La audiencia de individualización de pena se celebrará el 27 de agosto a las 2:00 de la tarde.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Tribunal de Sentencia emitió esta tarde un fallo condenatorio contra la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila, por un delito continuado de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, por los cuales enfrentará un apena mínima de 58 años de reclusión y una máxima de 87 años.
El tribunal resolvió declarar a Bonilla Ávila—esposa del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa—culpable por tres delitos de apropiación indebida, el cual se apreció en un solo delito continuado a título de autora en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y ocho delitos de fraude en concurso real, en el grado de participación de autora por inducción en perjuicio de la administración pública.
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“Este tribunal por unanimidad de sus votos falla y declara la responsabilidad penal de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, por tres delitos de apropiación indebida, conforme al artículo 242 numeral ocho del Código Penal, apreciado como uno solo delito continuado conforme al artículo 37 del Código Penal a título de autora en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y a la vez responsable de ocho delitos de fraude conforme al artículo 326 del Código Penal en concurso real, conforme al artículo 35 de la citada norma, en el grado de participación de autora por inducción en perjuicio de la administración pública, quedando una pena abstracta sumando los concursos y sumando las penas de ambos delitos, una pena mínima de 58 años a una pena máxima de 87 años de reclusión”, dijo el secretario del Tribunal de Sentencia al dar lectura al fallo condenatorio.
Asimismo, por el delito de fraude se determinó su inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y una pena de multa por el valor del 10 por ciento del valor defraudado en la apropiación indebida y las penas accesorias que corresponden a los artículos 54 y 55 del Código Penal.
Bonilla Ávila fue absuelta por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el conocido caso “Caja Chica de la Dama”, en el cual se imputó también a su cuñado y exdirector de la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco) Manuel Mauricio Mora Padilla y a su exasesor, Saúl Fernando Escobar Puerto.
En el caso de Escobar Puerto, el Tribunal resolvió por unanimidad de votos declararlo culpable por ocho delitos de fraude en concurso real, en grado de participación a título de autor directo en perjuicio de la administración pública, con una pena mínima de reclusión de 48 años y una máxima de 72 años. Asimismo, la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de reclusión y las penas accesorias que correspondan a los artículos 54 y 55 del Código Penal.
Escobar Puerto, al igual que Bonilla Ávila fue absuelto por el delito de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar activos.
En tanto el exdirector de Udeco, Manuel Mauricio Mora Padilla, fue absuelto por insuficiencia probatoria por ocho delitos de fraude y por los delitos de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar activos. En tal razón, el Tribunal de Sentencia ordenó la liberación inmediata de Mora Padilla mientras que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para la exprimera dama y Saúl Fernando Escobar Puerto, en virtud del fallo de culpabilidad de ambos procesados.
Rosa Elena Bonilla Ávila, se encuentra privada de libertad desde el 27 de febrero de 2018, tras ser acusada por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos, según expediente número 07-2017 y 12-2018.
De acuerdo a una investigación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP), la exprimera dama lideró una red dedicada a drenar fondos del Estado, fondos internacionales y contribuciones efectuadas por personas naturales y jurídicas destinadas a la proyección social.
La MACCIH y la UFECIC acreditaron que Bonilla Ávila sustrajo 12, 272,000 lempiras el 22 de enero de 2014, a cuatro días que su esposo el expresidente Porfirio Lobo Sosa entregara el poder. Según la carga probatoria, la imputada sustrajo los fondos de una cuenta del Despacho de la Primera Dama del banco Ficohsa y los depositó en su cuenta personal número 6536603 del mismo banco.
Para evadir responsabilidad, la exprimera dama depositó 4, 222,000 lempiras, pero no pudo justificar los más de 7, 000,000 restantes, e incluso, los peritos constataron que junto a su asistente, Saúl Escobar y el fallecido Julio Galdámez—enlace entre la oficina de la Primera Dama y el Programa de Asignación Familiar (Praf)—otorgaron contratos con proveedores ficticios (supuestamente zapateros) en el marco del programa Calzando los Niños de Honduras.
Al conocer el fallo, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, dijo de manera sarcástica que esperaba que la condena sería de 500 años en adelante, porque es la presea que el gobernante, Juan Hernández, le tenía preparada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, en el marco del «pacto de impunidad» que ambos funcionarios han sellado para mantener engañado al pueblo hondureño con el supuesto combate a la corrupción desde la MACCIH.
Lobo Sosa anunció que su cuerpo de abogados interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación y que si este poder del Estado ratifica el fallo, irá a las instancias internacionales, porque sobre el caso hay una serie de violaciones al proceso y a los derechos humanos de su esposa.
