Por: Mario Cooper
La gobernabilidad ha sido uno de los grandes retos en nuestra región para la clase política, intelectual y académica, reflejándose en la inestabilidad de la democracia, en la fragilidad institucional y en la falta de continuidad de las políticas públicas, perjudicando la calidad de vida de la población, cuya prosperidad y felicidad debe ser el objetivo primordial de todo gobierno. Dependiendo de factores como de la calidad del liderazgo, procesos electorales y funcionalidad de los partidos políticos y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Por lo tanto, para hacer frente a esta emergencia sanitaria se requiere una gobernabilidad que fomente acuerdos para transformaciones institucionales y genere condiciones para que, tras la recuperación y ante futuras políticas de distanciamiento social, las instituciones continúen funcionando con mínima interrupción.
Sin embargo, América Latina y el Caribe (ALC) es una región con profundas grietas que han dificultado la gobernabilidad como la ineficacia política, de inutilidad gubernamental, falta de resultados claros y discutibles, promesas gubernamentales no cumplidas, niveles descarados de corrupción y la existencia de una batalla de propaganda que admite todo tipo de engaños y mentiras justificada siempre por la intensidad de la lucha por el poder. Entonces determinar qué tipo de gobernabilidad poseemos hoy se puede dejar a la perspectiva de todo ciudadano.
Antes de la llegada del Covid-19, ALC enfrentaba desafíos sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como medidas efectivas para permitir la generación de oportunidades equitativas, cambio de políticas para reducir las desigualdades, transformaciones institucionales para soluciones digitales, tolerancia a los derechos humanos y convivencia pacífica y seguridad ciudadana.
Así mismo, el Covid-19 ha expuesto las desigualdades en nuevas dimensiones. Afectando a todos independientemente de su raza, etnia, género u origen. Aunque sus consecuencias económicas y sociales de su impacto no son igualitarias, ya que son más severas para los más vulnerables. Estimando Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que cerca de 30 millones de personas en ALC podrían caer en la pobreza debido a esta emergencia sanitaria, ejemplificando así la fragilidad del crecimiento económico.
Con ello, las medidas de distanciamiento social se han expuesto nuevos desafíos de gobernabilidad y cohesión social en como los Estados enfrentan su falta de legitimidad y de confianza provocado por las crisis políticas e institucionales. Pero los ciudadanos ahora esperan que el Estado brinde servicios de salud, alivio, protección e incluso comodidad en este momento de incertidumbre. Enfrentando también a los peligros de la desinformación.
Para Jairo Acuña, líder de Equipo de Gobernabilidad de PNUD en ALC, ante esta pandemia, el sistema de salud público tiene todo el peso de respuesta, pero también las instituciones gubernamentales deben garantizar que se mantenga la ley y el orden, prevaleciendo el Estado de Derecho. Esto significa que la institucionalidad deberá fortalecerse para que sea más adaptable, para lograr así transformaciones colectivas y para la transición de proveer respuestas analógicas hacia soluciones digitales.
El profesor plenario y Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, Roberto Bouzas, admitió que el panorama incierto actual genera grandes dudas en sobre qué sistema internacional nos va a quedar. Coincidiendo con Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional de Harvard, quien ha afirmado que seremos testigos de la continuidad de las tendencias existentes y agravadas. Es decir, saliendo de esta crisis habrá una agudización de lo que hemos estado viendo en los últimos 10 o 15 años.
En cuanto al impacto que esta crisis tendrá en materia de gobernanza, Bouzas aseguró que existe una enorme demanda por cooperación y coordinación, lo que genera la necesidad de que surja un liderazgo que le dé forma, canales y herramientas al proceso necesario para satisfacer dicha demanda de manera adecuada.
El enfoque de PNUD para enfrentar esta pandemia se trata de preparación, respuesta y recuperación. La gobernabilidad posee un papel clave que desempeñar en estas etapas. Forjando acuerdos entre los actores para prepararse e implementar planes de respuesta y estrategias que sean inclusivas y estén bajo el eje del Estado de derecho. Pero por sobre todo, para que la amortización garantice que las instituciones sigan funcionando, la asistencia de socorro deba llegue a donde más se necesita y se fortalezca la paz y cohesión social.
Pero si la confianza hacia todas estas medidas es dañada durante esta emergencia, la legitimidad de los Estados se verá afectada. Cuando ésta se rompe, la estabilidad política sufre las consecuencias porque de esta dependen los planes de gobierno. Un Estado en crisis no puede velar por los intereses de sus habitantes, importándoles solamente su subsistencia, así, la gobernabilidad que debiera existir se convierte en inexistente, creando ingobernabilidad trayendo consigo caos, ilegitimidad y anarquía.
