Por: Redacción CRITERIO
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Foto de archivo
Tegucigalpa.- Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.
El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales:
1.-Admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo
2.-Nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio.
3.-Que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitaron se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presente caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.
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En la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III, apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de San Juan Pueblo.
En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistó a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, reiteraron su determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.
Continuarán señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
Finalmente, manifestaron que velarán porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
