Ficohsa involucrado en lavado de activos, según investigación de medio guatemalteco

El Banco Mundial a través de su brazo de financiamiento privado (IFC) ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras.

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Tegucigalpa.-Una investigación del periódico de Guatemala, No-Ficción, revela que el Banco Mundial (BM) a través de su brazo financiero privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés)(IFC), ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El medio de comunicación refiere la participación de la Financiera Comercial Hondureña (Ficohsa) en la supuesta comisión del delito de lavado de activos y su participación en la ola de privatizaciones que se ha generado en Honduras en los últimos años.

La investigación señala que el Banco Mundial, a través de su brazo para la empresa privada, IFC, fue cómplice del mayor caso de soborno conocido en Guatemala mediante la compra del 15 por ciento de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a través de G&T Continental de Guatemala.

En pocas palabras, la investigación apunta sobre la participación de dos importantes bancos privados: G&T Continental de Guatemala y Ficohsa y señala que el papel de ambas entidades en operaciones de blanqueo de capitales ha salido a relucir en varias investigaciones CICIG y de la MACCIH. Además que, el fallecido exgerente de G&T Continental, Flavio Montenegro, fue procesado en junio de 2016 por financiar ilegalmente la campaña electoral del Partido Patriota en Guatemala.

No-Ficción recuerda que la  debilidad democrática en el Triángulo Norte, y la exposición al crimen organizado, condujeron a la comunidad internacional a apoyar el nacimiento de instituciones como CICIG y MACCIH. Se tratan de experimentos únicos en el mundo, destinados a desmantelar redes de corrupción y crimen organizado.  Sin embargo, IFC ha invertido millones de dólares en Centroamérica como si estos tres países no fueran precisamente eso: Estados débiles, predispuestos a la corrupción y el lavado de dinero.

Del aproximado de US$850 millones en proyectos activos en la región, entre participación accionaria y préstamos, actualmente hay US$240 millones involucrados en procesos penales.

De todos los proyectos activos, IFC apenas ha decidido ser accionista en cinco, entre los que figuran: TCQ, Fichosa y G&T Continental. Así, de los US$152 millones en acciones, US$140 estarían invertidos en empresas cuestionadas por corrupción y lavado de dinero por las autoridades penales, es decir, el 92 por ciento del accionariado de IFC en la región centroamericana está invertido en empresas actualmente vinculadas a malas prácticas.

A continuación algunos señalamientos precisos contra Banco Ficohsa:

Camilo Átala es considerado uno de los hombres más ricos de Honduras. Él y otros miembros de su familia son dueños, entre otros negocios, de Ficohsa, uno de los bancos más importantes y mejor relacionados con la clase política hondureña.

Ficohsa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. El Estado ha entregado a Ficohsa la gestión de cientos de millones de dólares depositados en fideicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco en responsable de licitar grandes contratos públicos.  

Este banco es, en parte, propiedad de IFC, que posee un 10 por ciento de las acciones, adquiridas en 2011 por 22 millones de dólares. A diferencia de G&T Continental, Ficohsa o sus directivos hasta el momento no han sido procesados por asuntos relacionados con corrupción. Sin embargo, desde que la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) se estableció en Honduras en 2016, el nombre del banco ha aparecido en algunos de las principales investigaciones.

En febrero de 2017, la ONG Global Witness publicó un informe en el que señalaba, citando informes de la fiscalía antimafias de Honduras, que una red de funcionarios públicos que desfalcó US$350 millones del Seguro Social, invirtió una parte de los fondos desviados, unos US$300 mil, en una propiedad en el complejo hotelero Indura Beach. Este proyecto es desarrollado por una empresa de la que es accionista mayoritario Camilo Átala y según la investigación, un consorcio de bancos regionales liderados por Fichosa, había entregado un préstamo de 20 millones de dólares al hotel. Indura Beach aseguró en un comunicado de prensa que colaboró con la fiscalía al descubrir el hecho.

El desfalco en el Seguro Social de Honduras ha sido uno de los casos de corrupción más destacados en Centroamérica en los últimos años y, de hecho, motivó el establecimiento de la MACCIH.

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La institución, creada a imagen de la CICIG, destapó en febrero de 2018 un escándalo protagonizado por Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en el que también aparece Ficohsa. Bonilla está siendo procesada por sustraer unos US$680 mil de donaciones de Taiwán que manejó cuando era Primera Dama.

Según la investigación, Bonilla recibió los fondos a través de cuentas en Ficohsa a nombre de Casa Presidencial y después los trasladó a sus cuentas personales en el mismo banco falseando facturas.

Hasta el momento, IFC ha guardado silencio al respecto de estos casos. A través de una vocera, la entidad señaló, antes de conocerse el caso de Bonilla, que “están al tanto de estas alegaciones, sin embargo no ha habido un procedimiento legal que las fundamente”.    

Entre 2013 y 2014, Ficohsa fue objeto del primer reporte realizado por el Ombudsman de IFC sobre uno de los bancos de los que la entidad es socia en Centroamérica.

La auditoría surgió a raíz de quejas contra el Grupo Dinant, propiedad de la familia Facussé, e importante cliente de Ficohsa. Dinant, una empresa que también había sido financiada por IFC, fue acusada de intimidar y asesinar a campesinos para extender sus plantaciones de palma africana en el valle del Aguán.

Las operaciones de la empresa fueron financiadas además con un préstamo de US$12 millones otorgado por Ficohsa, según el reporte del CAO.

La auditoría concluyó que IFC no había cumplido con algunas de sus principales obligaciones como accionista del banco. Según el informe, Ficohsa no contaba con un sistema efectivo de gestión ambiental y social, carecía de un canal para recibir quejas, y las operaciones de los grandes clientes no estaban cumpliendo las Normas de Desempeño Social y Ambiental.

Según el Ombudsman, en las consideraciones de IFC “había una primacía de lo financiero”. Se analizaba el riesgo crediticio del banco, pero otro tipo de impacto se relegaba.

Tras esta auditoría, se han publicado otras sobre el banco hondureño que han mostrado mejoras en sus operaciones.  Sin embargo, como evidencia lo sucedido en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) o G&T Continental, no está tan claro que el desempeño de la propia IFC haya mejorado.

El brazo del Banco Mundial para las empresas se presenta como un agente de desarrollo sostenible, pero como muestran estos casos, con frecuencia, actúa como un banco privado más.

G&T y Ficohsa, bancos señalados por lavado con amplios préstamos de IFC

El sector financiero es uno de los entes más expuestos al paso de capital criminal, y los principales bancos del país se han visto también involucrados en los casos de lavado de dinero. En 2015, Estados Unidos forzó la liquidación de uno de los principales bancos hondureños, el Continental, y logró la extradición de sus propietarios, miembros de la familia Rosenthal, por “lavar dinero y dar otros servicios de apoyo al narcotráfico internacional”, según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.

Fue la primera ocasión en la que Estados Unidos señaló directamente a un banco extranjero de colaborar con el crimen organizado bajo la llamada Ley Kingpin.

El sector financiero también es el más financiado por el brazo privado del Banco Mundial. De los aproximadamente US$1,500 millones invertidos en la región en los últimos 20 años, al menos la mitad, US$695 millones, se han concentrado en este rubro.

A pesar de la exposición de los bancos a los flujos de dinero ilícito que transitan por esta región, como se ha demostrado en lavado de dinero proveniente de corrupción, no cuenta con normas específicas para prevenir esta práctica en los bancos en los que invierte. Tampoco, hasta ahora, ha sancionado a ninguno de ellos.

Cuando IFC compra acciones de una institución financiera, como ocurrió con Ficohsa y G&T Continental (en ambos, la entidad posee el 10 por ciento del capital) sus normas establecen que su responsabilidad se extiende sobre todas las actividades del banco).

En esos casos, IFC debe asegurarse de que el banco cuenta con un sistema de gestión ambiental y social que le permita evaluar el impacto de todos sus préstamos y, además, con un canal para recibir quejas de las personas afectadas por las actividades del banco.

En los préstamos de más de US$10 millones que conceda un banco del cual IFC tenga acciones, este debe aplicar todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social (sobre desplazamiento forzoso, pueblos indígenas etc.) y en los superiores a US$ 5 millones las normas que se refieren al respeto a los derechos laborales.

Como ocurre en otros proyectos de IFC, todo remite a las “Normas”, pero estas no prevén que la corrupción o el lavado de dinero sean asuntos que conciernen a la entidad.

Tampoco está claro que IFC cumpla con todo lo que sus reglamentos sí dicen. Esto implicaría que la entidad tuviera que supervisar continuamente a los bancos como Ficohsa y G&T Continental para garantizar que, en todos sus préstamos de más de US$10 millones, se cumplieran todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social.

Una auditoría publicada en 2013 por el Ombudsman de IFC sobre inversiones en instituciones financieras, puso en evidencia que la entidad está lejos de cumplir sus normas. El informe concluyó que, en gran parte, IFC desconoce a quién o para qué prestan dinero los bancos de los que es accionista.

“La auditoría expresó su preocupación de que el uso final de los fondos de IFC por parte de los clientes era opaca y, como tal, IFC sabía muy poco sobre posibles impactos ambientales y sociales adversos de sus préstamos del sector financiero”, afirma el documento.

En 2017 se actualizó este informe y aunque se describieron mejoras en algunos aspectos los hallazgos principales fueron similares.

Al respecto de las medidas de control a los bancos, IFC manifestó que realiza “revisiones periódicas de carteras en lo que respecta a las distintas funciones de control, identifica signos de riesgos emergentes y toma medidas correctivas apropiadas”. “IFC se esfuerza por promover la buena gobernanza y los controles internos entre sus clientes. IFC también espera que las empresas de su cartera tomen medidas para abordar los problemas de integridad a los que se enfrentan”, respondió el departamento de comunicación de la entidad.

Lea aquí la investigación completa de No-Ficción: Banco Mundial / ICF: El socio silencioso de la corrupción en Centroamérica