Por: Sami Mahroum
BRUSELAS – A medida que los gobiernos introducen reglas de distanciamiento social de distintos grados de rigurosidad para combatir la pandemia del COVID-19, es probable que el tema de cuánto deberían prolongarse genere un intenso debate. Muchos economistas y psicólogos advertirán que un periodo largo de detención residencial de facto dañará la salud mental y el estado financiero de la gente, mientras que los epidemiólogos argumentarán que mantener el confinamiento ayudará a aplanar la curva de contagio más rápidamente. Las autoridades que diseñen medidas de este tipo harían bien en tomar en cuenta ambas opiniones.
Afortunadamente, existen sustanciales estudios sobre el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales por parte de los ciudadanos. Para comenzar, la gente necesita conocer y comprender las reglas para poder obedecerlas. Y si piensan que podrían sufrir un daño material o inmaterial como consecuencia, estarán menos dispuestas a seguirlas, razón por la cual a veces los gobiernos recurren a incentivos o castigos económicos para promover su cumplimiento.
Pero una política de incentivos y castigos no va a funcionar a menos que el grupo objetivo sea capaz de obedecerla. Y los confinamientos sin precedentes en respuesta a la pandemia, con medidas que van desde el auto-aislamiento voluntario a posibles multas o penas de cárcel para los infractores, son una prueba importante del grado al que poblaciones enteras pueden adherir a medidas así de estrictas.
Después de todo, confinar a la gente en sus hogares es una forma legal de encarcelamiento en varios países, y lo ha sido desde la antigüedad. Decenas de miles ya han infringido las instrucciones de confinamiento en Francia, Italia y España, haciendo que los gobiernos apliquen castigos más severos. Pero, si bien una mayoría de las personas están dispuestas a adherir a las reglas de distanciamiento social por un periodo breve de tiempo, las crecientes presiones financieras y mentales acabarán por socavar su cumplimiento, a fin de cuentas.
Así que, si las autoridades desean asegurarse de que el confinamiento siga funcionando por el tiempo que los epidemiólogos crean necesario, deben diseñar sus reglas con un enfoque multidisciplinar compuesto por psicólogos, economistas y, no en menor medida, especialistas en tecnología. Para generar el máximo cumplimiento posible, el coste social del confinamiento en términos de enfermedades mentales y carga emocional no debe superar el del daño que esté intentando prevenir.
Las actuales reglas de confinamiento vigentes en Alemania, el Reino Unido y Bélgica, por ejemplo, que permiten salir a hacer una caminata o correr, pero prohíben los encuentros públicos de más de dos personas, pueden ser tolerables por uno o dos meses. En contraste, el confinamiento total en Francia, Italia y España funcionará solo por periodos bastante más breves.
Integrar elementos saludables a los regímenes de confinamiento mejora la capacidad de la gente de hacer frente y cumplir las reglas por periodos más prolongados, dando con ello más tiempo a los gobiernos para desarrollar defensas contra el virus. Incluso puede fomentar en el largo plazo mejores hábitos en la población y las empresas.
Si bien sería irresponsable relajar prematuramente las reglas de confinamiento, que incluyen la prohibición de realizar actividades al aire libre, también podrían llegar a ser contraproducentes, ya que aumentan los costes psicológicos y económicos, tanto para la gente como para los gobiernos. A gente se le empezará a acabar la paciencia –especialmente a medida que se vaya reduciendo su resiliencia financiera- y el coste de hacer cumplir las reglas subirá.
Además, muchas actividades económicas, en particular aquellas que requieren trabajo manual calificado o semicalificado, todavía se podrían llevar a cabo observando los protocolos de distanciamiento social. En Canadá, Quebec y Ontario han adoptado este enfoque. Mediante la introducción de reglas que combinan un nivel viable de actividad económica y social con un estricto control del “distanciamiento social”, los gobiernos pueden ayudar a mejorar la resiliencia financiera y mental de comunidades objetivo, lo que resulta de especial importancia dado que el confinamiento está afectando a los pobres más adversamente que a las personas con más recursos, y parece que va a durar bastante tiempo.
Más aún, para la mayoría de los habitantes de los países en desarrollo, quedarse en casa significa quedarse sin ingresos. Esas comunidades así de frágiles cuentan con una resiliencia financiera mínima y, por consiguiente, es altamente probable que no cumplan las medidas de confinamiento que apuntan a detener la pandemia, y es poco lo que los gobiernos pueden hacer si se ven enfrentados a una desobediencia masiva. Esto plantea un riesgo adicional para la salud global. Será muy útil contar con pruebas rápidas a gran escala en los países más pobres, al menos hasta que se desarrolle una vacuna eficaz.
En consecuencia, para contener hoy la pandemia de COVID-19 se requiere una amplia gama de otras intervenciones, desde producir suficientes ventiladores y otros equipos médicos para unidades de cuidado intensivo a ampliar la disponibilidad de un diagnóstico preciso y tratamientos efectivos. Y, si bien la investigación y desarrollo tomarán tiempo, los gobiernos ya cuentan con la tecnología para introducir, monitorear y hacer cumplir reglas inteligentes de distanciamiento social, en la forma de GPS, drones, big data y distintas tecnologías móviles. De hecho, tenemos toda la tecnología necesaria para crear “Zonas libres de Covid-19” temporales al interior de pueblos y ciudades, con controles que restrinjan los movimientos de salida y entrada. Se podrían crear primero alrededor de entidades de gobierno y atención de salud, y luego ampliarse gradualmente hasta abarcar ciudades enteras.
Prohibir todas las actividades al aire libre por periodos prolongados es la solución menos innovadora. Podría originar no solo trastornos mentales, sino afecciones físicas, violencia doméstica y rupturas familiares. Además, hacerlo con el pretexto de reducir infracciones mayores a las reglas es un argumento que va en contra del estado de derecho mismo. El sistema penal existe precisamente para proteger nuestras libertades de los abusos de una minoría, no para penalizarnos a todos como precaución.
Las reglas de confinamiento deberían aislar a los infractores, no al público general, y el distanciamiento social no debería significar una detención en casa. Los confinamientos generales para prevenir la propagación del COVID-19 pueden parecer una acción colectiva de precaución y responsabilidad, pero mientras más duren, más se sentirán como un castigo colectivo a las infracciones cometidas por una minoría. Las medidas así de draconianas amenazan con reducir la moral pública y dificultar mucho más su cumplimiento.
*Sami Mahroum, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, es investigador sénior en el Instituto Issam Fares de la Universidad Americana de Beirut.
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