Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Durón sostiene que la situación es difícil por el incremento de la pandemia y que el párrafo final del artículo 112 del Código del Trabajo delega las facultades de la toma de decisiones al Poder Ejecutivo. Sin embargo, a su juicio, las autoridades deben crear las alternativas para que todos los trabajadores afectados reciban los 6,000 lempiras mensuales establecidos en el Decreto 33-2020 o Ley de Alivio al Sector Productivo y de los Trabajadores.
Sostuvo que todos los sectores deben buscarle una salida integral a la situación y aclaró que los trabajadores no han acordado una ruta para darles tratamiento a las suspensiones, las que consideró se han convertido en un problema jurídico.
Explicó, que la suspensión de contratos de trabajo se legaliza cuando el Ministerio del Trabajo hace la ratificación y que eso solo se da cuando termina el periodo. Reiteró, que la situación es de grave calamidad y que no se puede ampliar la suspensión sin pensar cómo se va a compensar a los trabajadores, porque una inmensa mayoría no recibe los seis mil lempiras del bono solidario.
Ejemplificó que países como España, han favorecido a sus trabajadores con salarios solidarios y que incluso en Centroamérica, El Salvador y Costa Rica están haciendo lo mismo, con salarios básicos familiares.
El lunes de esta semana, el secretario del Trabajo, Carlos Madero, anunció la ampliación por 120 días más del periodo de suspensión laboral autorizado a la empresa privada que, a mediados de marzo, cuando inició la pandemia de Covid 19, decidió suspender los contratos de trabajo para evitar pagarles a los trabajadores el tiempo de confinamiento decretado por el gobierno.
Datos de las centrales indican que, a razón de la determinación gubernamental, un aproximado de 200 mil trabajadores del sector formal fueron suspendido de sus puestos de trabajo y que durante cuatro meses dejaron de percibir sus salarios. El periodo finalizó este jueves 16 de julio y aunque Durón afirma lo contrario, las autoridades ya han oficializado una ampliación de dos meses más.
Madero justificó la medida en que la pandemia ha llegado a un punto grave y que si el plazo no se extiende las empresas tendrán que reintegrar o despedir a sus trabajadores. La decisión es alabada por los empresarios que, argumentando salvar los puestos de trabajo, se hacen un nudo y defienden esa medida.
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El prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan José Cruz, alabó la decisión porque según él, las empresas están sin generar los ingresos para pagar salarios, impuestos, compromisos bancarios y servicios públicos. Alegó, que las empresas se mantienen en iliquidez y una posible insolvencia, que a mediano o largo plazo podría provocar desapariciones.
Afirmó, que en el país entre 400 y 450 mil empleos están en riesgo y que la prolongación de la suspensión es una oportunidad para salvarlos.
Por su parte, Daniel Molina, gerente de empresas sostenibles del Cohep, sostuvo que es necesario salvar las empresas y que el 73 % de las medianas y pequeñas empresas están en situaciones difíciles por falta de operaciones.
Este dirigente de los empresarios asegura que para cumplir sus compromisos muchas empresas se han dedicado a rubros diferentes, como a fumigar casas o empresas, por ejemplo, “pero eso ocupa plata, conocimiento, asistencia técnica y cómo hacer eso después de 127 días sin recibir un centavo”, argumentó Molina.
“Pero por qué tenemos que estar encerrados”. Lo anterior fue expresado por el sacerdote católico, de origen italiano, Ferdinando Castriotti, presidente de la Fundación de Alivio del Sufrimiento, situada en la ciudad de El Paraíso, en el departamento del mismo nombre. Según Castriotti, los hondureños deben hacer la fuerza, abrir sus negocios y avanzar con coraje y con pasión por la vida.
Argumentó, que él también es empresario y que su fundación emplea a 200 personas que en toda la pandemia han llevado el pan a la casa. Y “yo no me siento capaz de decirle a mis empleados no vengan a trabajar porque no tienen el digito, ellos tienen que llevar el pan a sus hijos”, afirmó.
Este sacerdote católico, también es del criterio que las autoridades deben establecer medidas viables de bioseguridad que le permitan a la gente ganarse la vida, pero evitando el riesgo de contagios.
4 respuestas
Donde están las Centrales Obreras para proteger a este Gente,,,,,deberían de exigirle al gobierno que cambie de mentalidad esta llevando al país a la ruina
SI es que ya no lo estamos
Estamos en crisis crónica.
Los empresarios sólo en su situación difícil piensan, aja a la de nosotros los trabajadores suspendidos 10 meses sin un centavo,la eeh cobra,el Sanaa también,los bancos siempre lo topan a uno con los intereses, y con hijos pidiendo comida todos los dias. Eso es calamidad !
Por la corrupción