: Redacción CRITERIO.HN
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Un panel internacional de expertos y expertas analiza la criminalización de los defensores y comunidad de Guapinol, la que se ha acentuado después de la nominación como finalistas al Premio Sajarov para la Libertad de Pensamiento que otorga la UE, en un contexto de extrema violencia que mantiene la atención sobre este caso.
La Conferencia, “Mirada Internacional Sigue Puesta Sobre Guapinol”, es el resultado de la preocupación internacional por el grave deterioro, violencia y criminalización en la defensa de los principios fundamentales de la población y sus organizaciones que la representan.
Participaron Front Line Deffenders, del Colegio de Abogados de Estados Unidos, la Organización Mundial Contra la Tortura acoge, investiga, denuncia, protege y monitorea ataques con 200 entidades defensoras de derechos humanos; la Unidad de Protección a Derechos Humanos de Guatemala y Centroamérica; la Red de Incidencia en Derechos Humanos de la Unión Europea, (UE), con 40 oenegés afines y el Comité de Defensa de los Bienes Comunitarios de Tocoa, Colón.
Una investigación de los organizadores de la actividad indica que “los poderes del Estado están coludidos con las empresas para criminalizar en juicios maliciosos a los defensores y defensoras de derechos humanos con delitos sin que se les den medidas sustitutivas, similar a lo que sucede en Guatemala, donde con acusaciones de usurpación agravada y organización para delinquir se priva de la libertad a los campesinos”, sostuvo Brenda Cálix, de esta Unidad.
Las pesquisas cuestionan las condiciones en las cárceles como un “atentado contra la vida, debido a la pandemia de Covid-19, y la dignidad que buscan desarticular la defensa, afecta la salud y desintegra las familias”.
Juan Ramírez, abogado principal de Front Line Defenders, destacó que, en el caso de los defensores del río Guapinol han recopilado 677 agresiones y 481 actos de criminalización, en especial a campesinos y sus organizaciones a lo largo de todo el proceso por el gobierno y particulares.
Las indagaciones concluyen en cuatro aspectos: el tribunal adecuado no es un juzgado de competencia nacional concebido para casos de alto impacto, por lo que es algo errado y levanta sospechas; no se ha dado la revisión periódica de la prisión preventiva de los ocho detenidos.
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“Muchos están por cumplir dos años de encierro, como es el caso de German Jeremías Díaz, en prisión desde 2018 sin cargos, contrario a los estándares internacionales; y 13 de los acusados se presentaron voluntariamente y después se les hicieron nuevos cargos quebrantando el derecho de legítima defensa”.
La referente de la Red de Incidencia en Derechos Humanos de la UE, señaló que la nominación al Premio Sajarov muestra el alto grado de preocupación en la UE por la violencia que se vive en el país que “obliga a los tomadores de decisión a replantear el financiamiento de Europa hacia Honduras”.
Asimismo, “que el uso de esos recursos respeta a las comunidades, a los ambientalistas y defensores de derechos humanos”. Es deber velar, promover la defensa de esos derechos y condenar el uso de la justicia para criminalizar los justos reclamos de las comunidades, añadió.
“Ayer, (22-10-20), el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de la UE que el crimen de Arnold Morazán en Guapinol”, expresó la referente de esta red de incidencia.
Finalmente, Leonel George, representante legal de los ambientalistas de Guapinol y defensor de derechos humanos concluyó que “continúa la persecución feroz del Ministerio Público con la decisión de la Corte de Apelaciones de revocar un sobreseimiento definitivo”.
“El proceso comenzó en el Congreso Nacional, continuó en INGEOMIN y sigue en los tribunales…”
