RNP aún no logra encausar la inexistente democracia en Honduras

El Estado hondureño ha pactado millonarios préstamos, pero el órgano electoral no ha logrado despegar 

Tegucigalpa. – Las prácticas irregulares y el irrespeto a la voluntad popular, ha orillado al Estado de Honduras a presupuestar millonarios fondos provenientes del erario nacional y de préstamos internacionales, sin embargo, pasan los meses y las promesas y planteamientos, especialmente del Registro Nacional de las Personas (RNP), siguen en el aire.

Uno de los atrasos, ha sido atribuido a la pandemia de la Covid-19, mediante la ejecución del proyecto Identifícate, cuyo objetivo principal es la emisión de una nueva tarjeta de identidad y la creación de un nuevo Censo Nacional Electoral. El inicio de este proyecto estaba previsto para el 15 de marzo pasado, pero debido al estado de excepción se prolongó y apenas está comenzando, con el proceso de enrolamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad.

Mientras el calendario electoral avanza y se acerca la fecha de la convocatoria a las elecciones primarias del 14 de marzo de 2021, los hondureños siguen con la incertidumbre de si contarán o no con un nuevo documento de identificación y un nuevo Censo Nacional Electoral.

La convocatoria a las elecciones primarias se realizará de acuerdo con el calendario electoral el 14 de septiembre, fecha en que el RNP deberá entregar a cada partido político el Censo Nacional Electoral preliminar y que deberá perfeccionar en diciembre al entregar el censo definitivo.

Junta de intervención: contubernio para jugadas políticas

Las juntas interventoras se han convertido en la estrategia de control implementada en los últimos 11 años de la administración estatal a cargo del Partido Nacional de Honduras. Durante ese periodo Criterio.hn pudo constatar el nombramiento de más de 20 juntas de intervención en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entre estas la del Registro Nacional de las Personas.

El RNP es la institución que tiene a cargo el registro de todos los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión de documentos de identificación y los medios necesarios para su participación en la vida ciudadana y política del país.

El 25 de septiembre del 2018 el Congreso Nacional de Honduras juramentó de forma indefinida a la Junta Interventora del RNP, conformada por cinco miembros: tres propietarios y dos suplentes, todos representantes de cinco de los ocho partidos políticos con representación de diputados en el Poder Legislativo.

Rolando Kattán del Partido Nacional (PN), fue juramentado como comisionado presidente y como comisionados propietarios, Roberto Brevé del Partido Liberal (PL) y Óscar Porfirio Rivera Inestroza del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Mientras que Roberto Montenegro Girón del Partido Alianza Patriótica y Gonzalo Alberto Fuentes Mejía del Partido Democracia Cristiana (DC), fueron juramentados como comisionados suplentes.

Millonario presupuesto

De entrada, la Junta Interventora inició sus operaciones con la acreditación diez millones de lempiras (L.10.000,000.00) por parte de la Secretaría de Finanzas, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, pero además se contempló que “en caso de requerirse más recursos, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas queda autorizada para hacer las estimaciones y transferencias correspondientes”.

Nueve meses después de la instalación, la Junta Interventora  inició junto al Congreso Nacional la discusión de un paquete de cinco reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas, entre las que destacan la compra directa de un sistema de datos por 7.5 millones de dólares (unos 184 millones de lempiras), para sanear el censo electoral y emitir un nuevo documento de identificación a los hondureños, y la creación de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) por un periodo de cinco años pudiendo prorrogarse por un periodo igual.

Las reformas fueron aprobadas casi por unanimidad a excepción de los diputados del Partido Innovación y Unidad (PINU), quienes fueron acusados de oponerse al saneamiento del censo electoral. El PINU es uno de los tres partidos políticos con representación en el CN que no tienen represéntate en la Junta Interventora.

En referencia, la jefa de bancada del PINU-SD, dijo a Criterio.hn que la oposición a la aprobación al paquete de reformas va en consecuencia con las claras posturas de su partido, “apoyar las reformas era traicionar nuestras convicciones y nuestros discursos, para tener democracia verdadera se necesitan instituciones técnicas y apolíticas, no podemos ser más de lo mismo, pues el pueblo hondureño no se lo merece”.

La diputada mencionó que las reformas hechas en el 2019 son cuestión de forma y no de fondo, con interés preciso en dar cuotas de poder a los aliados del oficialismo y poder con ello continuar en el mismo camino donde nos encontramos.

“Una reforma de fondo, por ejemplo, buscaría la segunda vuelta en las elecciones, o el mandato revocatorio a mitad del periodo para poder con ello quitar a las personas que no hacen las cosas bien y la función a los intereses de los gobernados. Y por qué no hablar de la reducción de diputados en el Congreso Nacional, esos son temas que merecen reformas y no las distribuciones de cuotas de poder político”, cuestionó Gutiérrez.

Contratación directa de empresa de software

A pocos días de la aprobación del proceso de compra directa por parte del CN, la Junta Interventora del RNP contrató los servicios de la empresa internacional de informática Oracle, para proveer servicios y software para el sistema de identificación nacional.

Según el convenio entre RNP y la empresa contratada, la información personal de los ciudadanos hondureños registrados estará protegida con tecnología de punta a través de la infraestructura y plataformas en la nube de Oracle, que brindará al RNP un centro de datos y plataformas de servicio e interoperabilidad que cumplen con todas las normas internacionales requeridas para una institución de seguridad nacional.

Otro punto importante es la utilización de plataformas e interoperabilidad con instituciones públicas y privadas, la automatización de los procesos de negocio del RNP y un portal de servicios móviles, esto como parte de un movimiento estratégico para mejorar el servicio a la ciudadanía.

En el mes de julio de 2019, dos meses después de la aprobación de la contratación directa por parte del Congreso Nacional a favor de la empresa internacional Oracle, se anunció “Identifícate” un proyecto liderado por el RNP, con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que consiste en la creación de un nuevo registro digital biométrico de personas y la producción de nuevos documentos de identificación. Este proyecto tiene un costo de $ 70,775,453, el equivalente a más de 1,740,000,000 lempiras, de fondos nacionales y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El resultado esperado de Identifícate, es mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso de modernización del documento nacional de identificación a través del enrolamiento masivo de personas en Honduras, que incluye la adquisición a gran escala de equipos, materiales y servicios conexos para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños en el territorio nacional y que estarán en edad de votar en el proceso electoral 2020-2021.

Identifícate, contempla la creación de un nuevo Censo Nacional Electoral, para lo que se requiere la adquisición, entre otros, de un nuevo software de enrolamiento, distinto al comprado a Oracle. De acuerdo con el convenio del proyecto No.00118949, con fecha de inicio 19 de julio de 2020, se ordena la compra de un software biométricamente compatible a las huellas dactilares y escáneres al igual que los utilizados por el FBI dentro de una línea presupuestaria general para el enrolamiento que supera los 5 millones de dólares

En la propuesta de proyecto, el PNUD acoge los insumos presentados por la Junta Interventora a los que denominaron “riesgos para el logro de resultados”, planteados en nueve ítems de los cuales cuatro llaman la atención y que se traducen en lo siguiente: falta de personal técnico requerido para la implementación del proyecto y para la transmisión de capacidades, falta de software y conocimientos técnicos, falta de infraestructura necesaria incluyendo el centro de datos principales, bodegas para la recepción y preparación de kits de enrolamiento, y la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas para apoyar el enfoque del RNP.

Curiosamente los riesgos planteados no concuerdan con el informe-diagnóstico presentado por la Junta Interventora que señala la duplicidad de puestos e incluso, posteriormente, se presentó un nuevo informe de avances con logros en la depuración de planillas de salarios.

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Por otra parte, el contrato con Oracle contempla la licencia para despliegue ilimitado, servicios de soporte avanzado, administración de la nube servicios de consultoría para el sistema de identificación, servicio de educación y servicio social media para el RNP durante 37 meses.

Además, en el informe inicial la Junta Interventora, detalla el descuido en infraestructura a nivel nacional, pero en los riesgos del programa identifícate la Junta Interventora asegura no contar con la infraestructura necesaria.

En febrero de 2020, se firmaron 76 contratos por arrendamiento de infraestructura que pertenecen a las 317 oficinas para el funcionamiento de las oficinas del RNP, de las cuales solamente tres son propiedad de la institución que operan en los 298 municipios del país.

Finalmente, el riesgo por falta de acuerdos políticos en el Congreso Nacional no concuerda con las recientes acciones ejecutadas entre ese poder del Estado y la Junta Interventora, que ha aprobado paquetes de reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas de manera casi unánime al igual que la misma elección de la Junta y la reciente aprobación en junio de reformas a la ley del RNP para la exoneración de toda clase de impuestos para la generación de la información biométrica.

Informes

La misión de la Junta Interventora era la implementación de un proceso de reestructuración, mejoramiento y optimización administrativa, técnica y gerencial del RNP, de igual manera la depuración del Censo Nacional Elctoral.

El Decreto No. 103-2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 10 de octubre del 2018, argumenta que la juramentación de una Junta Interventora obedece a las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego del proceso electoral de noviembre del 2017.

Las recomendaciones dadas, señalaron la necesidad de establecer un proceso de actualización y auditoría sobre el Registro Civil que maneja el Registro Nacional de las Personas y que sirve de base para el Censo Nacional Electoral.

Dos meses transcurridos de su nombramiento, la Junta Interventora presentó su primer informe sobre irregularidades a lo interno del RNP, y en una especie de diagnóstico institucional, los interventores resaltaron falencias operativas, entre las que resaltaron: la duplicidad en puestos, nepotismo en la contratación general de familiares hasta en el primer grado de consanguinidad, aumentos selectivos, negligencia en compra directa de papel de seguridad para emisión de documentos y el descuido en las instalaciones físicas donde operan las oficinas de atención al público.

En enero de 2019, la Junta Interventora rindió un informe sobre los 100 días de trabajo ante el pleno del Congreso Nacional, detallando los avances en la tecnificación a través de la aplicación en teléfonos móviles para verificación de datos y el inicio de la despolitización a lo interno del RNP.

Cuatro años con “cero fortalecimientos institucionales”.

De acuerdo con la información presentada por la Unidad de Auditorias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el presupuesto de egresos aprobado al RNP, para el ejercicio fiscal 2017, fue de 459.1 millones de lempiras (220.3 millones de lempiras menos que el periodo fiscal anterior), financiados de la siguiente manera: 435.6 millones de lempiras con fondos del Tesoro Nacional y 23.5 millones de lempiras con recursos propios, provenientes de la emisión de documentación registral.

Entre tanto, el presupuesto de egresos se amplió en 391.7 millones de lempiras, provenientes de fondos nacionales y fondos propios. Para el año fiscal 2018, fue de 558.6 millones de lempiras (99.5 millones de lempiras más que el periodo fiscal anterior), financiados de la siguiente manera: 454.7 millones de lempiras con fondos del Tesoro Nacional, y 103.9 millones de lempiras con recursos propios, provenientes de la emisión de documentación registral.

En el año fiscal 2019, el presupuesto fue de 529 millones 721 mil lempiras con 51 centavos, adicionales a los 1,740,000,000 lempiras del proyecto Identifícate a ejecutarse en los años 2019 y 2020.

En masa salarial se va el dinero

En octubre de 2019 el comisionado permanente representante del Partido Liberal, Roberto Brevé Reyes, dijo que el 84 % del presupuesto asignado al RNP se gastaba en salarios de empleados y apenas el 16 % para dotar de equipos, mobiliarios y otros artículos necesarios, a los más de 300 registros civiles diseminados en el territorio hondureño.

En septiembre del 2018, un mes antes de la llegada de la Junta Interventora al RNP, la planilla de salarios a empleados permanentes superaba los 12 millones de lempiras, incluido el pago del sueldo del director general por 90,200 Lempiras, mas 15,000 lempiras por concepto de dietas.

El subdirector técnico y el subdirector administrativo tenían un salario de 85,200 lempiras, más 15, 000 dietas mensuales, es decir, cien mil 200 lempiras, cada uno.

Para el 2019, la planilla correspondiente al mes de septiembre superó los 13 millones de lempiras con 66 empleados menos y al igual que en el año 2018 se realizaron pagos por concepto de las planillas especiales de empleados interinos.

En la planilla de pagos de empleados permanentes de enero del 2020, se detalla el salario de 180 mil lempiras para los tres comisionados permanentes y de 105 mil lempiras para los dos suplentes.

En teoría los presupuestos fiscales desde la llegada de la Junta Interventora han disminuido, pero en la práctica se han incrementado con fondos adicionales adquiridos mediante préstamos nacionales. (Ingrese desde aquí al Portal Único de Transparencia del RNP).

En la segunda entrega de la presente investigación se detallará la duplicidad de funciones, la venta de la soberanía a través de la base de datos y los indicios de favoritismo en la adjudicación de licitaciones en el marco de la puesta en marcha del proyecto Identifícate.