Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – Los crímenes cometidos en Honduras en el marco de la crisis electoral de 2017 por militares y policías siguen en la impunidad, sin que hasta el momento el Ministerio Público tengan resultados al respecto.
Noticia Relacionada: Gobierno de Hernández presiona por salida de representante de OACNUDH
En marzo de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un informe en el que señaló que durante la crisis electoral de 2017 al menos 22 hondureños perdieron la vida por disparos de armas utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado mientras participan en protestas.
Hoy al presentar un nuevo informe de seguimiento la OACNUDH señaló que, a dos años de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria y que la mayoría de las violaciones graves documentadas por esa oficina, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación.
Asimismo, que “en muchos más casos que la OACNUDH ha documentado, incluidas violaciones del derecho a la integridad física a la libertad contra la tortura y los malos tratos, el Ministerio Público no ha tomado ninguna medida y no se ha abierto ninguna investigación”.
El informe apunta que la falta de respuesta por parte del Estado obedece a factores como la debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento adoptada por el Ministerio Público, junto con las limitaciones internas de personal y coordinación.
Las víctimas no encontraron apoyo para acceder a la justicia y varias víctimas y testigos expresaron preocupaciones de seguridad para poder participar en los procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de defensa y seguridad, señala el documento.
El informe refiere que también se identificó la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones como un importante obstáculo para el avance. Además, continúa pendiente el otorgamiento de remedios adecuados para las víctimas y sus familias y la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos.
En virtud de lo anterior, la OACNUDH recomienda al Poder Ejecutivo abstenerse de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la vigilancia de protestas y manifestaciones.
A partir del fraude electoral de 2017 en Honduras se vivió un estallido social, que dejó, según organismos defensores de los derechos humanos, al menos 34 personas asesinadas mientras participaban en protestas ciudadanas.
En abril y mayo de 2019, los docentes y médicos conformaron la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. En ese entonces los docentes, médicos y personal de la salud, salieron masivamente a las calles a denunciar que el régimen de Hernández pretendía privatizar la salud y la educación.
Nuevamente los manifestantes interrumpieron el paso en las vías públicas y otra vez los militares y policías salieron han reprimir violentamente a los ciudadanos. En esta ocasión el Cofadeh registró 12 víctimas mortales y un informe de Amnistía internacional, presentado el 6 de julio de 2019, registró seis muertos y al menos 80 personas heridas.
El informe de Amnistía Internacional no incluyó en la lista el asesinato del adolescente, Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada (17). Familiares y amigos que lo acompañaban en una protesta realizada en la sureña ciudad de Choluteca el 10 de abril de 2019, aseguran que el adolescente murió de un disparo inferido en la cabeza por el arma de un elemento de la Policía Nacional.
Recomendaciones de la OACNUDH:
Al Poder Ejecutivo:
- a) Impartir órdenes claras a todos los comandantes para cooperar plenamente con las autoridades judiciales;
- b) Reforzar el compromiso ya expresado de abordar con responsabilidad y seriedad las violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017; y establecer un mecanismo de búsqueda de la verdad e informar a las víctimas, familiares y público en general;
- c) Abstenerse de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la vigilancia de protestas y manifestaciones, a la espera de la adopción de las reformas necesarias para restringir su intervención en las funciones de orden público;
- d) Acelerar la implementación de la reforma de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, y los esfuerzos para alcanzar los objetivos de despliegue policial;
- e) Iniciar la reforma de la Ley del consejo nacional de defensa y seguridad; la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional; y la adopción de marcos legislativos sobre el uso de la fuerza, asegurando su cumplimiento con las normas y estándares internacionales de derechos humanos;
- f) Revisar los protocolos y manuales existentes sobre el “manejo de multitudes” y el uso de la fuerza, a fin de que reflejen plenamente las normas y estándares internacionales de derechos humanos relevantes;
- g) Adoptar e implementar programas de asistencia integral y de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias. 100.
Al Congreso de la República:
- a) Iniciar la adopción de una ley que proteja la independencia del Poder Judicial y la reforma del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, garantizando la separación de poderes en la administración del Estado;
- b) Promover la adopción de reformas legales para fortalecer el sector de la justicia y su independencia, incluso en relación con la carrera judicial, el consejo de la judicatura y la elección de autoridades judiciales de alto nivel; c) Promover y supervisar reformas legales para mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, como ser el restringir el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de orden público y reformar la legislación sobre el uso de la fuerza por parte de todas las agencias de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
- d) Promover transparencia y rendición de cuentas por parte del sector de defensa y seguridad mediante la reforma de la Ley sobre la clasificación de la información pública sobre cuestiones de seguridad y defensa, asegurando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos aplicables;
- e) Ejercer supervisión sobre las Fuerzas Armadas; celebrar periódicamente audiencias con y sobre las Fuerzas Armadas, incluyendo a ministros, militares y funcionarios públicos pertinentes, así como a sociedad civil; promover consultas sobre temas prioritarios de defensa y seguridad; ejercer la debida diligencia sobre los gastos de defensa y seguridad.
Al Ministerio Público y al Poder Judicial:
- a) Intensificar los esfuerzos para investigar, procesar y juzgar los casos de violaciones de derechos humanos; adoptar una estrategia procesal efectiva para acelerar la resolución adecuada de los casos; identificar patrones de violaciones, así como brechas y deficiencias sistémicas que permitieron que ocurrieran las violaciones;
- b) Asignar expertos especializados y establecer un grupo específico de investigadores y fiscales para que trabajen esos casos, y solicitar asistencia técnica regional e internacional a ese fin;
- c) Intensificar los esfuerzos realizados en la elaboración de la adaptación del Protocolo para investigar las muertes potencialmente ilícitas alineado con el protocolo de Minnesota, la cual se viene desarrollando con cooperación de la OACNUDH, así como el proceso de adaptación del Protocolo de Estambul para casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;
- d) Reconocer el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y participar en procesos penales; establecer un mecanismo para mantener el diálogo y compartir la información sobre los incidentes y casos con las víctimas, sus familiares y abogados; fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas y testigos; periódicamente informar al público sobre los avances y desafíos en las investigaciones.
A la comunidad internacional:
- a) Participar y apoyar al Estado en la implementación de estas recomendaciones, y participar en el monitoreo de su implementación;
- b) Proveer asistencia técnica y financiera específica a las instituciones de Honduras, en particular a las instituciones del estado de derecho y al sector de seguridad en apoyo de estas recomendaciones.
