Por: Redacción CRITERIO
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La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia sentenció a doce años de reclusión al ex gerente del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, Josué Argeñal Cerrato, quien fue acusado por dos delitos de corrupción en ese ente gremial.
El fiscal Marcio Cabañas dijo que el ahora condenado fue procesado por los delitos de falsificación de documentos privados y uso indebido de fondos en contra del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Argeñal Cerrato fue acusado por la destrucción de documentos que evidencian usos irregulares de más de 107 millones de lempiras en la administración del ex presidente del Colegio de Abogados (CAH), Olvin Mejía (2010-2012).
La lectura de sentencia se había pospuesto en un par de oportunidades anteriores, pero este día por fin se realizó la misma en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia.
El pasado 21 de marzo de 2015, esta misma Sala del Tribunal de Sentencia había encontrado culpable al exgerente del Instituto de Previsión de Seguridad Social del Profesional del Derecho (IPSPD), Josué Argeñal Cerrato.
Todo comenzó el 8 de agosto del año 2012, cuando la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la destrucción de documentos de soporte financiero en el sistema de previsión de dicho ente gremial.
Por esta acción, el MP acusó a Argeñal Cerrato por los delitos de operaciones financieras ilícitas y falsificación de documentos privados en perjuicio del CAH.Tras dos años y siete meses de juicio, el Tribunal declaró culpable a Argeñal y lo despojó de la figura de medidas sustitutivas a la cárcel que le fueron otorgadas en los juzgados de lo penal.
En ese sentido y ante las pruebas aportadas, el juez ordenó detener a Argeñal y remitirlo a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
Según los hechos, la junta directiva del CAH del año 2012 delegó al fiscal una investigación, en la misma se recabaron actas notariales en las cuales se hace constar que en el numeral 5 de un informe de auditoría financiera practicada por la firma Alfaro y Asociados al IPSPD se recomienda proceder a la incineración de la documentación soporte de los años anteriores, manteniendo la información más reciente, aduciendo problemas de espacio en su almacenamiento.
Además se comprobó que Argeñal Cerrato incineró cheques y voucher de varios meses de los años 2010 y 2011.
En la denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados, se acreditó una nota en la que se hizo constar que la firma auditora aclaró “que a pesar de que en el pasado tuvieron una relación comercial con el CAH, no fueron contratados ni realizaron ninguna auditoría al 31 de marzo de 2012 y no han generado ningún informe con esos fines, tampoco han autorizado a terceras personas para que actúen en su nombre para realizar auditorías”.
