Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Honduras se enfrenta al escándalo de corrupción más grande de los últimos seis años, después del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el que líderes del gobernante Partido Nacional en alianza con empresarios extrajeron ilegalmente 6 mil 300 millones de lempiras y dejaron quebrada a esa institución. Hoy funcionarios del gobierno de ese mismo instituto político se ven involucrados en el robo de los fondos destinados al combate de la Covid-19.
Hasta hoy son muchos los informes que señalan la corrupción derivada de la sobrevaloración de precios en las compras de insumos de bioseguridad, equipos médicos, hospitales móviles, pruebas para detección del virus y hasta la contratación ilegal de familiares en la prestación de servicios.
Ante tal situación el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, informó sobre el supuesto robo de 680 millones de lempiras en la compra de siete hospitales móviles que fueron adquiridos por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) a la empresa Elmed Medical Systems INC. DBA Hospitales Móviles.
El empresario dice que hace unos días contactaron a un especialista en compras internacionales de Estados Unidos que les ayudó a conseguir cotizaciones de hospitales móviles en Turquía y el costo del hospital equipado en contenedores, en promedio por cama tiene un valor de un millón de lempiras y que INVEST-H pagó por cada cama 2 millones 500 mil lempiras.
“Si multiplicamos la diferencia por las 77 camas que compró INVEST-H nos damos cuenta que hay una sobrevaloración con respecto a la cotización que nosotros conseguimos de 680 millones de lempiras”, indicó el empresario. Reprochó, que no es posible que en medio de la pandemia y teniendo personas que se están muriendo en los hospitales por falta de insumos básicos, los funcionarios estén comprando materiales y equipos con precios sobrevalorados para beneficiarse o favorecer a terceros.
Barquero instó investigar el caso y llevarlo a los tribunales de justicia para deducirles responsabilidades a todos los involucrados, desde el más pequeño, hasta el de mayor poder.
Sostuvo, que inicialmente la CCIC integró la mesa de trabajo para el combate del virus, pero que, por la corrupción en el manejo de los recursos públicos, hace dos meses se retiró. “Cuando se dieron las primeras denuncias por la compra sobrevalorada de las mascarillas vimos que era inadecuado estar sentados con un gobierno que no quiere demostrar honradez, transparencia y eficiencia, al momento de manejar los recursos públicos”, expresó el líder empresarial.
En marzo pasado INVEST-H contrató por 47 millones 500 mil dólares la compra de siete hospitales a través de órdenes de compras directas con la empresa Elmed Medical Systems INC. DBA Hospitales Móviles, señalada por diversos sectores de no tener la capacidad para cumplir con este contrato, que el entonces director de INVEST-H Marco Bográn, pagó en un 100 % sin las garantías de calidad y de entrega.
Aparte de la sobrevaloración denunciada por los empresarios y otros sectores sociales, la entrega de los hospitales está en la incertidumbre, en el momento en que Bográn ya ha sido obligado a renunciar de su cargo.
Las autoridades dicen que el 15 de julio llegarán los primeros dos hospitales a instalarse en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero nadie menciona los otros cinco hospitales que supuestamente serían instalados en otra ciudades, como La Ceiba Atlántida, Santa Rosa de Copán y Danlí, El Paraíso.
La compra de estos hospitales también ha sido criticada por el director Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa, (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, quien ha manifestado que Marco Bográn fue irresponsable al contratar a esta empresa que no llega a ser ni de maletín. Hernández asegura que Elmed Medical no tiene la mínima capacidad de producir y que su represente, Axel López, es perseguido por la justicia de otros países por estafa y hasta por no pagar sus tarjetas de crédito.
Recusarán a magistrado del TSC
El Director de Investigaciones de la ASJ, Lester Ramírez, informó que en la próxima semana estará presentando una denuncia para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigue si los términos de la contratación de estos hospitales móviles, realizada por el director de INVEST-H Marco Bográn Corrales, están o no dentro de los parámetros legales aceptados.
Ramírez dijo que es el TSC el ente llamado a hacer las investigaciones legales y que son los auditores de esa institución los que deben determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. Antes esta era una función exclusiva del Ministerio Público, pero en octubre del 2019 los diputados del Congreso Nacional, excepto las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y del PINU, aprobaron un nuevo “pacto de impunidad”, en un paquete de medidas que limitan al Ministerio Público en la investigación penal de los casos de corrupción.
Los diputados del ala oficialista, en su mayoría acusados por defraudar el fisco, determinaron que mientras el TSC no se pronuncie mediante un informe, sobre la investigación de casos contra diputados, funcionarios del gobierno y ONG’s, el Ministerio Publico no puede investigarlos ni acusarlos en los tribunales de justicia.
Ante tal situación Ramírez dijo que la denuncia que presentarán ira enfocada a la investigación de los aspectos legales y técnicos. Y asegura que la ASJ estará pendiente de lo que ocurra dentro del TSC para garantizar la justicia que los hondureños merecen sobre el tema.
Recusarán a JJ Pineda
Ramírez adelanto, que en su escrito también solicitará la recusación de Juan José Pineda, magistrado del TSC que a su juicio no debe conocer las denuncias y las investigaciones del caso por el conflicto de intereses que representa. Además, dijo que estará pendiente para que los investigadores que designe el TSC no sean escogidos del montón de gente que Pineda ha enchambado en esa institución, “para hacer cosas amañadas”.
Afirmó, que la denuncia será contra Bográn, como representante legal de INVEST-H, pero que los investigadores tendrán que identificar todos los vínculos y ampliar el caso. “Lo que pasa es que van a llegar a la Casa Presidencial y allí es donde comienzan a ponerle, pero a la investigación, van a decir que no tienen recursos y que el Covid no les permite investigar”, auguró Ramírez.
Para él, en este caso muchos funcionarios quedarán impunes y la investigación será peor que la del Seguro Social, donde todas las diligencias se realizaron en torno a Mario Zelaya, pese a que en aquel tiempo la gente salió a movilizarse y exigió el encarcelamiento de los responsables. Añadió, que, en este momento de pandemia, la gente está guardada y los funcionarios están felices y seguros que no habrá más presión que la de redes sociales, que es mínima.
Para la investigación del caso del Seguro Social la presión fue tan grande, que obligó al gobierno a permitir la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que años después cuando se vieron afectados en sus intereses la demolieron los mismos creadores del Pacto de Impunidad.
Según Ramírez solo el compromiso de la sociedad civil, de los medios de comunicación y la comunidad internacional pueden en este momento empujar a que haya castigo para los responsables de las compras amañadas de la pandemia. Reflexionó, que el empresariado ya se está desmarcando y que el gobierno ha perdido poder quedándose únicamente con los militares que lo sostienen.
Un comentario
La realidad de la situación es complicada porque no necesitábamos los hospitales móviles sino hospitales estratégicos hechos por la mano del hombre, ya todos se beneficiarían con el trabajo para la construcción de hospitales en diferentes lugares de la República de Honduras, obreros, transportistas, ingenieros, arquitectos, casa comerciales que venden equipo medico y todas las personas que intervienen en la construcción de este tipo bienes que forman parte del engranaje estatal.