Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Congreso Nacional de Honduras pidió esta noche a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en un plazo de 90 días emita una opinión sobre el veto presidencial aplicado a las reformas de la ley de privación de dominio.
El emplazamiento abarca además a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal a quien se le solicitó que para hacer el análisis integre a los diputados Dennis Castro Bobadilla y Mario Pérez, detalló el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
“Ahora nos toca esperar la opinión de la Corte, la resolución y lo que va a decir esta Comisión de Justicia Penal”, dijo Zambrano, quien indicó que en caso que la Corte señale que en la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito hay indicios de inconstitucional, el Parlamento valorará si se procede a hacer la ratificación constitucional y o si somete a discusión un nuevo proyecto de reforma.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal es coordinada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien determinará la fecha de la convocatoria para abordar el tema.
En cuanto la misión de la Comisión, Zambrano manifestó que determinará si existen abusos, mala aplicación o excesos, o si realmente se necesita una reforma a la ley.
Zambrano justificó que el Parlamento no pidió en su momento la opinión de la Corte porque consideró que no se estaba reformando ningún código, ya que “no se reformaba el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, ni el Procesal Civil, sino únicamente estábamos reformando lo que es la ley de privación de dominio”, estableció.
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Mediante un pronunciamiento el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo hoy que los diputados promotores de la reforma han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio e independencia de poderes.
Según Zambrano, el Poder Legislativo actuó con base a sus atribuciones establecidas en el artículo 205 Constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. De acuerdo a las reformas de la Ley Orgánica, el Congreso tiene la atribución de crear, interpretar, reformar y derogar las leyes, alegó el congresista.
Las reformas, que beneficiaban a funcionarios y personas particulares acusadas por actos de corrupción ligados a delitos de lavado de activos, fueron aprobadas el pasado 20 de marzo y vetadas en las últimas horas por el Poder Ejecutivo.
“Ahora cuando viene un veto, la misma Constitución dice que se envía a consulta para que la Corte determine si esa reforma, si ese decreto tiene vicio de inconstitucionalidad, ese es el procedimiento que establece la Constitución y que estamos llevando a cabo”: Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional de Honduras.
Las reformas fueron introducidas a la cámara legislativa a iniciativa del diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla.
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Zambrano dijo que sobre las reformas existe mala intención porque en ningún momento se ha eliminado la figura de la incautación de los bienes sobre los parlamentarios, en virtud que la ley es de aplicación general.
El Congreso pidió la opinión del Poder Judicial, luego que el CNA advirtiera este martes sobre la probabilidad de una pretensión de los diputados de ratificar constitucionalmente las reformas.
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