Tribunal dicta entre 30 y 50 años de prisión a autores materiales
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –La justicia hondureña impuso este lunes penas que oscilan entre 30 a 50 años de cárcel a siete asesinos materiales de la ambientalista, Berta Cáceres. Mientras los abogados de la extinta lideresa indígena advierten que se ha allanado el camino hacia la culpabilidad de la familia Atala Zablah.
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La condena se dictó en la Sala I del Tribunal de Sentencia contra Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA); Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Torres Velásquez.
En el caso de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández, la pena dictada fue de 50 años cuatro meses de prisión, mientras que Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez fueron condenados a 30 años seis meses de prisión y finalmente Mariano Díaz Chávez a 30 años.
Penas de 50 años cuatro meses, 30 años seis meses y 30 años de reclusión logra #MP contra asesinos de la líder ambientalista Berta Cáceres https://t.co/fKq9nueJ9k pic.twitter.com/iVj2423UA7
— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 2, 2019
Familia Atala Zablah
El abogado del equipo legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Víctor Fernández, recordó que el tribunal de justicia en su fallo dictado en octubre del año pasado contra los autores materiales hizo una vinculación entre esas personas con los ejecutivos de la empresa DESA, es decir que la propia institucionalidad allanó el camino hacia la familia Atala Zablah.
Fernández aclaró que el caso sigue abierto y adelantó que la prensa corporativa intentará manipular diciendo que la causa Berta Cáceres se cerró con la sentencia de hoy.
Asimismo, alertó a las indígenas lencas del occidente de Honduras sobre una amenaza latente del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, porque la concesión sigue intacta, pese a que la misma institucionalidad tiene abierto un proceso judicial contra 16 funcionarios por el supuesto delito de fraude sobre la concesión del río Gualcarque.
Fernández dijo que la sentencia dictada por la justicia hondureña no es la voluntad del Estado, sino que obedece a la presión internacional, a las demandas del Copinh y a la solidaridad nacional e internacional. Recordó que en primera instancia el Estado hondureño, a través de la secretaría de Seguridad, dijo que el asesinato de Berta Cáceres era un “crimen pasional”.
A la fecha suman nueve personas detenidas por el crimen de la presidenta del Copinh, quien fue asesinada en su casa de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, la madrugada del 3 de marzo del año 2016.
Al momento de su crimen, Cáceres lideraba una lucha por la defensa del río Gualcarque y en contra de la empresa DESA desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarza. Su muerte está íntimamente ligada a su resistencia y una evidencia de ello es que altos ejecutivos de la empresa DESA han sido acusados por el Ministerio Público de haber participado directa e indirectamente en su asesinato.
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Entre los nueve detenidos figura, Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA.
La presunta culpabilidad de Castillo Mejía se determinó mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.
Además, por este mismo caso, el Ministerio Público procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen.
Este lunes al conocerse la condenada contra los autores materiales del crimen de Berta Cáceres, su hija y diputada al Congreso Nacional por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) Olivia Zúniga Cáceres, dijo que este es un día de dolor porque su madre cumple 45 meses sin justicia porque los autores intelectuales siguen gozando de la “vil impunidad”.
Zúniga Cáceres manifestó que las personas que financiaron, planificaron y dieron la orden de matar a su madre siguen en libertad. “Hasta que estas personas estén en la cárcel nosotros vamos a creer que verdaderamente hubo justicia para Berta”, expresó la congresista.
Amplió que la familia de Berta Cáceres y el Copinh arreciarán la lucha para que “los autores intelectuales, que son de la familia Atala Zablah, sean encarcelados y paguen por el crimen de nuestra madre, hija, hermana, compañera Berta Cáceres”.
La joven diputada ha acusado en reiteradas ocasiones a la familia Atala Zablah—principales accionistas del proyecto Agua Zarca— de ser los asesinos intelectuales de su madre.
Zúniga Cáceres manifestó que entiende y comparte que los “gatilleros”, es decir las personas que le dispararon a su madre, merecen una condena en la cárcel, pero también los grandes accionistas que están detrás del asesinato merecen ir a prisión.
