El impasse hondureño: ¿Dónde está el dinero?

Por: Daniel Vásquez

Rodeado de policías y militares como le es característico, el presidente de la República confirmó el pasado 11 de marzo los dos primeros casos de Covid-19 en Honduras[1], sin dejar claro un plan de contingencia, la naturaleza de sus objetivos y alternativas, o los veedores del proceso de lucha contra la pandemia. Desentendiéndose de los conocedores en materia sanitaria, Hernández ha optado por entregar la gestión de la crisis esencialmente en manos de un incondicional círculo de miembros de su equipo de gobierno, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud (SESAL), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) e instituciones que en el vox populi, son hoy sinónimo de corrupción, como es el caso emblemático de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), de quienes nos ocuparemos al final de esta nota de prensa. Desde el primer aviso presidencial, los voceros de las instancias citadas se encargan de presentar cotidianamente datos referentes al avance de la pandemia, por medio de cadenas nacionales fuertemente cuestionadas por la opinión pública, y en muchos casos, objeto de mofa[2]. Como han insistido investigadoras nacionales en cuantiosos espacios, el gobierno actual se caracteriza fundamentalmente por la concentración de los poderes del Estado con el irrestricto apoyo de las Fuerzas Armadas, en medio de un panorama de inseguridad y de aumento de la corrupción[3].

Conforme a los estudiosos en el tema, la SESAL es el órgano rector de la sanidad en el país, encargándose de un 60% de los servicios públicos, seguido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en tanto ente administrador de los «recursos fiscales y los provenientes de las cotizaciones obligatorias» de sus miembros afiliados, ocupándose de un 12% de la sanidad pública. Le sigue un 10% que es administrado por el sector privado, en un país donde el 18% de la población no cuenta con acceso a la salud[4]. Por otra parte, COPECO es el resultado de una reforma al Consejo Permanente de Emergencias (COPEN)[5], fundado en 1973 durante la gestión reformista del militar Oswaldo López Arellano (1972-1975), fungiendo como ente responsable de la gestión de los desastres naturales en Honduras hasta 1990, año de su reforma en la administración de corte neoliberal del recientemente fallecido Rafael Leonardo Callejas (1990-1994)[6]. Ambas instancias adquirieron mayor relevancia tras el paso de los destructores huracanes Fifí (1974) y Mitch (1998). SINAGER, por su parte, fue constituido en 2009 por el gobierno golpista de Roberto Micheletti Baìn, pensado primordialmente como un organismo de apoyo para la gerencia de catástrofes, bajo coordinación de COPECO[7]. En un reciente estudio publicado por el Centro de Documentación de Honduras ha sido acertadamente señalado que los actores con relevancia en la gestión de la crisis se han desentendido de los consejos planteados por médicos («epidemiólogos, virólogos, infectólogos, neumólogos, cardiólogos, internistas[8]»), ingenieros y arquitectos[9], demostrando que dichas instancias responden a intereses políticos particulares y no en virtud de la tecnicidad requerida.

A causa de un mal manejo de la emergencia sanitaria, los contagios no han hecho más que aumentar, dando un saldo catastrófico. Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) se ha establecido un valioso «Monitoreo del COVID19 en Honduras»[10], donde leemos que el 11 de abril se reportaban «361 casos positivos, 25 personas muertas y 7 recuperadas» en 11 de los 18 departamentos del país; el 11 de mayo, se hace mención de «1,778 casos activos, 116 personas muertas y 206 recuperadas», en 16 departamentos. Exactamente un mes más tarde «se reportan 6,538 casos activos, 294 personas muertas y 837 recuperadas» en 17 departamentos. El 11 de julio se documentan «23,911 casos activos, 771 personas muertas y 2,901 recuperadas, en los 18 departamentos», y el 27 de julio, la cifra es de «33,536 casos activos, 1,166 personas muertas y 5,039 recuperadas». La mayoría de los 29 hospitales públicos (nacionales, regionales y de área) con que cuenta el país fueron fundados antes de 1980[11], y poseían condiciones mínimas de atención antes de la llegada del Covid-19. Los brutales testimonios de sus trabajadores y usuarios[12] demuestran los resultados de una política económica que ha priorizado el gasto militar por encima del presupuesto en salud (pasando respectivamente de 7,44% del presupuesto general del Estado en 2013 a 7,97% en 2020, y de 6,62% a 5,64% en el mismo periodo)[13]. La desgracia del sistema sanitario es igualmente indisociable de los sucesivos acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, promotores de una «disminución de la masa salarial» y la privatización de los servicios públicos. Como resultado, el horizonte de muchos de los titulados en medicina es la migración, calculándose la partida de 5,017 médicos entre 1996 y 2010[14]. De acuerdo con las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH), de 16 mil afiliados aproximadamente trece mil se encuentran actualmente desempleados, pese a la gravedad de la crisis[15]; por ello, las opiniones respecto a la llegada de médicos cubanos están divididas[16].

En este contexto, los centros urbanos más afectados, ubicados en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, seguidos actualmente por Yoro y Atlántida, se mantienen en estado de alerta. Teóricamente existe un toque de queda cuasi-absoluto a nivel nacional, en la práctica desafiado en masa. Ubicado al extremo oriente y sin conexión por carretera con el resto del país, el departamento de Gracias a Dios fue el último en contaminarse, en buena medida esto se debe a que su población ha sido históricamente relegada por el Estado, por lo que el contacto con el exterior es mínimo[17]. Los Pech, Tawahkas, y Garífunas que habitan parte del territorio ocupado por una mayoría de Miskitos, no cuentan de asistencia médica alguna. En lo que a esta región se refiere, el gobierno ha demostrado mayor interés en los arqueólogos extranjeros que promueven la recientemente localizada Ciudad Blanca para revistas como National Geographic, en lugar de adoptar medidas que den respuesta a las urgentes exigencias de los pobladores. Es allí, en las profundidades del país, donde según la presidenta del CMH la situación es más crítica: «no hay oxígeno ni energía eléctrica, volviendo imposible la supervivencia de alguien afectado por Covid-19[18]». En conferencia de prensa fechada el 6 de julio, las autoridades del CMH insistieron sobre la necesidad de que las autoridades pongan en marcha los planteamientos sanitarios emitidos el 26 de marzo por los médicos organizados, aún ignorados en su totalidad. Exigieron mejores equipos de seguridad condenando a la vez las irregularidades en las compras de material, que además de llegar incompletos, son inadecuados para enfrentar la situación actual[19].

Las reivindicaciones de los trabajadores de la salud han sido múltiples, de las cuales enumeramos algunas identificadas en el citado monitoreo del CESPAD[20]. El 4 de abril se registró la renuncia de 25 enfermeras sobre las cuarenta empleadas en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Encontramos exigencias demandando material de bioseguridad por parte del personal del IHSS de San Pedro Sula, y del Hospital Escuela de Tegucigalpa (13 de abril). El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS ha asegurado en reiteradas ocasiones que los datos brindados por SINAGER son lejanos a la realidad, argumentando que el número de contagiados es de lejos mucho mayor (24 de abril). Enfermeras anónimas han revelado ser objeto de hostigamiento por parte de vecinos que discriminan su labor con pacientes de Covid-19, recibiendo hasta amenazas de muerte (9 de mayo). El director del Hospital Escuela ha manifestado que el centro no cuenta con insumos médicos, camas, ni personal para atender la crisis como es debido (2 de junio). Desde el Instituto Cardiopulmonar del Hospital del Tórax se ha denunciado un abandono por parte de SINAGER (3 de junio). En el occidente, un conjunto de enfermeros ha sido expulsados por los propietarios de los apartamentos (5 de junio). Enfermeras del Hospital Escuela y del Hospital General San Felipe de Tegucigalpa han manifestado en favor de su seguridad y del respeto a los derechos laborales (15 de junio). El 23 de junio médicos indignados realizaron un plantón en el Hospital Mario Catarino Rivas exigiendo el material de seguridad adecuado. Se registra una denuncia el 2 de julio por parte de integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida, arguyendo incumplimiento del pago salarial por más de tres meses. El personal de salud contaba el 25 de junio con 1,221 contagiados por Covid-19, aumentando un 109% respecto al 7 de junio. De acuerdo con defensores de los derechos humanos, el Estado es responsable del fallecimiento de decenas de médicos a causa de la repartición de mascarillas ineficientes.

Múltiples sectores de la sociedad acompañan las críticas de la gestión gubernamental, los planteamientos se manifiestan principalmente en términos económicos, haciendo énfasis en la urgencia de permitir el comercio, o en favor de la activación de una compensación estatal. Es el caso de los empleados de las tabacaleras, del sector pesquero o de los vendedores ambulantes de diferentes regiones, quienes, junto a pobladores de municipios como Choloma en el norte o Marcovia en el sur, han optado por bloquear carreteras para plantear sus demandas. Cuantiosos empleados de las maquilas han presentado quejas respecto al incumplimiento de las medidas de seguridad, petición igualmente enarbolada por los familiares de los privados de libertad y de asociaciones preocupadas por el respeto de los prisioneros. Además de los empleados de la salud, los gremios mejor organizados en cuanto a la proyección de sus demandas han sido los transportistas y las funerarias. Entre el 4 de mayo y el 1 de junio se registraron plurales manifestaciones del gremio de transporte, optando por la manifestación pacífica, ocupando así en distintas ocasiones las carreteras de los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles, o ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Siguatepeque, pidiendo una compensación por las pérdidas ocasionadas por el toque de queda. Una respuesta gubernamental llegó el 4 de julio en forma de un bono electrónico, rápidamente rechazado por la Asociación de Taxistas de Honduras. Transportistas de equipo pesado, conductores de autobús y taxistas se han manifestado nuevamente a nivel nacional entre el 8 y el 25 de julio. Por su parte, la Asociación de Funerarias de Honduras ha denunciado desde el 17 de abril que el gobierno ha ignorando las demandas de apoyo para la gestión de los entierros especiales. Su presidente inculpó el 29 de junio a las autoridades de SINAGER por irresponsabilidad en el proceso de desinfección de los fallecidos, arguyendo que, de seguir siendo relegadas, muchas empresas funerarias se retirarán del mercado.[21]

En tal sentido, pobladores cercanos al cementerio Jardines de Los Ángeles y vecinos de la colonia La Era en Tegucigalpa han protestado contra la intención de construir fosas comunes en terrenos aledaños a sus hogares. En búsqueda de seguridad, vecinos de la colonia Kennedy de la capital han organizado las entradas de determinados bloques de su territorio. En cuanto a esto, la relegación de la población al espacio privado ha reactivado las denuncias contra la violencia doméstica. El Inspector de la Dirección Policial de Investigaciones informaba el 6 de mayo que, en el transcurso de la pandemia, 200 hombres habían sido detenidos por ese motivo. Conforme a datos del Ministerio Público, sólo entre el 17 y el 19 de mayo se registraron 651 denuncias presentadas por mujeres contra su pareja, repartidas ante todo en la zona norte y la capital. En consonancia con la coordinadora del movimiento feminista Visitación Padilla, en Honduras «ser mujer es de alto riesgo y si no se atienden las llamadas, pueda que la violencia se agudice[22]». La violencia es un factor decisivo para entender el fenómeno migratorio hondureño. Desde el inicio de la crisis, se han registrado centenares de retornados, deportados en su mayoría de Estados Unidos. Asimismo, nuevas caravanas de migrantes han sido organizadas en plena pandemia, con la salida de 300 personas de Choluteca el 2 de junio, y la partida de 70 personas de San Pedro Sula el 30 de junio, rumbo a Estados Unidos[23]. Según el más reciente sondeo de opinión pública de los jesuitas, el 40,2% de los encuestados «ha pensado o deseado irse del país[24]».

Los flujos de narcotráfico tampoco se han detenido. A tenor de observadores de la realidad nacional, cada día resulta más adecuado el apelativo de «Narco-Estado» puesto que el negocio de la droga ha logrado infiltrarse en todas las esferas de la economía y de la administración pública. Honduras pasa de ser un país de tránsito a convertirse en almacenador, consumidor y productor[25]. ¿Qué dice la prensa? El 3 de marzo se anunció la intervención policial de un «narco-laboratorio» instalado en medio de una «plantación ilegal de hoja de coca», en una comunidad del municipio de Iriona, departamento de Colón[26]. La mañana del 7 de abril dos empleados del Hospital Escuela de Tegucigalpa fueron detenidos por transportar 300 paquetes de marihuana en una ambulancia estatal[27]. El 21 de julio se informó sobre la incautación de 800 kilos de droga de una avioneta abandonada en el departamento de Gracias a Dios[28]. Otro fenómeno que no conoce interrupciones es la malversación de los fondos públicos. COPECO fue inculpada por la población el mes de abril debido a la compra sobrevalorada de televisores (10 por 70 mil lempiras) y percoladoras (10 por 40 mil lempiras). Su equipo tampoco fue ágil en el manejo de un hospital móvil, insípidamente instalado en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Pese a ser una de las regiones más afectadas, el Hospital cumplía un mes en desuso el 7 de mayo. Igualmente abandonados se encuentran 129 ventiladores mecánicos valorados en 47,5 millones de lempiras, que además de venir incompletos desde Estados Unidos, solo sirven «para el traslado de pacientes o atención intermedia, por lo que no son utilizados[29]».

El actor estelar de esta trama ha sido la instancia pública Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), que surge en 2014 como mutación de la Unidad Implementadora del Programa de la Cuenta del Milenio, fundada en 2005. En una entrevista fechada el 13 de abril el director de INVEST-H, Marco Bográn, planteaba serenamente que desde oriente medio vendrían las estructuras para la construcción de hospitales móviles, por medio de un proveedor estadounidense, enfatizando que «se trata de 5 hospitales (desplegables en 10) de 91 camas cada uno[30]», comprados con fondos estatales por un precio de cuarenta millones de dólares. Primero fue anunciada la llegada de los hospitales para finales de mayo e inicios de junio, luego para inicios del mes de julio. El 22 de junio, circuló en la prensa local que Axel G. López, presidente de Elmed Medical, la empresa proveedora de los hospitales, había en realidad falsificado documentos propios de la empresa SDI Global LLC, fabricantes de este tipo de hospitales[31]. El director de esta última ha formalizado denuncias contra el guatemalteco Axel López. En conferencia con miembros del Congreso Nacional del 23 de junio, Bográn defendió su posición, asegurando la eventual llegada del material a Puerto Cortés, negándose en renunciar. Tres días después anunciaba su renuncia, para luego dar declaraciones ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal el 7 de julio. El caso sigue inconcluso. El 8 de julio, los directivos de INVEST-H comunicaron que para instalar los hospitales móviles se requiere la venida de 10 técnicos desde Turquía. La directora interina ocupó el cargo apenas 13 días, volviendo pública su carta de renuncia el 16 de julio. Ese mismo día, Radio América reveló una conversación entre la Secretaría de Finanzas y Bográn, en la cual ella aseguraba que las compras directas contaban con el visto bueno del presidente[32]. Los primeros dos hospitales llegaron el 10 de julio, dentro de los cuales venían 44 vaporizadores en mal estado[33]. Aún no se realiza un inventario completo del material proveniente en los contenedores, todo permanece en la incertidumbre, hasta le han querido bloquear el paso a la prensa, aduaneros y al propio Ministerio Público. No es solamente el caso de los hospitales que ha presentado irregularidades. De acuerdo con un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, también se sobrevaloraron mascarillas por un monto de 57,7 millones de lempiras, que además no son recomendadas para uso médico[34]. Antes de renunciar, Bográn firmó un contrato de 250 millones de lempiras para la adquisición de equipo de seguridad, sin fecha de llegada[35].

En medio de una crisis del Estado en su conjunto, muchos son los ciudadanos que se preguntan ¿dónde está el dinero? La doctora Suyapa Figueroa, dirigente de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, ha señalado recientemente que ese «rompecabezas de tragedia que trajeron desde Turquía» -que va ser montado por militares en ausencia de los citados técnicos extranjeros- no sirve «ni siquiera de refugio, mucho menos de hospital[36]». Decenas de familias se encuentran actualmente desalojadas, durmiendo en las calles, pidiendo comida en los semáforos; otras decenas han fallecido en camino o en las afueras de los centros de salud. Desde el 18 de julio se encuentran desaparecidos tres líderes garífunas y el presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz, quienes fueron secuestrados de su casa de habitación por hombres armados, vestidos con el uniforme de la Dirección de Investigación Policial. Mientras tanto, los profesionales de la política no han encontrado mejor solución que salir a pedir el voto para las elecciones primarias y generales de 2021. Frente a la inoperancia estatal, la acción colectiva bajo directrices médicas es una alternativa para salvar vidas en el contexto actual de pandemia mundial.

 


[1] Redacción, «Coronavirus: Cronología del Covid-19 en Honduras, casos y medidas adoptadas», Tegucigalpa, Diario El Heraldo, 06 de abril de 2020.

[2] Fundamentalmente información sobre el número de pruebas realizadas (positivas/negativas), los nuevos casos, los fallecimientos, los recuperados y la repartición de los hospitalizados (estables/graves/unidad de cuidados intensivos).

[3] Salomón, Leticia, «La democracia hondureña en un contexto de inseguridad, corrupción y control autoritario de la insatisfacción social», trabajo presentado en el coloquio internacional «América Central 1979-2019. De la revolución sandinista a la caravana de migrantes», Ciudad de México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 6/11/2019.

[4] Carmenate, Lino, Herrera, Alejandro y Dany Ramos, «Situación del sistema de salud en Honduras y el nuevo modelo de salud propuesto», Archivos de Medicina, Vol. 12, No. 4, 2016, p. 2.

[5] COPECO, «La evolución histórica de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO»:

http://www.copeco.gob.hn/?q=que-es-copeco

[6] El expresidente nacionalista murió en Estados Unidos el 4 de abril pasado, donde cumplía arresto domiciliario por afiliación ilícita en el caso FIFAGATE. La repatriación del difunto fue objeto de crítica entre los internautas.

[7] República de Honduras, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, No. 32,098, 26 de diciembre 2009, p. 10.

[8] Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Alerta Ciudadana. Honduras y la pandemia: Sin timonel, sin capitán y a la deriva en un mar de corrupción y cinismo, Tegucigalpa, CEDOH, 28 de julio 2020:

https://bit.ly/39DHpmH

[9] Redacción, «Colegio de Ingenieros y Arquitectos exige informe detallado de compras de hospitales», Tegucigalpa, Diario La Tribuna, 2 de julio 2020: https://bit.ly/2X0oxcH

[10] Con un total de 112 entradas entre el 3 de abril y el 26 de julio, disponibles en: https://cespad.org.hn/category/covid-19/

[11] Carmenate, Lino et al., op., cit., p. 2.

[12] Expediente Público, «Honduras apuesta a los seguros y servicios privados, en detrimento de la salud pública. I de III», 14 de julio 2020: https://bit.ly/2X7zucp

[13] Expediente Público, «La salud pública en Honduras, desdibujada y desmantelada en el gobierno de “la vida mejor”», 21 de julio 2020: https://bit.ly/2X3ahju

[14] Carmenate, Lino et al., op., cit., p. 4.

[15] Redacción, «Unos 13 mil médicos desempleados en Honduras pese a pandemia, lamenta el Colegio Médico»», Proceso Digital, 22 de julio 2020: https://bit.ly/33gTkpJ

[16] Diez y seis miembros de la Brigada Médica Cubana (BMC) parte de la Brigada Especial Internacionalista Henry Revee llegaron al país el 19 de abril. A propósito del tema, se pueden consultar provechosamente las reflexiones de Samuel Farber en «Los médicos cubanos en el exterior», Revista Nueva Sociedad, Opinión, junio 2020:

https://www.nuso.org/articulo/medicos-cuba/

[17] El lector encontrará abundantes similitudes de su situación actual en las observaciones realizadas hace 93 años por Eduard Conzemius en «Los Indios Payas de Honduras, Estudio geográfico, histórico, etnográfico y lingüístico», Journal de la Société des Américanistes, Tome 19, 1927, p. 245-302.

[18] Radio América, «Entrevista con la Doctora Suyapa Figueroa», 21 de julio 2020. Médicos de la zona anunciaron a la prensa local el 22 de julio que sus reservas de oxígeno estaban por terminarse.

[19] LTV Honduras, «CMH exige equipo de bioseguridad de calidad para personal de salud», 6 de julio 2020: https://youtu.be/sF-R-YqK7Co

[20] Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), «Monitoreo del COVID19 en Honduras».

[21] Centro de Estudio para la Democracia, op., cit.

[22] Redacción, «Lamentan que mujeres hondureñas se enfrentan al coronavirus y la violencia doméstica», Tegucigalpa, Confidencial Hn, 15 de abril 2020: https://bit.ly/2Dbg3bA

[23] CESPAD, op., cit.

[24] Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Sondeo de Opinión Pública, Décima edición. Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2020, El Progreso, Yoro, ERIC-SJ, Julio 2020, p. 17.

[25] Meza, Víctor, «El Narco-Estado», Tegucigalpa, Criterio Hn, 05 de mayo 2020

[26] Redacción, «Desmantelan «narcolaboratorio» en el Caribe de Honduras», Honduras, San Pedro Sula, El País, 3 de marzo 2020: https://bit.ly/2DhKLQt

[27] Redacción, «Supuestos pandilleros llevaban 300 paquetes de droga en ambulancia del Estado», Tegucigalpa, Diario La Prensa, 7 de abril 2020: https://bit.ly/2Xb7tRn

[28] Aguilar, Victoria, «Trasladan a Tegucigalpa más de 800 kilos de droga hallados en narcoavioneta», Honduras, Tiempo Digital, 21 de julio 2020: https://bit.ly/2X5eJ0P

[29] Redacción, «Monitoreo del COVID19 en Honduras: 23 de julio del 2020»: https://bit.ly/313QJwi

[30] Frente a Frente con Renato Álvarez, Canal 5, Tema: Pandemia y transparencia, Tegucigalpa, 13 de abril 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=XGvTD3ntqK4

[31] Redacción, «Proveedor de hospitales móviles falsificó registros de fabricante con el que había cotizado», El Pulso, 22 de junio 2020: http://elpulso.hn/?p=44954

[32] Redacción, «(AUDIO) La reveladora comunicación de ministra de Finanzas a Marco Bográn», Proceso Digital, 16 de julio 2020: https://bit.ly/39GlriV

[33] Redacción, «Monitoreo del COVID19 en Honduras: 25 de julio»: https://bit.ly/2PdrgLj

[34] Consejo Nacional Anticorrupción, «La corrupción en tiempos del Covid-19, parte II: La historia de cómo INVEST-H adquirió las «más-carías» N95», Tegucigalpa, CNA, 27/4/2020: https://bit.ly/3jMv0BP

[35] Redacción, «Marco Bográn firmó millonario contrato con empresa china previo a renunciar», Tegucigalpa, Diario El Heraldo, 27 de julio de 2020: https://bit.ly/3jRHCHD

[36] Confidencial Hn, entrevista con Suyapa Figueroa, Tegucigalpa, 29 de julio de 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=nbbzvWkx6zE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.