Alianza de Oposición presenta documento “Estado De Emergencia Nacional Por Fraude Electoral En Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Alianza de Oposición contra la Dictadura denuncia ante la comunidad nacional e internacional, que el proceso electoral en Honduras se encuentra en estado de emergencia debido al desarrollo evidente de un complot que conduce indudablemente a un fraude electoral, que constituye un golpe demoledor contra la democracia, cuyas consecuencias son impredecibles, ´pero seguramente funestas para nuestro empobrecido país.

En conferencia de prensa realizada la tarde de este martes han asegurado que las instituciones, cooptadas en su totalidad por el poder ejecutivo, muestran una total indiferencia ante las recomendaciones de las misiones internacionales de observación electoral, particularmente de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, que conocen, sin duda alguna, de las crecientes arbitrariedades impuestas en nuestro sistema electoral, que definen un ambiente inviable para sostener una contienda transparente y justa.

El fraude en curso es una conspiración dirigida a usurpar la voluntad soberana de los hondureños, y es de carácter estructural, pues sus rastros pueden encontrarse fácilmente en todas las áreas del proceso electoral, lo que se ve agravado por la dirección de un Tribunal Supremo Electoral cuyos magistrados han sido nombrados de forma irregular e ilegal por los dos partidos tradicionales, ambos responsables y cómplices de no aprobar las reformas electorales impostergables para garantizar la transparencia, el respeto de la voluntad y libertad política de los votantes, así como la paz y la tranquilidad en Honduras.

El documento reza que el  padrón o censo nacional electoral está adulterado en más de un 30% hecho que se puede demostrar plenamente. El control de las mesas electorales receptoras (MER) y de los tribunales municipales y departamentales, ha sido asegurado por el régimen mediante la legalización de seis partidos “bonsái” o satélites a cuyas dirigencias, totalmente controladas por el Partido de Gobierno, se les entregarán miles de credenciales en blanco, aunque la experiencia de las elecciones generales del 2013 demostró que la membresía y caudal electoral de estos partidos no representa ni el 11% de todas las credenciales que recibieron.

En otras palabras, casi el 90 por ciento de las credenciales de estos partidos va a dar a manos de los partidos tradicionales.

El sistema de transmisión, validación y divulgación de los resultados electorales no ofrece ninguna garantía de fiabilidad, no está validado, auditado, ni certificado en ninguna de sus etapas. El documento que identifica a los electores (tarjeta de identidad) no fue renovado como acordaron los presidenciables, incluido Juan Orlando Hernández, el 21 de agosto de 2013 en la casa de las Naciones Unidas. A esta fecha, un millón y medio de identidades se encuentran en el Registro de las Personas retenidas por falta de presupuesto para desplegar las brigadas móviles de entrega.

De acuerdo al documento presentado por la Alianza de Oposición han identificado seis áreas del fraude electoral

1.- El Censo Nacional Electoral o padrón electoral no fue depurado y de acuerdo con las evidencias y hallazgos puede demostrarse plenamente1 que está adulterado en más de un 30%. Recientemente la OEA a través de una comunicación oficial, notificó al Tribunal Supremo Electoral que la certificación del censo es inviable.

2 . La legalización de seis partidos de “maletín”, “Bonsai” o satélites

3.- para el control de las credenciales, el proceso de votación y el escrutinio. El Sistema de Transmisión remota de las actas de las Mesas Electorales Receptoras (MERs) con sus resultados.

4.- No ofrece ninguna fiabilidad técnica. No está validado, auditado, ni certificado en ninguna de sus etapas. La Tarjeta de Identidad es el documento que identifica a los electores, éste no fue renovado como se acordó el 21 de agosto de 2013 en la casa de las Naciones Unidas, por todos los candidatos a la presidencia, incluido el actual presidente Juan Orlando Hernández.

5.- La impresión de documentos electorales y el armado de maletas carece de controles de validación y comprobación.

6.-La compra de votos.

7.- Traslados o cambios de domicilio

1. CENSO NACIONAL ELECTORAL El Censo Nacional Electoral es el registro debidamente ordenado de los ciudadanos con capacidad para votar y es atribución del Tribunal Supremo Electoral “elaborar, depurar y publicar el Censo Nacional Electoral”, que debe ser público, permanente e inalterable. Efectuado un análisis estadístico histórico, de los últimos procesos electorales (2009, 2012, 2013 y 2017), la cantidad de ciudadanos enlistados para votar en el censo, está adulterada y supera de forma exagerada la población reconocida en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. A dos meses de las elecciones el Censo Nacional Electoral Definitivo no ha sido publicado, depurado, ni certificado por ningún ente nacional o internacional. Censo Nacional Electoral Adulterado en más de un millón de personas Ninguna de las recomendaciones de las misiones electorales de la Unión Europea y la OEA que a continuación se transcriben, han sido cumplidas.

La Misión Electoral de la Unión Europea en 2013 sostuvo que “Honduras no cuenta en la actualidad con un censo de votantes fiable y preciso”; que en los últimos procesos electorales no se hizo ningún intento sistemático para limpiar el registro y existe consenso generalizado que actualmente alrededor del 30% de las entradas del Censo corresponden a fallecidos y/o migrantes. En su informe final, señala que “Para asegurar un Censo de Votantes preciso y fiable, la propuesta del Registro Nacional de realizar un nuevo censo desde cero, o en su defecto, llevar a cabo una depuración y actualización profunda del existente-sería una estrategia práctica para evitar la inclusión de fallecidos en el censo, mientras que los emigrantes podrían registrarse de nuevo si vuelven a residir en el país…”. En 2013, la Misión de la OEA concluyó que era necesario: “Llevar a cabo una Auditoría del Censo Electoral que permita identificar de manera detallada aspectos y áreas de mejora, y que permita tomar acciones dirigidas a contar con un censo electoral depurado para los próximos procesos electorales.”

Datos del Censo publicado por el Tribunal de Elecciones exceden el Censo histórico de Población y Vivienda Con base en los Censos de Población y Vivienda de 2001 y 2013. Los Censos de Población Proyectada por el INE. Los datos estadísticos de los procesos electorales generales y primarios de 2001 a 2017. Los censos electorales en versión digital entregados por el Tribunal Electoral para los procesos electorales de 2012 a julio 2017. Y la constatación en campo efectuada por el Partido Libre con los cuadernillos electorales 2017, sostenemos las conclusiones siguientes:

1. El Censo Nacional Electoral está adulterado en el registro de entradas por mayoría de edad en al menos 815,726 votantes de más para el año 2017 según la comparación con los datos estadísticos del INE. Es imposible tener por cierto el Censo Electoral definitivo publicado de 6,046,873 votantes equivalente al 67.7% de la población total, el cúal difiere en 8.7% del censo de población y vivienda y sus proyecciones considerando la estructura de edades simples publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según el INE el 59% de la población es apta (de 18 años y más) para ejercer el sufragio.

El censo electoral de 2017 es prácticamente inaceptable de acuerdo con las estimaciones del INE, ya que equivaldría a aceptar que la población total de Honduras es de 10,248,937 millones y no de 8,866.351 habitantes, que es la suma reconocida oficialmente. El Tribunal a través del Censo Electoral, contradice los censos poblacionales del INE. Sí tenemos por cierto el censo electoral, Honduras tendría 1,320,440 nuevos habitantes para el 2017. Para el cuatrienio 2013-2017 se ha producido un aumento injustificado del 15.6% de ciudadanos habilitados para votar, que según el INE para 2017 deberían ser 5,231.147. (Se adjuntan cuadros estadísticos, gráficos lineales y de barra).

2. Conforme los registros emitidos por el Tribunal, más de 200 mil fallecidos están aún habilitados para votar6 . En el mes de junio 2017 el Tribunal entregó el Censo Preliminar con un reporte de 10,324 fallecidos. En el mes de julio de forma inaudita, el Tribunal pasó de reportar 10 mil fallecidos a reportar 171,575 en menos de un mes7 . Lo que representa una admisión tacita de la adulteración del Censo Electoral, a menos de cinco meses de las elecciones.

El 22 de septiembre el Tribunal hizo entrega oficial de un CD conteniendo el censo nacional electoral definitivo para las elecciones generales con 6,046,873 votantes, el cual fue recibido bajo protesta por el Partido Libre, en virtud de su falta de depuración, validación y certificación. Esta versión del censo apenas incluye 2,601 fallecidos. De conformidad con el Instituto Nacional de Estadísticas, de 2001 a 2017, fallecieron 533 mil 953 ciudadanos, sin embargo el Censo del Tribunal solo reporta 360,951 fallecidos, existiendo una diferencia de 173,002 fallecidos que el Tribunal de elecciones tendría incluidos en el censo. Utilizando los cuadernillos de las elecciones primarias 2017, en el Operativo de Campo Antifraude ejecutado por el Partido Libre, se han proyectado al menos 209 mil 650 fallecidos que se encuentran incluidos en el Censo Nacional Electoral.

3. El Estado no ofrece ninguna garantía para asegurar que la tarjeta de identidad de al menos 545, 641 migrantes incluidos, habilitados e identificados en el Censo Nacional Electoral, no será utilizada para votar mediante la suplantación. El Estado de Honduras reconoce que al menos un millón de migrantes se encuentra fuera del territorio nacional8 . Estimamos que debe respetarse y protegerse el derecho de elegir y ser electo de nuestros Migrantes, pero el Tribunal y el Registro de las Personas tienen el deber de asegurarse que ninguna persona podrá utilizar en nuestro país la tarjeta de identidad de los migrantes para suplantarlos, votar y elegir un presidente o diputados en su nombre, alterando la libertad política.

4. En 253 municipios (84.9%), el Censo del Tribunal Electoral excede la proyección 2017 del INE de población apta para votar, en 622,895 votantes. A manera de ejemplo: Municipio del Distrito Central Carga electoral Censo 2017 846,298 Proyección población apta para votar según INE 799,034 Aumento injustificado 47,264

5. En las elecciones de 2013 fueron incluidos ilegalmente en el Censo Electoral Provisional 269,568 menores de 15, 16 y 17 años, los cuales fueron excluidos en el Censo Definitivo, sin explicar si la inclusión se hizo en el Registro Nacional de las Personas o en el Tribunal Supremo Electoral y sin determinar si se les extendió tarjeta de identidad. (Se adjuntan los registros de evidencias) Los menores de 16 años (nacidos en 1997) desde 0101-1997-00154 hasta el 1810-1997-00477. Los menores de 17 años, (nacidos en 1996) desde 0101-1996-00059 hasta el 0101-1996-00771.

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Estos menores de edad que fueron incluidos ilegalmente en el censo preliminar de 2013 para ser posteriormente excluidos con la entrega del censo definitivo, representan el 5.1% de los votantes y ninguna de las dos instituciones declaradas de seguridad nacional (TSE Y RNP) dieron explicaciones sobre la forma y procedimiento de inclusión y posterior exclusión; y si estos menores portaban tarjeta de identidad. Por ejemplo, diecinueve menores de edad de estos incluidos, fueron delegados de MERs en el año 2013, en cargos de vocales, secretarios y escrutadores. El sistema no ofrece ninguna garantía o certificación de que esta cifra escandalosa de menores, no haya sido incorporada nuevamente en los cuadernillos electorales, los cuales pasado el proceso electoral son incinerados.

 El Censo Electoral Definitivo de acuerdo con el calendario electoral debió ser entregado el 12 de septiembre, plazo incumplido por el Tribunal que no ofrece ninguna certificación o garantía que impida que menores de edad sean nuevamente incluidos de forma ilegal para votar el 26 de noviembre próximo.

6. Otro caso es, que de 2012 a 2013, el censo electoral reflejó un aumento ilegal de 138,360 ciudadanos inscritos, lo que no coincide con los reportados como nacidos según los registros. (En adjunto cuadro detallado). Ejemplo: En 2012 el Censo Electoral reportó 103,263 votantes con registro de nacimiento en el año1987. Un año después, en el 2013 el Censo Electoral reportó CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO (152,305) votantes; es decir 49,042 más que en 2012; acto que constituye una alteración y un delito electoral. El Padrón Electoral revela que del año 2012 (elecciones primarias) al año 2013 (elecciones generales), se aumentó injustificadamente en 138,360 el número de los ciudadanos nacidos entre los años 1983-1987.

7. Traslados o cambios de domicilio ilegales. El Registro Nacional de las Personas tramitó miles de traslados al margen de la ley (con formato en línea, con formularios propios, oficiosamente, etc) situación ilegal que constituye delito electoral y a su vez actos inequívocos orientados a la materialización de un tipo de fraude electoral por esta vía.

El cambio de domicilio sólo puede ser solicitado de manera personal por el o los ciudadanos, si se reside o se es originario del municipio para el cual se solicita el cambio; y debe hacerse en la oficina de su nuevo domicilio electoral, en el formulario emitido por el Tribunal y puesto a disposición de los Registros Municipales (debe constar la huella digital del solicitante).

Según los datos aportados por el Tribunal, se emitió 300 mil formularios de cambio de domicilio y se autorizó como válidos más de doscientos cincuenta mil traslados a nivel nacional. En la Secretaría del Tribunal, se tramitan al menos noventa y un escritos de impugnaciones cuyas resoluciones aún no han sido notificadas a las partes.