Los nuevos pactos de impunidad fueron respaldados por las bancadas de los partidos Nacional y Liberal y los diputados comodines
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – Las bancadas de los partidos Liberal y Nacional y diputados “comodines” sellaron la noche de este miércoles un nuevo pacto de impunidad. Los diputados aprobaron el regreso a la inmunidad parlamentaria y se blindaron de acciones administrativas y penales derivadas de mal manejo de fondos públicos.
La nueva acción corrupta fue rechazada por los diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Pinu-SD y por el diputado liberal, Dario Banegas.
Los diputados, muchos de ellos señalados por actos de corrupción, buscan protegerse de futuros requerimientos fiscales.
En primera instancia aprobaron la denominada Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales.
Dicha normativa libra de cualquier acción administrativa o penal a los diputados y servidores públicos para que no sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En su defecto, quienes manejen fondos públicos serán objeto de una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas.
Serán sometidos todos los fondos, sin importar que estos hayan sido aprobados antes de la aprobación de la nueva ley, es decir que se protegerá a aquellos diputados que en el pasado hayan dilapidado los denominados fondos departamentales, lamentó el diputado opositor del Pinu-SD, David Reyes, quien consideró el hecho como “una acción descarada”.
“Es decir que todos los fondos departamentales del pasado prácticamente quedan lavados. Todos los lavados de dinero que esta gente haya hecho con ONG´s, con subsidios, queda prácticamente blindado a través del Tribunal Superior de Cuentas”, remarcó Reyes.
Inmunidad
Además del blindaje con la aprobación de la ley especial para la ejecución de fondos, los congresistas liberales, nacionalistas y de los partidos minoritarios (Democracia Cristiana, Unificación Democrática y Alianza Patriótica) votaron para que se regrese a la inmunidad parlamentaria, eliminada en el año 2013 en el Congreso Nacional.
Para dicho propósito, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 10 A al decreto 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relacionada a la función de este poder del Estado. La iniciativa fue aprobada con la dispensa de dos debates.
La adición del artículo 10 A, se lee: La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participan en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constituci6n de la Republica siendo el pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y la consecuencias de la infracción.
Lo anterior implica que los congresistas volverán a gozar de la inmunidad.
Las acciones corruptas surgen en el marco del juicio a Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, hermano del gobernante, Juan Hernández, quien está siendo juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico. En el juicio ha salido salpicado el gobernante, funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados al Congreso Nacional.
En enero de 2017, el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, reveló que en el país había una red de diputados corruptos y que esta red la encabezaba el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.
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Entrevistado por CRITERIO, el diputado del Pinu-SD, David Reyes, dijo que lo ocurrido esta noche en el Congreso es una vergüenza.
Denunció además que su bancada no conoció los proyectos de ley con anticipación, como si ocurrió con las bancadas de los partidos Liberal y Nacional y los de Libre, pero estos últimos votaron en contra, porque así se los pidió el coordinador de este instituto político, Manuel Zelaya Rosales.
Reyes está en contra que se sigan entregando dineros a los diputados en el marco del Fondo de Desarrollo Departamental, para que ejecuten obras comunitarias, porque esa facultad le corresponde al Poder Ejecutivo y a las alcaldías municipales.
El congresista manifestó que los diputados han actuado de manera desesperada porque hay varias líneas de investigación sobre la ejecución del Fondo de Desarrollo Departamental y temen que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) los investigue.
Finalmente, denunció que los congresistas actuaron con desfachatez porque lo aprobado ha quedado blindado para que no pueda ser reformado o derogado, si no es con la mayoría calificada (96 votos), como si se tratase de una reforma constitucional
3 respuestas
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Ya sienten que sus siguientes pasos serían camino a la cárcel.