Por: Redacción CRITERIO.HN
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San Pedro Sula, Honduras. -Este lunes, a través de una conferencia de prensa virtual, diputados de oposición, ante la negativa del Poder Ejecutivo y del Diario Oficial La Gaceta de publicar el decreto que da por sentada la abrogación del nuevo Código Penal, hicieron una publicación de forma alternativa en medios escritos de circulación nacional.
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Las bancadas de oposición publicaron la derogación del nuevo Código Penal, haciendo uso de un espacio pagado en el diario La Tribuna y en el periódico El Libertador que se editan en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.
La publicación es el seguimiento a la aprobación de la abrogación del nuevo Código Penal de la sesión virtual extraordinaria convocada por la oposición el pasado 24 de junio. Los congresistas de los partidos Pinu, Liberal y Libre, tomaron la determinación de eliminar la normativa jurídica, aduciendo que favorece a los corruptos y violenta los derechos humanos.
Criterio.hn conversó este lunes con Ramón Enrique Barrios, catedrático universitario de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-VS), exjuez de Sentencia y especialista en derecho penal.
CRITERIO.HN (C) ¿Está abrogado el nuevo Código Penal tras la iniciativa de los diputados de oposición de hacer una publicación alterna a la del Diario Oficial La Gaceta?
Ramón Barrios (RB): Yo desde un principio había dicho que el efecto que iba a tener esta sesión era más político que jurídico, yo soy de los que cree que en principio la sesión estuvo muy bien convocada, lo que se decidió en el pleno de ese Congreso me parece que estuvo muy bien, se le mandó la notificación al Poder Ejecutivo quien debía sancionar ese proyecto de ley, el Ejecutivo no lo sancionó sino que mandó algunas cartas como respuesta explicando el porqué no lo sancionaba y no reconocía esa sesión, ya que no había hecho la convocatoria el presidente (del Congreso) y el secretario. Más allá de eso, creo que en ese momento el Congreso debió haberse reunido para ratificar constitucionalmente ese proyecto de ley que era la abrogación del Código Penal, al no haberlo hecho, desde mi parte, entonces quedó roto el curso constitucional de esa sesión extraordinaria, de manera que se ha entendido este Congreso que al no haber sido sancionado pues se entendía que estaba aprobado por el Poder Ejecutivo. Desde mi punto de vista es una interpretación incorrecta. Además no lo han publicado en el Diario Oficial La Gaceta, han aducido imposibilidades ya que no se atrevió la industria, la editorial que hace la publicación, lo la hizo en el diario oficial, la hacen hoy, la verdad que hay una realidad política que es que el Congreso sesionando, que la entrada del nuevo Código Penal es vigente, que los tribunales han estado aplicando el nuevo Código Penal, que ya hay personas que se han beneficiado y por lo tanto aquí lo que va a haber es una interpretación de la Corte Suprema de Justicia y estamos esperando qué va a establecer.
Acá se va a generar un conflicto de dos poderes del Estado, pues quien debe determinarlo es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ya sabemos cómo la Sala Constitucional termina dándole la razón al sector oficialista, así que me parece que el resultado es más político en el sentido que estuvo bien que la oposición tuviera una reunión extraordinaria pero que esta no pudo ser sostenida, digamos esa unidad de la oposición que va a contrariar que los otros poderes del Estado le hagan caso, digamos a esta asamblea extraordinaria. En términos prácticos creo que no le van a hacer caso y quedará como una declaración de orden político.
(C) Al ser este un conflicto político, ¿qué precisamente es lo que se busca desnudar de este nuevo Código Penal?
(RB) Lo primero yo creo que fue un triunfo político en el sentido de que la oposición fue por primera vez, reunida en el Congreso Nacional se pudo unir para decidir el nuevo rumbo del Código Penal, sin embargo, ya le hice el análisis del porqué ese destino jurídico no se pudo sostener en el tiempo. Para ser ratificado constitucionalmente se necesitaba una mayoría calificada y otra sesión que no la tuvo. Así que quedará como una mera declaración política que no va a tener efectos jurídicos prácticos, porque es evidente que la institucionalidad aliada con Juan Orlando Hernández, con el doctor que preside el Congreso Nacional, el Dr. Oliva y el Poder Judicial, estarán siempre alineados con la oficialidad, el gobierno, y no le harán caso a esta decisión que se tomó en una sesión extraordinaria.
Desnudan el pacto de impunidad, pero de ninguna manera se va a traducir en efectos prácticos que ya está vigente y está siendo utilizado por el Poder Judicial.
(C) ¿Qué cosas buenas, si las tiene, y qué cosas malas tiene este nuevo Código Penal?
(RM) Mire, el Código Penal en términos generales es un buen código, técnicamente hablando, a lo mejor lo malo es el origen, toda la discusión y toda la oposición que pudimos tener debieron haberse hecho en el momento en el que se discutía el nuevo penal, hace tres o cuatro años, esa discusión no se dio al interior del Congreso Nacional, por lo tanto, en el momento en el que se aprobó en mayo de 2019 ese nuevo Código Penal, pese a que no es un mal Código Penal, carecía de un principio fundamental que es la legitimidad. Qué es eso, es el sello de garantía de que la población lo acepta como bueno, al no haberse dado esa situación, ese Código Penal por eso está muy cuestionado.
(C) ¿Cómo interpretar los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado y cuál podría ser la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia?
(RB) Me parece que es importante y es la vía impugnativa correcta, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal, pero parece que se han desviado todos los argumentos sustantivos y adjetivos para que la Sala Constitucional decrete la inconstitucionalidad, sin embargo, nosotros creemos que la Corte Suprema y la Sala Constitucional—al estar aliadas con la oficialidad del Partido Nacional y tienen un pacto entre Juan Orlando Hernández, el doctor Mauricio Oliva y el Poder Judicial—no van a pasar y habrá que esperar un nuevo Congreso Nacional y nuevas fuerzas políticas para tener un buen Código Penal.
(C) Abogado, algunos son del criterio que uno de los puntos más delicados son la reducción de penas por fraude, malversación de caudales públicos y delitos de narcotráfico, ¿comparte usted esta opinión?
(RB) Efectivamente, hay que revisar toda la legislación del nuevo Código Penal referente a los delitos de corrupción, y algunas otras también modificaciones que sufrió la Ley del Tribunal Superior de Cuentas quitándole facultades constitucionales al Ministerio Público. Esto es todo un paquete que debe revisarse en un nuevo Código Penal, porque se debe mandar un mensaje contundente en el combate a la corrupción. Y también debe revisarse los castigos referentes a la violencia contra las mujeres. Son dos escenarios y dos cuerpos de materias que deben revisarse.
(C) ¿Cuál es el escenario que usted ve en el Congreso Nacional tomando en cuenta que estamos en un periodo de pandemia y que ya se acercan los periodos político-electorales?
RB) Yo creo que urge que el Congreso Nacional deje las sesiones virtuales, exigimos que, así como se va abriendo la economía, el Congreso Nacional debe hacer sesiones presenciales y debe dejar de estar aprobando cheques blancos al Ejecutivo, endeudando al país y tirándole más dinero al Poder Ejecutivo para crear más corrupción e incrementar la deuda pública. La oposición debe dar un ejemplo de unirse para frenar de alguna manera el pacto de impunidad para que, cuando sean las elecciones generales, esté toda la estructura que representa Juan Orlando totalmente debilitada y gradualmente lleguen a volcarse masivamente y se pueda sacarlo finalmente del poder.
