Por: Javier Enrique Suazo/alainet.org
“Prioridad uno, desarrollar el agro nacional. Es el “Corredor Seco” que les dará de comer a todos ustedes compatriotas”. Juan Hernández mandatario de Honduras
Honduras cambió radicalmente el rumbo de la política agrícola a inicios de los años 90s, con el llamado programa de ajuste estructural agrícola, sustentado en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), llamada también Ley Norton, en honor al economista Roger Norton, principal ideólogo y contratado por USAID para asesor al gobierno de Honduras en apoyar el proceso de reforma del sector.
La LMDSA sigue todavía vigente, y ni Mel Zelaya (2006-junio de 2009), ni Pepe Lobo (2010-2013) pudieron derogarla; más aún, dieron señales positivas para impulsar importantes cambios a la misma, especialmente lo referido a tema agrario, política crediticia, precios de garantía, control y regulación de uso y explotación de los recursos naturales, bosque y fuentes de agua principalmente.
Entre los problemas de fondo de la política agrícola, legislación e institucionalidad vigente, destaca la reconcentración y mal uso de la tierra. Ha habido una regresión en el tema agrario, al cercenarse la reforma agraria como instrumento de desarrollo y justicia social en el campo, y permitirse la venta de las tierras por las cooperativas y grupos campesinos; pero también facilitar un proceso de degradación del movimiento campesino, donde varios de sus dirigentes instauraron un “liderazgo” autoritario y corrupto de espaldas a sus bases. Ello permitió que la tierra volviera a antiguos y nuevos dueños, y se aumentara la pobreza, inseguridad alimentaria y migración. Para los campesinos y campesinas, el principal activo productivo es la tierra, ya que no solo sirve para producir alimentos y hortalizas, sino también como esatus social y político, en tanto les brinda una mayor protección y reconocimiento social y económico. A ello se debe que la LMDSA dejará abierta la ventana del sobre techo agrario para permitir que los campesinos (s) pudieran seguir accediendo a tierra productiva, en tanto parte de la tierra en poder de terratenientes y empresas extranjeras excedía los límites permitidos por la Ley de Reforma Agraria de 1970.
La falta de aplicación de este articulado por los gobiernos, es lo que ha vuelto inoperante la Ley Agraria de aquella fecha y la propia LMDSA, ya que se autoriza a los terratenientes y empresas poder proteger el sobre techo, presentando un proyecto de inversión a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) para que les otorgue un certificado de inafectabilidad de las tierras en sobre techo agrario, aunque muchos de estos proyectos no existen ni la propia SAG tiene un sistema de monitoreo y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de producción agrícola de los mismos, y uso eficiente de la tierra protegida con el certificado.
En el marco de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de aprobar un decreto ejecutivo que permite que todas las tierras nacionales o ejidales no cultivadas y pertenecientes al Estado, campesinos y comunidades étnicas, puedan ser arrendadas por el Estado a particulares por un periodo de 20 años, prorrogables a 10 años más, pagando estos 100 lempiras por manzana (4 dólares por manzana) anual, y destinarlas a la producción de alimentos, especialmente granos básicos. El articulo N. 4 autoriza a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de quince (15) días, en conjunto con las demás instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con el tema de tierras a crear un registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agropecuaria no estén siendo utilizadas para este fin, estando en la obligación de revisar los contratos de arrendamiento o concesión que existieran a la fecha sobre dichas tierras y analizar si su uso y goce corresponde al fin establecido en el contrato correspondiente.
Para el destacado jurista Raúl Pineda Alvarado, este es un decreto inconstitucional, ya que viola la Constitución de la República en el tema de los derechos de acceso a tierra por la población y necesita su aprobación una mayoría calificada por el Congreso de la República, pero también los contratos son nulos para los próximos gobiernos, ya que estos PCM agrarios aprobados por JOH, comprometen los bienes del Estado a futuro. Incluso, se habla que la legislación perjudica la seguridad nacional, en tanto muchas de las tierras serán compradas por empresas de países vecinos, como ejemplo El Salvador, con el cual Honduras tiene todavía intereses “geoestratégicos” no resueltos. Otra pregunta que se formulan empresarios hondureños es ¿Qué pasa sin las tierras son adquiridas por empresas fantasmas propiedad de narcotraficantes o funcionarios corruptos que quieren deshacerse de dineros mal habidos?
Aquello de que el fin, producir alimentos, justifica los medios, compra de tierras por narcotraficantes y corruptos, no se justifica en este caso, y puede tener consecuencias insospechables incluso para el mismo Estado hondureño y funcionarios del gobierno.
Existe una gran cantidad de tierras en poder de terratenientes y empresas transnacionales no cultivadas, o cultivadas en forma ineficiente, como la ganadería extensiva. A lo mejor JOH y sus asesores en materia de diseño de políticas agrícolas, debieron empezar por poner a producir esas tierras, con la siembra de granos básicos, hortalizas y frutas. Es una mala política que el gobierno (s) arriende y eventualmente venda las tierras en su poder, para después, en momentos de crisis agraria y agitación social y política, volverlas a adquirir a un precio mayor y asignarlas a programas de reforma agraria popular o desarrollo agro—forestal.
La mayoría de los precandidatos de Libertad y Refundación (LIBRE) a la presidencia de la República, son del criterio que es fundamental un cambio profundo en el agro nacional y en las relaciones de tenencia de la tierra, ya que en las actuales condiciones no se puede aspirar a un cambio de matriz productiva con énfasis en la producción, comercialización y consumo de bienes que garantizan la seguridad alimentaria y disminuyen los riesgos de mayor pobreza extrema, cambio climático y migración. Lo mismo puede decirse de Luis Zelaya del Partido Liberal y Salvador Nasralla del partido Salvemos Honduras, que le apuestan a nuevas políticas agrarias donde un principio fundamental es garantizar el acceso equitativo a los activos productivos por los campesinos y campesinas.
Desde Ya, grupos defensores de derechos humanos, asociaciones de mujeres campesinas, organizaciones ambientalistas y dirigentes de los partidos de oposición, se declaran en alerta permanente por las violaciones de derechos adquiridos por los campesinos e indígenas, y preparan decretos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, cuando-supuestamente- el decreto en mención ya entró en vigencia y la Corte está de vacaciones.
Se ha dicho que el Covid-19 es también una nueva oportunidad para pensar el desarrollo agrario, pero en el caso de Honduras, parece ser que es todo lo contrario, ya que margina a los campesinos y pueblos étnicos de ese pensamiento alternativo y del acceso al principal activo productivo. Estos actores fueron los mayores perdedores con la aprobación de la LMDSA y leyes conexas, caso de la ley de minería, pero hoy también lo son, pero a diferencia del pasado, los ganadores no son muy visibles y juegan sin reglas claras y antidemocráticas; juegan una especie de “potra” sin arbitro o con arbitro comprado.
