Por: Redacción CRITERIO
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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), reiteró que las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas poselectorales en Honduras.
En su informe de 2017, presentado en Ginebra este 21 de marzo en el marco de la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) insistió al Estado hondureño en la necesidad de llevar a cabo investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas tras la reelección del presidente, Juan Orlando Hernández, en noviembre de 2017.
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Entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017, según reportó el ACNUDH, resultaron asesinadas al menos 22 personas durante las protestas, de las cuales al menos 13 se atribuyen a las fuerzas de seguridad.
En su presentación del informe, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilmore, manifestó que “aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos elementos de las fuerzas de seguridad enviadas para controlar las protestas –en especial la Policía Militar de Orden Público y el Ejército– hicieron uso de fuerza excesiva, con resultados trágicos en que personas, incluso que se encontraban en la cercanía, fueron asesinadas y muchos otros resultaron heridos”.
Giampaolo Rizzo, embajador de Honduras ante la ONU en Ginebra, respondió a la presentación del informe en tanto Estado concernido, pero omitió el tema de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto poselectoral.
Ante la preocupación expresada en el informe con respecto a la creciente militarización del sector de seguridad pública, Rizzo atribuyó la participación de la policía militar a la lucha contra el crimen organizado y a un contexto de crisis dentro de la policía nacional, que se encuentra en proceso de depuración.
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Sin embargo, en su reporte el ACNUDH advirtió que el uso de las fuerzas militares para controlar a los manifestantes resultó desproporcionado a la luz los estándares internacionales. Igualmente, consideró que la declaración de la suspensión de garantías y de un toque de queda de diez días no se justifica puesto que “no demostró de forma clara una situación de emergencia que constituyera una amenaza para la vida de la nación”.
En el informe anual también se abordaron otros aspectos de la situación de derechos humanos en Honduras en relación con pobreza, derechos económicos, sociales y culturales, seguridad, impunidad y acceso a la justicia, defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y violencia de género.
