Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Como un nuevo intento de destruir a las organizaciones magisteriales calificaron dirigentes del sector la postura del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, las denuncias de deducciones presuntamente ilegales a docentes agremiados a las instituciones profesionales del magisterio.
Contrario a eso, el estrangulamiento financiero es una respuesta del gobierno a problemas estructurales históricos del sistema educativo que han agudizado a consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de la falta de liderazgo al frente de esa secretaría de Estado.
El magisterio más bien cuestiona al régimen, como al titular de Educación, que teniendo las herramientas y recursos necesarios para financiar la “nueva realidad” de la enseñanza pública impuesta por la pandemia en el país, no hayan hecho nada concreto en beneficio de la gran mayoría que no puede pagar tecnología y acceso a internet.
Una alusión al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT), en el marco de las reformas al subsector Telecomunicaciones y publicado en el diario oficial La Gaceta, el 7 de marzo de 2014.
Recursos que maneja el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y que se nutre del uno por ciento de las ganancias brutas que aporten empresas de telefonía celular, cable y servicios de internet para fomento de la educación; y al Decreto Casaña, aprobado por el Congreso Nacional a propuesta del diputado de Libre, Edgardo Casaña, para el acceso gratuito a esos servicios a causa de la pandemia.
“El año pasado el Fondo FITT ya había recaudado 600 millones de lempiras, pero no se sabe qué se ha hecho con ese dinero”, apuntó Daniel Sponda, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, (COPRUMH).
Bueso anunció que se abrió una investigación para que a la brevedad cuatro instituciones financieras informen sobre deducciones “ilegales” en cuotas y deducciones en perjuicio de los docentes, actitud que la dirigencia magisterial ve como una agresión más en la cadena de desencuentros agudizados tras el golpe de estado del 2009.
Una acción similar aplicó el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, cuando autoridades de educación instruyeron a los bancos y cooperativas no canalizar cuotas y deducciones por préstamos y aportaciones a los colegios magisteriales del país.
“Les hemos pedido a tres cooperativas y un banco completar la información y documentación legal de las deducciones que realizan por concepto de aportación mensual de afiliación y préstamo de colegios magisteriales”, expresó el ministro Bueso a medios locales.
Esta es una agresión más afectando el derecho a la libre sindicalización a las finanzas del magisterio, para eso usa el Ministro de Educación las redes sociales, acotó Sponda.
“El Pricmah sigue financiando a sus afiliados en esta pandemia, haga lo que haga el ministro de Educación las organizaciones del magisterio no van a desaparecer”, sostuvo por su parte Yuri Hernández, dirigente del Primer Colegio Profesional de Maestros de Honduras.
Hernández lanzó dardos a la falta de acceso a las comunicaciones y plataformas virtuales de los estudiantes; y se preguntó por el destino de 80 millones de dólares para infraestructura escolar aprobados por el Congreso Nacional en junio pasado y tres mil millones de lempiras para medidas de bioseguridad anunciados en el marco de la crisis sanitaria.
“El gobierno ha planteado una campaña contra el magisterio porque no quiere enfrentar su responsabilidad en el manejo educativo en pandemia, en la que ya se han perdido 600 horas clase de matemáticas y 200 horas de cívica”, entre otras materias.
Los primeros cuatro meses de la pandemia, este señor que es ingeniero forestal, lo que anduvo haciendo es distribuyendo bolsas solidarias y con unos militares, nunca instaló un debate académico para enfrentar la pandemia, añadió Sponda.
Un gobierno serio hubiera convocado a la Junta Nacional Docente y diseñado un plan para atraer y retener al estudiante; levantado un inventario de cuántos niños y niñas no tenían un teléfono o una Tablet y con dineros del Fondo FITT, habría entregado un aparato tecnológico a cada uno y una de ellas, construido un “plan remedial”, que identifica a estudiantes con alta conectividad prioriza contenidos y define hasta dónde llegar, y salir a buscar a esos niños y niñas.
Pese a esto, el Observatorio de la Universidad Pedagógica dice que el 96% tienen un aparato inteligente, esta pudo ser la garantía y la ventana para mantener la conectividad, y el Decreto Casaña sí hacía eso, aducen la dirigencia.
“Ahora a los padres de familia y al pueblo quiero decirles esto, el Partido Nacional quiere que pensemos que el año escolar ya se fue y que no hay nada qué hacer y no es así; comprobado está que los niños y especialmente las niñas que se van de primer grado no regresan a las aulas, y nosotros, como organizaciones magisteriales y movimiento popular tenemos que ir en busca de esos niños y niñas”, puntualizó Sponda.
LEGISLADOR
Edgardo Casaña, exdirigente magisterial y diputado del Partido Libertad y Refundación, autor de la ley que lleva su apellido, acusó al ministro de Educación de defender intereses de las compañías de telefonía celular y atacar al magisterio por no aplicar el Decreto Casaña y no interesarse por el salario de los profesores.
“Es una vergüenza que existe una Ley de Telefonía Gratis que habilitó las clases sin costo ni cargos e internet; pero el ministro desprecia y desconoce una norma que beneficiará a más de dos millones de niños y niñas y él se entrega a los brazos de dos empresas de telefonía celular”, indicó el legislador.
Sin estas condiciones y con los problemas que ya carga las escuelas y colegios, se viene un difícil año 2021, que seguramente comenzará con clases virtuales, concluyó.
