Se han perdido entre 400,000 y 500,000 puestos de trabajo durante el confinamiento causado por la pandemia de Covid-19. Muchos trabajadores afectados trabajan en restaurantes, hoteles y sector turístico.
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La angustia de Alicia comenzó el 15 de abril de 2020, cuando la sucursal en San Pedro Sula de la transnacional de comidas Uno Chicago Grill, empresa del grupo Centuri, le comunicó que acababa de suspenderla durante cuatro meses debido a los efectos de la pandemia del coronavirus. Durante 120 días, Alicia sobrevivió como pudo en medio de noticias cada vez peores. Cuando creyó que su sufrimiento llegaba a su fin, el 15 de agosto pasado, la empresa le anunció una nueva suspensión de cuatro meses más.
La decisión de la compañía ha acabado de un plumazo con los ingresos de Alicia durante casi todo el año y la ha dejado al borde de la desesperación. Para nadie es fácil quedarse de repente sin su sueldo, y menos durante una pandemia.
En algún momento, Alicia pensó en emigrar con sus dos hijos menores de edad. La suspensión no solo la afectó a ella, sino también a sus 30 compañeros de trabajo, quienes a comienzos de mayo fueron sustituidos por personal por hora.
“La empresa ni se dignó a donarnos comida, aunque tenían varios freezers llenos”, cuenta Alicia. Sus compañeros y compañeras de trabajo intentaron que la empresa les reconociera alguna suma de dinero que les sirviera para comprar alimentos y pagar sus deudas. Por miedo, Alicia prefirió no firmar un documento donde sus compañeros hacían la petición.
LEA: Trabajadores de maquila de Choloma suspendidos por nueve meses continuos
En el mes de junio, decenas de empleados del grupo Intur y sus marcas Popeye’s, Pollo Campero y Burger King, entre otras, protestaron en San Pedro Sula denunciando calamidad doméstica y violación de los derechos laborales de los empleados.
Reinventarse o morir
Dicen que la necesidad es madre de la invención. La pandemia y la injusticia laboral obligaron a Alicia a reordenar su vida y “reinventarse” como chef.
Al principio trató de retomar su antiguo trabajo como organizadora de eventos y luego empezó a vender la comida que preparaba en casa. “Al principio me costó porque no tenía muchos clientes”, cuenta Alicia, “y varias veces me deprimí, pero ya estoy empezando a sacarle provecho al negocio vendiendo más platos que antes”.
Alicia es una entre muchas personas que han tenido que reinventarse o morir durante la pandemia en Honduras. “Ante la crisis económica existen oportunidades de emprender y muchas personas están emprendiendo por necesidad”, dice el analista político y económico de la Universidad Autónoma de Honduras, Gabriel Paz Peña.
A muchas personas se les están violentando sus derechos laborales. Como a Alicia, a gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de hoteles y restaurantes se les amplió la suspensión de dos a cuatro meses, agrega Paz Peña
Alicia ha tenido más suerte que algunos de sus compañeras y compañeros, quienes han tenido que vender sus pertenencias para comprar comida y pagar el alquiler. Suponiendo que encuentren a alguien con dinero para comprarlas.
“Lo más prudente es buscar alternativas como emprender haciendo comida en casa, pero otros no tienen la misma oportunidad y se están viendo desde robos de gallinas hasta asaltos a clínicas”, explica el analista Gabriel Paz Peña. Incluso “los trabajadores y trabajadoras comerciales del sexo buscan nuevas estrategias para atraer a sus clientes debido a la bioseguridad”.
Paz visualiza que el panorama se pondrá peor y critica el manejo gubernamental de la pandemia del coronavirus. Según Paz Peña, no hicieron las pruebas en el momento adecuado y pusieron a inexpertos a manejar la crisis. “Los triajes y brigadas médicas debieron haber comenzado en abril”, agrega.
Un alto porcentaje de la población sospecha que el gobierno de Juan Hernández desvió los fondos para combatir la pandemia, entre otros actos de corrupción. Cuando el grafiti “¿Dónde está el dinero?” se volvió viral y la población se levantó exigiendo respuestas, el Gobierno no dio explicaciones creíbles. “La población no comprende por qué ha habido tantas muertes y tanta incompetencia de los funcionarios”, dice Paz Peña.
El secretario del Trabajo, Carlos Madero, dijo en julio que el Código del Trabajo establece que las suspensiones duran 120 días, es decir que, si estas iniciaron el 16 de marzo terminaban el 16 de julio de 2020, pero a la vez advirtió que si a partir de esa fecha las causas persistían, las causas de la suspensión persistían también e incluso que la ley facultaba a las empresas para que pudieran empezar a despedir a sus trabajadores.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, expresó que hay “un retroceso de la actividad económica de más del 9 % y se han perdido entre 400,000 y 500,000 puestos de trabajo”.
Esta fue la nota que recibió Alicia mediante la cual le notificaron que seguirá suspendida por cuatro meses más:
