Por: René Novoa
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Tegucigalpa. La deuda que tiene Honduras en materia de derechos humanos es insostenible. Por ejemplo, el gobierno que encabeza Juan Hernández, ha hecho caso omiso a las recomendaciones en materia de educación sexual y reproductiva para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
Al respecto, el “Informe Sombra por los Derechos Sexuales y Reproductivos”, presentado por la Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras (RHRN, siglas en inglés), afirma que pese a las recomendaciones que recibió el país en el anterior Examen Periódico Universal (EPU), dirigidas a la implementación de políticas reforma del sistema educativo, “aun los niños, niñas, jóvenes y adolescentes carecen de un sistema de educación integral, inclusivo, no discriminatorio, respetuoso de la diversidad, dignidad y autonomía de cada persona”.
La Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras está conformada por 15 organizaciones de sociedad civil, y es una alianza estratégica global activa en 10 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, que procura desarrollar una ley antidiscriminación por sexo y género, con énfasis en la población LGBTI.
Al respecto, la coordinadora de RHRN Honduras, Natalia Lozano, comentó que promueven la discusión e implementación de políticas estatales en temas de interés nacional como el aborto, tipos de anticonceptivos de emergencia, pero también la falta de un marco normativo que proteja a la población LGBTI y falta de educación sexual integral en el país.
En este punto, cabe recordar que durante el foro “Acceso a la información desde los derechos sexuales y reproductivos”, realizado en 2019, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), denunció que el Estado de Honduras entrega información desfasada e incompleta sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Retraso y exclusión
Lozano reconoció que existen algunos avances reportados a medio término por el Estado, sin embargo, no son suficientes en especial por la poca voluntad política estatal para la aplicación de esas normativas.
Honduras espera que el EPU se convierta en una herramienta para hacer incidencia política a nivel internacional. “Esperamos que mediante las recomendaciones que harán los diferentes Estados que realizan el Examen Periódico Universal, puedan relevar al Estado de Honduras la importancia de estos temas porque estamos en un país conservador y de conflicto, con la segunda tasa de embarazos en adolescentes de América Latina”.
Honduras es el único país en el continente que no tiene anticoncepción de emergencia y el único también que tiene penalización en el tema del aborto, porque es un tema que ni siquiera se discute, donde muere la juventud a diario, donde los femicidios van aumentando y la comunidad LGBTI es perseguida y asesinada en la impunidad, sostuvo Lozano.
Al ser consultada sobre las limitaciones y conflictos que enfrentan, sostuvo que han tenido acercamientos con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), con la Secretaría de Educación y cuerpo diplomático, sin embargo, en Honduras no se han actualizado datos importantes, por ejemplo, siguen utilizando la Encuesta de Demografía y Salud (Endesa) de 2012.
La Endesa permite determinar la incidencia de las políticas públicas en el sector social, particularmente en el área de salud, y determinar si es necesario reorientar recursos para atender otras necesidades o efectuar los ajustes que se consideren necesarios.
Iglesias siguen siendo un poder
Por otro lado, lamentó la falta de voluntad política y la incidencia que ejercen los grupos religiosos en el Estado, pese a que en teoría, Honduras es un Estado laico. “Se ha presentado desde 2015 la Ley de Educación Sexual Integral, pero sigue engavetada, y a la fecha no tenemos ninguna respuesta porque no existe voluntad política en hablar de educación sexual integral.
El Estado de Honduras debería seguir perteneciendo al Estado secular dentro de sus funcionarios públicos como lo manda la Constitución de la República, pero pareciera ser que la iglesia sigue dictando las pautas que nos regulan como sociedad, porque desde 1999 las iglesias no están de acuerdo con las guías de educación sexual”, dijo.
Consultada sobre si han tenido acercamiento con las iglesias, Lozano enfatizó que no sienten una apertura en el marco del respeto a la sociedad civil para asumir el tema.
En relación a los femicidios y los crímenes de odio, la coordinadora de RHRN Honduras comentó que les preocupa rotundamente la falta de respuesta por parte del Estado.
Por su parte, el coordinador técnico de la Asociación Arcoíris, Donny Reyes, comentó que desde 2018 impulsan la Ley de Igualdad y Equidad para sectores vulnerables, cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, así como promover y garantizar que la dignidad, libertad, igualdad y equidad de todas las personas sean reales y efectivas, a fin de evitar toda forma de discriminación que impida el pleno desarrollo de las personas en el disfrute de sus derechos humanos en la vida política, económica, cultural y social del país.
En relación a los crímenes de odio, Reyes dijo que si bien, no suele dar cifras por respeto a la memoria de las víctimas y a sus familias, reconoció que es imperativo visibilizar estos casos. “De 2009 a 2019 se han contabilizado oficialmente 334 asesinatos de personas de la población LGBTI, pero las cifras son mayores sin lugar a dudas, y sólo en lo que va de 2020 van 7 personas LGBTI asesinadas, todos estos casos continúan en la impunidad, lo que significa un 98 por ciento de impunidad en los sistemas de justicia”, señaló.
Reyes también mostró su indignación por el retroceso que implica la aprobación del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en mayo. “El nuevo Código Penal retrocedió sustancialmente, porque antes penaba el delito de discriminación [artículo 321], pero ahora lo considera un agravante, que es más complicado probarla, es decir que cuando acusemos a un criminal le darán una mayor condena por matar a una mascota, que por matar a un compañero, una compañera, una mujer o un niño”, lamentó.
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