El régimen de Juan Hernández continúa ampliando el proceso de militarización de la sociedad hondureña. Los militares están ahora en casi todos los espacios públicos.
Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El Poder Ejecutivo ordenó mediante un decreto Ejecutivo la militarización de todos los centros penitenciarios de Honduras y la suspensión de sus autoridades.
La medida, que se contempla en el decreto PCM-068-2019, entró en vigencia a partir del 16 de diciembre con su publicación en el diario oficial La Garceta número 35,125, y declara estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional por un periodo de seis meses.
La medida se adoptó luego de varios crímenes cometidos al interior de los centros penitenciarios, amotinamientos y fugas de privados de libertad, con la displicencia de la directora y subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Gudiel y German McNeil, quienes han sido suspendidos de sus cargos por el tiempo que dure la emergencia al igual que las demás autoridades penitenciarias.
En el marco de la emergencia se nombró una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina) que se encargará del control del Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores.
La intervención fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumirá todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lamentado en varios informes la intervención de los militares en la seguridad de los centros penitenciarios hondureños al considerar que dicha medida contraviene protocolos y tratados sobre derechos humanos, que establecen que la custodia debe estar en manos de civiles.
¿Privatización?
El decreto Ejecutivo habre las puertas a una posible privatización ya que faculta a los militares, para que procedan a la suspensión temporal del personal, la terminación de contratos de trabajo o la renovación de acuerdos de personal que se considere innecesario.
Asimismo, los faculta para que elaboren una propuesta integral de reestructuración para el titular del Poder Ejecutivo, basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluya, entre otras, lo normativo, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario.
El decreto establece además la habilitación o construcción de estructura física y tecnológica para la implementación del sistema de audiencias virtuales.
También autoriza a las secretarías de Estado en los Despachos de Finanzas, Salud, Seguridad, Defensa Nacional, Gabinete de Seguridad y Defensa e Instituto Nacional Penitenciario y otras instituciones competentes para que puedan hacer las gestiones administrativas que incluya modificaciones y acciones en los presupuestos nacionales para asegurar el cumplimiento del decreto de emergencia.
En el marco de la emergencia, la Comisión Interventora deberá rendir ante el titular del Poder Ejecutivo un informe mensual de avance de las acciones, incluyendo recomendaciones para la reestructuración, modernización y mejora de los centros penitenciarios.
