Fiscales interpondrán, en los términos que la ley establece, todos los recursos impugnativos necesarios y pertinentes, a efecto de revertir la orden judicial arbitraria que transgrede las disposiciones establecidas en la normativa procesal.
Por: Redacción CRITERIO
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¿Qué sucedió la noche del viernes 3 de julio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)? ¿Fue la crónica de una muerte anunciada? Con la cual se demuestra que en Honduras cada día cobra vigencia la famosa frase que “la justicia solo muerde a los descalzos”.
Lo cierto, es que sucedió lo que el pueblo sabía que iba a pasar y que echa por tierra una vez más, sus esperanzas de ver justicia en Honduras.
El juez natural que nombró la CSJ, que recayó en el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, dicto medidas sustitutivas, casa por cárcel y pago de fianzas a personas que han cometido, no solo delitos de estafa y fraude contra el Estado, sino delitos de lesa humanidad al venderle “pastillas de harina” y “óvulos de harina” a los hospitales públicos, provocando centenares de muertes.
Rivera Avilés en su carácter de juez natural en el caso contra la Familia Gutiérrez Arévalo, por el caso de su empresa Astropharma, dictó arresto domiciliario para siete acusados mientras a los demás les dio medidas cautelares de no salir del país y presentarse a los juzgados.
Cerca de las 11 de la noche, Rivera Avilés dictó arresto domiciliario contra Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, Lena Karin Gutiérrez Arévalo, Julio César Gutiérrez Arévalo, Carlos Alberto Zamora Bautista, Gladis Irías Rivera y Gilberto Lezama Toro.
Marco Tulio Gutiérrez deberá permanecer bajo arresto mientras no rinda una fianza de 30 millones de lempiras sus hijos Ginyette, Julio y Lena Gutiérrez, deberán estar bajo la figura de arresto domiciliario mientras no cumplan la fianza de 20 millones de lempiras.
Mientras tanto Carlos Alberto Zamora Bautista, Gladis Irías Rivera y Gilberto Lezama Toro, también deberán permanecer con arresto domiciliario mientras no rindan una fianza de 10 millones de lempiras.
Por su parte, Soad Orozco, María Cristina García y Evelin Flores tendrán que presentarse a los juzgados a firmar el libro, tienen prohibido salir del país, así como acercarse a las oficinas de la Secretaría de Salud, a los laboratorios Lain y a la empresa Astropharma, además, no podrán conversar con el resto de los imputados
María de los Ángeles Fúnez, Marta Griselda Vásquez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirsa Ruiz Castro y Kristian Manuel Bautista, se les dictaron medidas cautelares de presentarse cada 10 días al juzgado para firmar el libro o fijar su huella en el control biométrico, tampoco pueden salir del país sin autorización del juez, no concurrir a la Secretaría de Salud ni a laboratorios Lain ni a Laboratorios Astropharma.
Y a Mirta Escobar, jefa de las bodegas se le dictan medidas cautelares de presentarse cada 15 días a los juzgados, no salir del país, no concurrir a la Secretaría de Salud, ni Lain ni Astropharma. No comunicarse con otros encausados.
Como siempre sucede con los adinerados del país, al finalizar la audiencia, la familia Gutiérrez salió por la parte de atrás de la CSJ para no exponerlos a la prensa, mientras los demás imputados salieron por el frente.
Fiscalía apelará decisión de Rivera Avilés
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, del ministerio público, ya tenían previsto lo que sucedería y anoche mismo emitieron un comunicado donde dicen espetar, pero no compartir, la determinación de la Corte Suprema de Justicia por intermedio del Juez Natural, abogado Jorge Rivera Avilés, de dejar en libertad y aplicar medidas sustitutivas de la prisión a todos los encausados.
Señalan los fiscales que estiman que existen suficientes indicios que acreditan el peligro a las fuentes de prueba, la obstrucción a la justicia, el riesgo de fuga y los graves daños y perjuicios a la salud de la población hondureña; por lo que al dejar en libertad a los imputados, se estima que la Resolución Judicial es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución de la República.
Finalmente apuntan que interpondrán, en los términos que la ley establece, todos los recursos impugnativos necesarios y pertinentes, a efecto de revertir la orden judicial arbitraria que transgrede las disposiciones establecidas en la normativa procesal, concluyeron.
