Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. La estigmatización y campañas de desprestigio contra periodistas, opositores políticos y defensores y defensoras de derechos humanos que critican y escarban en las actividades de funcionarios de la administración pública son un mecanismo de segregación y de censura que están usando, cada vez con más frecuencia, funcionarios(as) hondureños, alcaldes y hasta representantes de gobiernos extranjeros.
Este año, el etiquetamiento de sectores críticos ha arreciado, según las cifras del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). En los primeros cinco meses de 2015, C-Libre registró 10 denuncias contra funcionarios que calificaron a comunicadores(as), miembros de sociedad civil y a opositores como, “chantajistas”, “falsos”, “ligados al crimen organizado”, “agitadores”, “pseudoperiodistas”, entre otros.
El director del Instituto de la Propiedad, Ebal Díaz; la secretaria de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández; el titular de Educación, Marlon Escoto; son algunos de los funcionarios denunciados ante C-Libre por desacreditar el quehacer periodístico, las actividades artísticas o las voces de los opositores políticos.
Los momentos de mayor descredito se vivieron mientras en el país se debatía la posibilidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar y en el contexto del asesinato de cuatro estudiantes de secundaria, ejecutados unas horas después de participar en jornadas de protestas estudiantiles.
Sin embargo, el ataque contra periodistas también se ha agravado cuando denuncian temas de corrupción. El caso de Canal 36 llama la atención porque los funcionarios de la representación diplomática de Estados Unidos, a través de la redes sociales Facebook y Twitter, en vez de hacer uso de su derecho a réplica, señalaron al director de la televisora, Esdras Amado López, como cínico por denunciar un supuesto desvío de fondos de Usaid para una campaña política del Partido Nacional.
La estigmatización contra López ha trascendido por medios de comunicación y a través de redes sociales.
Ante la agresión de una representación extranjera en contra de un hondureño, el Estado de Honduras a través de la Cancillería, debe exigir por los canales respectivos el respeto a los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, pues, las instituciones internas carecen de competencia para conocer de abusos cometidos por representaciones de gobiernos extranjeros en razón de la inmunidad diplomática.
Por otra parte, en el interior del país los comunicadores(as) son víctimas de intimidación, hostigamiento judicial y señalamientos de parte de alcaldes para arruinarles su imagen en represalia por el trabajo, que realizan, tal es el caso de los periodistas de Canal 27 de Roatán, en Islas de la Bahía.
En ese municipio del caribe hondureño, un camarógrafo y tres comunicadores, incluido el presidente de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos), Ramón Romero, fueron calificados por el alcalde de Roatán, Dorn A. Ebanks, como aves de carroña.
Contra Romero hay una campaña en los medios de comunicación locales y en las redes sociales para desprestigiar su trabajo y le imputan el delito de espionaje por haber buscado información de supuestas irregularidades en la gestión municipal.
Ante esta serie de agresiones, C-Libre emitió una alerta nacional e internacional y en los próximos días se iniciará un proceso de denuncia contra el alcalde de Roatán ante instancias administrativas como la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, e instancia penal (Ministerio Público), por faltas y delitos contra la libertad de expresión.
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