Por: Rodil Rivera Rodil
La energía eléctrica, como se sabe, es esencial para el desarrollo. Por ello, el gobierno tiene la ineludible obligación de garantizar a precios razonables su suministro a la población y al aparato productivo de la nación. La semana anterior, el Congreso Nacional aprobó dos contratos con la empresa Lufusa para el suministro de 310 megavatios a la ENEE, lo que significa que ésta seguirá dependiendo de los dueños de las plantas de energía térmica. O sea, de quienes se han convertido en los primeros super millonarios de Honduras haciendo cuestionados negocios con el Estado que nunca han sido investigados. Ello sin contar que en plena pandemia se han dedicado a chantajear al gobierno con cortes de luz para apresurar el pago de lo que les deben.
La deuda que arrastra la ENEE de más de setenta mil millones de lempiras ha pasado a ser el mayor problema económico y energético del país. Pero recordemos que las causas principales de su descalabro, como es ampliamente conocido, son la corrupción y la politización. Que para los fines prácticos viene a ser lo mismo.
Y la única solución que se le ha ocurrido al presidente Hernández ha sido la socorrida medida neoliberal de privatizarla, aunque solamente la comercialización y la distribución de energía. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que son las más rentables y porque los inversionistas interesados no quieren asumir las obligaciones de la institución. Por lo que las cuentas las deberá pagar el gobierno, vale decir, el pueblo hondureño.
En las dramáticas circunstancias que vive el país con el coronavirus y las pérdidas que está ocasionando, continuar con los planes de privatizar la ENEE y pagando cantidades multimillonarias por energía térmica y algunas renovables, únicamente puede calificarse de un absurdo o de un atentado contra los intereses nacionales, sino de algo peor.
Lo que cabe, para empezar, es recuperar el control de este renglón estratégico que el Estado de Honduras mantuvo durante casi cien años, desde la creación en 1897 de la “Empresa de Luz Eléctrica” por la Municipalidad de Tegucigalpa hasta 1993, cuando el régimen del presidente Callejas suscribió un contrato de compra de energía térmica con la compañía Elcosa de Puerto Cortés. El convenio, según explicó el gobierno, era estrictamente temporal para aliviar la emergencia energética surgida ese mismo año.
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En aquella época se dijo que la crisis se debió a una inexplicable negligencia de los funcionarios de la ENEE, pero más tarde se tuvo la certeza de que se había incurrida en ella en forma deliberada, precisamente, para iniciar el proceso de privatización que hoy estaría culminando. No olvidemos que el neoliberalismo en Honduras comenzó justo con la administración del licenciado Callejas.
Es indispensable, por consiguiente, devolver a la nación la producción de energía, renovable y no renovable, ya sea por la vía de la nacionalización o, al menos en una primera etapa, mediante la intervención de las empresas que la producen. Y no sólo para detener la inevitable corrupción, sino porque todo el sistema debe gozar de unidad gerencial, administrativa y operativa. El modelo híbrido, privado y público, ya demostró hasta la saciedad que, además de corrupto, es totalmente ineficiente. Si se privatiza, lo único que cambiará es que, en un breve plazo, la luz será mucho más cara para todo el mundo, para los particulares y para la empresa privada, porque así es que piensan sacarlo del atolladero.
Pero la ENEE tampoco puede seguir siendo manejada políticamente Por ello, debe ser transformada en una institución verdaderamente autónoma, de la que el gobierno no tenga el control sino únicamente la supervisión y la vigilancia, tal como la Comisión de la Verdad recomendó que se hiciera con los órganos de control del Estado. Y como en el pasado operó el Instituto Hondureño del Café, con excelentes resultados.
Pero también hay que hablar de la pandemia. Mientras aumentan sin cesar los muertos y los contagiados. Y la sociedad clama porque el gobierno se aparte y permita que se hagan cargo los que conocen del tema, los hondureños presenciamos, incrédulos, la última telenovela de Invest-H sobre los hospitales móviles. Nadie entiende exactamente lo que está pasando. Y yo tampoco. Veamos.
El Ministerio Público ha dicho que no puede proceder contra el ex director de Invest-H porque una de las tantas leyes de la impunidad que se han emitido le quitó esta potestad y se la pasó al Tribunal Superior de Cuentas, lo que ha sido desmentido por el ex fiscal Edmundo Orellana, Pero de pronto, sorpresivamente, los fiscales se lanzaron a una frenética investigación del caso. ¿Para qué? ¿Qué hará si encuentra pruebas suficientes?
Cabe, igualmente, preguntarse: va la fiscalía, o quien sea, a indagar el trasfondo de la nota que dio a conocer el periodista Edgardo Melgar, en la que la ministra de salud informa al Congreso Nacional que la orden para que el director de Invest-H comprara los hospitales provino directamente del presidente Hernández. Porque interesa saber si fue por eso que este señor no informó ni pidió permiso al Consejo Directivo para realizar la transacción y, además, se consideró autorizado para pagar por adelantado y sin ninguna garantía los 48 millones de dólares del precio total.
Pero sigamos. Por qué el presidente del Tribunal Superior de Cuentas rechazó la solicitud del Consejo Nacional Anticorrupción de excusarse de conocer del asunto por existir conflicto de intereses, a pesar de que la ley es absolutamente clara en cuanto a su inhabilidad por razones del parentesco que tiene con el ex director de Invest-H. ¿Quién le ha pedido o compelido a que se involucre, aunque sea ilegalmente
¿Por qué la Administración Aduanera de Honduras negó al ministerio público el acceso a los contenedores para inspeccionarlos tan pronto fueron descargados del barco que los trajo? Porque no es posible que desconociera que la ley le confiere a estas plenas facultades para hacerlo. ¿De dónde vino la orden para que esa dependencia violara la ley sin temor a la justicia? ¿Por qué Invest-H no había enviado a la Empresa Nacional Portuaria los documentos de los hospitales con la anticipación necesaria? Y cuándo, en fin, ¿van a salir los contenedores de la Portuaria? ¿Y cómo es que ahora los van a armar los militares, si lo único que “saben” es de agricultura?…
Y hay mucho más, pero ya no tengo espacio. En fin, que en torno al ex director de Invest-H se han acumulado mil y una sospechas y teorías, que ya no se limitan a su actuación durante la pandemia sino a toda su gestión desde que fue nombrado por el presidente Lobo en el 2011 y, curiosamente, mantenido en el cargo -y protegido- por el presidente Hernández. Digo protegido, porque este se resistía a destituirlo a pesar de las exigencias de diversos sectores de la sociedad civil y del propio Consejo Directivo.
No puede ser más claro que, como en el imperio romano que todos los caminos conducían a Roma, aquí todos llevan al presidente Hernández. Y eso explicaría, finalmente, la insultante arrogancia con que el ex director de Invest-H le aseguró al periodista Renato Álvarez que saldría bien librado de cualquier acusación. Y enseguida lo amenazó con que cuando eso sucediera lo obligaría a publicar disculpas diarias durante un mes por haber dado curso en su noticiero a las denuncias contra él.
Es bueno que la fiscalía, el tribunal de cuentas y quien más que sea que esté haciendo averiguaciones, sepan que tanto alboroto sin que resulte nada concreto puede ser contraproducente para todos ellos. La ciudadanía espera, por lo menos, un pronto requerimiento en los tribunales de justicia contra todos los responsables. No únicamente contra el ex director de Invest-H. Si eso no ocurre, seguramente percibirá que todo habrá sido otro show para, más bien, garantizarles la impunidad, como ha pasado en otras oportunidades.
¿Qué está pasando? Cómo es posible que, en lugar de atenuarse ante el sufrimiento de los hondureños por la pandemia, la corrupción esté alcanzando niveles descomunales. Será porque los corruptos saben que muy pronto tendrán que irse y quieren antes terminar de vaciar las arcas nacionales, aunque cueste la vida de centenares o miles de compatriotas.
Tegucigalpa, 14 de julio de 2020
