El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó una evaluación, desde la perspectiva de los estándares de transparencia fiscal, de los planes para atender la crisis y la emergencia causada por el impacto de la pandemia del Covid-19 en Centroamérica. Los resultados de este ejercicio revelan disparidad en los grados de transparencia de los planes de emergencia que los gobiernos centroamericanos están implementando, por lo que formuló recomendaciones para facilitar el acceso a la información pública y permitir la veeduría y auditoría social adecuadas.
Por: Redacción CRITERIO.HN
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De acuerdo con la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Esto implica que se debe otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible, sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Al respecto, los Principios de Alto Nivel para la Transparencia Fiscal, la Participación y la Rendición de Cuentas de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT por sus siglas en inglés), señalan que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir e impartir información sobre las políticas fiscales, y que los gobiernos deben comunicar los objetivos que se proponen alcanzar y los productos que generan con los recursos que se les confían.
En la situación actual frente al Covid-19, los Estados deben informar a los ciudadanos sobre el impacto de la crisis en las finanzas públicas y en la economía de cada país; sobre las medidas de ingresos, gasto y deuda que conllevan los paquetes de apoyo económico y social adoptados, así como los avances en su implementación; sobre los mecanismos para realizar un seguimiento tanto de los programas o secciones del presupuesto del gasto relacionado a esta emergencia, como de las compras y contrataciones públicas que se realicen en el marco de esta crisis; sobre la manera de verificar los planes y resultados de la fiscalización del gasto público a cargo de las contralorías, tribunales o cortes de cuentas; sobre la forma que se está garantizando y protegiendo el ejercicio del derecho de acceso a la información, sobre todo en Estados que han incluido la postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, entre otras.
En este sentido, la evaluación del Icefi incluyó la revisión de los sitios en la Internet de las principales entidades estatales con responsabilidad en la producción y manejo de información y datos vinculados con la ejecución de los programas y acciones para enfrentar la crisis. En cada caso, se analizó la facilidad y el cumplimiento general de los principales estándares internacionales de transparencia fiscal. Los anexos a este comunicado contienen una recopilación de los vínculos de Internet a estas fuentes, así como un resumen de los principales hallazgos. A partir de esta revisión, el Icefi plantea las siguientes cinco recomendaciones a los gobiernos centroamericanos:
- De conformidad con los estándares internacionales de transparencia fiscal, incluyendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, publicar información es una medida necesaria, pero no suficiente. Debe además facilitarse la comunicación, por lo que se recomienda la creación de portales específicos en línea, con interfaces que faciliten el acceso a información pública detallada y comprensible para el público, en formatos que cumplan el estándar de datos abiertos, sobre el gasto, las adquisiciones, las modificaciones presupuestarias y la movilización de recursos, entre otras operaciones fiscales, asociadas a los planes para enfrentar la pandemia del Covid 19.
- Además, el Icefi valora como oportuna y acertada la aplicación de los estándares de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información que está recomendando la GIFT a partir de la experiencia de otros países, de manera que si son adoptados e implementados por los gobiernos podrían facilitar el suministro de información suficiente a las personas sobre las decisiones de relevancia fiscal que se están tomando en la región para enfrentar esta crisis.
- Adicional a la publicación de datos, los gobiernos deben preparar y publicar informes ejecutivos específicos en los cuales rindan cuentas de sus acciones y programas para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19. Esto comprende también facilitar la ubicación y consulta de informes, reportes, análisis o presentaciones que las entidades están elaborando para los Organismos Legislativos o las entidades fiscalizadoras superiores, pero que actualmente no están disponibles para las personas en sus portales de Internet.
- Reforzar los mecanismos de integridad que aseguren el uso honesto y probo de los recursos públicos, procurando el ejemplo en el comportamiento ético de las personas que ejercen cargos de dirección y toma de decisiones de alto nivel. Además, reforzar los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, facilitando la denuncia de la ciudadanía.
- Invitar y facilitar la participación de las organizaciones de sociedad civil para redoblar y mantener una vigilancia y supervisión a las decisiones de política fiscal, escuchando y adoptando sus propuestas de mejoras o correcciones, pero también atendiendo de conformidad con la ley sus denuncias sobre situaciones perniciosas.
El Icefi sostiene que medidas efectivas para mejorar la transparencia de las acciones fiscales, especialmente del gasto público y las adquisiciones públicas para atender la emergencia sanitaria y la crisis económica en evolución, constituyen elementos para apuntalar la legitimidad de los gobiernos, y alentar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. El Instituto insta a los gobiernos centroamericanos a atender las recomendaciones planteadas, demostrando vocación democrática y compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
